Las solicitudes de ayudas de urgente necesidad han crecido en Zaragoza casi un 5% en 2014 respecto al año anterior. Un total de 28.333 personas con escasos recursos enviaron solicitudes al Ayuntamiento de la capital aragonesa para optar a esta prestación, y conseguir cubrir sus necesidades básicas, sobre todo en materia de alquiler y alimentación. Cifras que demuestran que la crisis económica sigue provocando escenarios dramáticos que precisan intervenciones eficaces por parte de las instituciones públicas.
Huelga decir que muchas familias solicitan ayudas de urgente necesidad porque llevan meses esperando a que el Ejecutivo autonómico tramite sus demandas del Ingreso Aragonés de Inserción. Solicitudes que se encuentran a la espera de resolución, lo que supone para el Ayuntamiento 2,8 millones de euros que podría destinar a conceder más prestaciones sociales.
Lo mismo ocurre con servicios como la teleasistencia o las ayudas a domicilio. El Gobierno aragonés se comprometió a aportar 871.000 euros en el primer caso y 1,7 millones en el segundo, pero según el consejero municipal de Acción Social, Roberto Fernández, “aún no se ha visto una peseta”.
El Ayuntamiento insiste en que soporta el peso de sus competencias y también asume los compromisos de otras instituciones cuando se trata de ayuda social. Sin embargo, hace meses la DGA defendió que el 64% de los expedientes del IAI que remite el Consistorio están incompletos. Este tipo de políticas no debería servir para enfrentar a las administraciones públicas, a quienes se les considera garantes del bienestar de los ciudadanos.
Los zaragozanos no son los culpables del reparto competencial ni de los rifirrafes entre instituciones, por lo que tampoco deberían ser los paganos en caso de una mala gestión. El gasto social tiene que ser una prioridad para todos los gobiernos, ya sean autonómicos o locales y todos tienen que trabajar de la mano para conseguir descender estas cifras, que lejos de reducirse, se incrementan cada año.