Zaragoza.- El anteproyecto de ley de Servicios y Colegios profesionales que prepara el Gobierno central no ha dejado de despertar las críticas entre los expertos, críticas que han llegado hasta Aragón. Desde hace más de un año, diversos borradores de esta ley no han dejado de circular y, ninguno de ellos, logra cuajar. La colegiación obligatoria para determinadas profesiones, la organización por colegios territoriales y el límite de cuota de 240 euros son algunas claves de la norma.
La Asociación de Colegios Profesionales de Aragón (COPA) está compuesta por 44 colegios profesionales que, en su conjunto, aglutinan a alrededor de 44.000 profesionales. Con el objetivo de demostrar la utilidad de estos organismos, esta asociación ha encargado un estudio de mercado cuyos resultados revelan que el 84% de los aragoneses considera útiles los colegios profesionales una vez que conocen sus funciones. Este porcentaje desciende al 60% cuando no se conocen las actividades que desarrollan.
Los servicios profesionales más empleados son los de la rama sanitaria, un 93% de los encuestados los han utilizado en los dos últimos años. Los segundos más empleados son los servicios de tipo jurídico-social (65,7% y 39,6%), seguidos de los de la rama económica y la técnica.
La encuesta también revela que no hay grandes diferencias geográficas en cuanto al nivel de conocimiento de los servicios ofrecidos. Las puntuaciones son algo más bajas en Teruel y, aunque las diferencias son pequeñas, los oscenses son los que mayor conocimiento revelan acerca de los colegios profesionales.
Por edad, los más jóvenes -entre 18 y 30 años- y los más mayores -de más de 65 años- son los que menos uso hacen de los servicios de los profesionales, excepto en la rama sanitaria. En cuanto a la confianza en los profesionales, los más jóvenes son los más críticos. El estudio también revela que, a mayor nivel de renta de los hogares, mayor es el conocimiento de los servicios profesionales.
Este análisis, basado en 1.200 encuestas a aragoneses mayores de 18 años, hace una llamada de atención a los altos cargos de los colegios profesionales y les invita a profundizar en la difusión de su labor. Así, el presidente de la Asociación de Colegios Profesionales de Aragón, Antonio Morán, recoge este testigo y aunque hace un balance “satisfactorio” de los resultados, apuesta por la divulgación del trabajo de estos colegios, reivindicando su papel ante las inminentes reformas legislativas que plantea el Gobierno y que, si se aprobasen, “conllevaría una merma en la garantía y calidad de los servicios prestados a los ciudadanos”, señala.
“El estudio dice que, al menos, hemos sacado un notable. Si hace unos años parecía que los colegios profesionales tenían una mala imagen en la sociedad, vemos que esto no es así”, detalla por su parte el vicepresidente del COPA, Javier Nieto.
Asimismo, hay que tener en cuenta que el sector de los servicios profesionales en España genera cerca del 9% del Producto Interior Bruto (PIB), representando cerca del 6% del empleo total y el 30% del empleo universitario. Se trata, por tanto, de un sector intensivo en mano de obra cualificada.
Claves del anteproyecto
El anteproyecto de ley de Servicios y Colegios profesionales plantea la colegiación obligatoria para determinados colectivos. Estos son médicos, farmacéuticos, dentistas, veterinarios, enfermeros, fisioterapeutas, podólogos, ópticos-ortometristas, biólogos, físicos, químicos, psicólogos, procuradores y graduados sociales ante órganos judiciales, notarios y registradores de la propiedad.
También tienen esta obligación los arquitectos, arquitectos técnicos e ingenieros por cuenta propia, en sociedades profesionales o en régimen de dependencia, cuando se firmen proyectos o se dirijan obras; y los abogados, en representación de un tercero con el que no tengan vínculo de naturaleza laboral.
Este anteproyecto también establece que cuando una profesión de colegiación obligatoria se organice por colegios territoriales, bastará la incorporación a uno solo de ellos para poder ejercer en todo el territorio español. Entre otras medidas, también fija la cuota anual máxima para cada colegio profesional en 240 euros.
Sobre la ley de Servicios y Colegios profesionales
Desde hace más de un año circulan borradores sobre la ley de Servicios y Colegios profesionales que, según opina Antonio Morán, "a ninguno de los sectores les ha parecido satisfactorio”. Insiste en que los colegios profesionales “son útiles” y los ciudadanos “están satisfechos con los servicios que reciben”.
“Los responsables políticos tendrán el poder para hacer las leyes pero deberían escuchar a los profesionales en la materia”, opina Morán, quien considera que “para avanzar” se debe escuchar a los profesionales y “atender a las cuestiones razonables que planteen”.
