Un falso aviso de bomba obliga a posponer la declaración de dos imputados en el caso Plaza

Una falsa amenaza de bomba ha obligado a desalojar este jueves la Ciudad de la Justicia durante dos horas. Esto ha impedido que finalizaran algunos juicios y vistas orales, entre ellas las de José Luis Albendea y María Luisa Roca, imputados en el caso Plaza. Sí han declarado, como testigos, dos topógrafos que reconocieron obras fantasma.

Zaragoza.- El desalojo de la Ciudad de la Justicia de Zaragoza por un falso aviso de bomba ha impedido que pudieran finalizar algunos juicios y vistas previstas para este jueves. Entre ellas las de los dos últimos imputados en el caso Plaza: José Luis Albendea, el trabajador de Acciona que tramitó el viaje a Brasil del exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, y su familia, y la esposa del empresario Miguel Ángel Cantero Molés, María Luisa Roca.

El juez instructor del caso Plaza, José Ignacio Martínez, les citó a declarar como imputados el pasado 19 de noviembre. Tras no poder hacerlo este jueves, ambos prestarán declaración, previsiblemente, la última semana de enero. Se les imputa como presuntos autores de un delito de malversación.

También deberá retomarse la declaración, como testigo, de Francisco Javier Lozano, responsable de la agencia de viajes que organizó la visita de la familia Becerril a Brasil. Quienes sí han podido prestar declaración, también como testigos, han sido los topógrafos Jaime de Prado y Gregorio Nuño.

Estos ya reconocieron el pasado mes de marzo que hubo obras en la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) que no se ejecutaron. Este jueves han señalado que los trabajos que no se realizaron se incluyeron en un listado como obras pendientes.

Uno de los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) reveló que, al menos, hay ocho obras que no se realizaron y por las que se pagó casi seis millones y medio de euros. Entre estas obras se encuentran cuatro estacionamientos, trabajos de saneamiento y un sistema de videovigilancia para la Plataforma Logística de Zaragoza.

Dos horas desalojados

La toma de declaración de estas personas estaba transcurriendo con normalidad cuando, alrededor de las 12.50 horas, un aviso por megafonía ha obligado a desalojar la Ciudad de la Justicia. Según han informado fuentes policiales, una persona ha alertado, a través del 112, de la presencia de un artefacto explosivo en los juzgados aragoneses y en los de Sevilla.

La gerente de la Ciudad de la Justicia de la capital aragonesa y jefa de Emergencias, María Jesús Lite, ha decidido entonces evacuar el edificio "dadas las circunstancias", según ha explicado. "Se han dado las instrucciones oportunas, todo el mundo ha abandonado el edificio de manera pausada y no hemos tenido problema", ha añadido Lite.

Tras una minuciosa inspección por parte de los Tedax de la Policía Nacional, la Unidad de Guías Caninos y de la Brigada de Información, los jueces, fiscales, abogados y el resto de personal de la Ciudad de la Justicia han podido regresar a sus dependencias alrededor de las 14.40 horas.

"Tenemos el vehículo en el garaje y no podemos pasar de momento", ha relatado una de las trabajadoras que aguardaba en la avenida de Ranillas hasta que la Policía le ha permitido volver a entrar. "Al principio parecía que era un simulacro pero al ver el movimiento de la gente, te das cuenta de que es serio", ha señalado otro empleado.

"Ha habido muchas falsas alarmas y, al principio, no nos lo tomábamos en serio", ha comentado una agente judicial. "El desalojo ha sido tranquilo y sin problema", ha apuntado un ciudadano, que se encontraba en las instalaciones de la Ciudad de la Justicia.

Ésta es la primera vez que se produce un desalojo de estas características en la Ciudad de la Justicia, desde que fue inaugurada en mayo de 2013. Por sus instalaciones se calcula que pasan a diario alrededor de 5.000 personas, mil de ellas funcionarios.