El anteproyecto de la ley de Servicios y Colegios profesionales tiene su origen en la directiva de Servicios de 2007 que regula, en el ámbito europeo, unos mínimos en el sector de los servicios profesionales. “Vista esta directiva y el borrador del anteproyecto se parecen como el huevo a una castaña", sentencia Morán, que critica que ninguno de los países europeos de referencia (Francia, Alemania, Italia…) se plantea desarrollar esta directiva como ocurre en España.
Sobre la territorialidad de los colegios profesionales, ésta es una cuestión que se ha entendido de diversos modos en el desarrollo de los diferentes borradores. Por ejemplo, en el caso de los Colegios de abogados hay 83. “Alguien podría pensar que hay muchos colegios, pero la pregunta es: ¿Cuestan dinero al ciudadano? No, porque se sustentan con las cuotas de los colegiados, no molestan y sí hacen algo. Entonces cuál es la explicación de querer que desaparezcan y que se conviertan en 17”, se pregunta Morán.
Entre otras cuestiones, estos 83 colegios se encargan de organizar y administrar el conocido como el turno de oficio. En el caso de Aragón, sí hay un solo Colegio Oficial de Abogados por Cada Provincia. Si con la nueva norma se establece uno solo para todo Aragón, éste “tendría que organizar el turno de oficio para toda la Comunidad con el volumen de trabajo que eso supone”, argumenta Morán. “En Francia hay 181 colegios de abogados y no se plantean reducirlos ni modificarlos”, añade.
La situación para los colegios de Huesca o Teruel
La nueva norma que plantea el Gobierno central también exige un control de la actividad de los colegios, plasmado en una memoria anual. “Los colegios de abogados de mediano tamaño lo venimos haciendo porque nos lo podemos permitir. En el caso de los pequeños yo creo que no tendrán capacidad económica y puede suponer la supresión de muchos de ellos porque no podrán llevar a cabo estas tareas especiales”, apunta Morán.
En Aragón, el tamaño del Colegio de Abogados de Zaragoza es “mucho más grande que el de Huesca y Teruel”, explica Morán, quien lamenta que el control pormenorizado que exige la ley para estos organismo repercuta negativamente en los colegios más pequeños que deberán asumir otro coste más para, por ejemplo, llevar a cabo una auditoría de sus cuentas o el control individualizado de los gastos.
“Tendrían capacidad, por ejemplo en Huesca o Teruel, de mantener un número de empleados que lleven a cabo ese control individualizado de costes de servicio, repercusión al colegiado que los utiliza, cursos, jornadas… Aquí en Zaragoza hay empleados suficientes pero no tengo claro que ese ritmo se pueda mantener en Huesca o en Teruel”, considera Morán.
Cuota limitada
El anteproyecto de ley de Servicios y Colegios profesionales limita a 240 euros la cuota a pagar para cada colegiado. Desde la Asociación de Colegios Profesionales de Aragón recuerdan que esta cantidad se aprueba anualmente en los presupuestos del organismo y se puede llevar la Junta General una propuesta para rebajarla. “¿Por qué hacer esta limitación por ley? Lo normal es que se ajuste la cuota a los costes de los servicios que se prestan”, comenta Antonio Morán, quien opina que puede haber colegios que establezcan una cuota de 150 euros anuales y otros la fijen en 400 euros.
Desde la Asociación de Colegios Profesionales de Aragón critican que el Gobierno establezca este límite como una “práctica limitativa de la competencia” y fije unas tasas judiciales que, “la más pequeña, ya es superior a lo que pagaría un profesional por estar en un colegio: 300 euros”.
En los colegios profesionales aragoneses sienten que este anteproyecto de ley de Servicios y Colegios profesionales “va más allá de lo que pide la directiva de Servicios de 2007”, apunta el vicepresidente de la Asociación de Colegios Profesionales de Aragón, Javier Nieto. Éste asegura que la conocida como Ley Ómnibus, de 2009, “ya eliminó los excesos que habían acumulado los colegios profesionales”.
En este sentido, Nieto considera que el anteproyecto en el que trabaja el Gobierno de España “establece un nuevo marco que nunca ha existido en España” y alerta del peligro que supondría la eliminación de colegios profesionales de modo que “existirán profesiones que serán ejercidas sin que nadie pueda ejercer un control deontológico o formativo”.
“Los colegios son instituciones privadas que ejercen funciones públicas. No entendemos este ataque tremendo”, concluye Nieto, quien insiste en la necesidad de que se escuche a los profesionales la hora de redactar esta normal. El interés estrictamente profesional y la vocación de servicio a la sociedad son los motores que mueven a la Asociación de Colegios Profesionales de Aragón, que se erige como una forma más de vertebración social.
