Zaragoza.- Un total de 10,2 millones de euros es la cantidad que ha destinado el Gobierno de Aragón en 2014 a fomentar que las personas con discapacidad se integren en el mercado laboral.
La obtención de un empleo es un factor fundamental para la consecución de una plena integración social, máxime cuando se trata de ciudadanos pertenecientes a colectivos con especiales dificultades para conseguir esa integración. Este es el caso de las personas con discapacidad, que han de integrarse en un mercado de trabajo que atraviesa serias dificultades como consecuencia de la crisis económica que viene atravesando la sociedad desde hace seis años.
En las tres últimas décadas, el ordenamiento jurídico ha ido regulando el acceso al empleo de las personas discapacitadas a través de dos fórmulas: el empleo ordinario y el empleo protegido, amparado éste último en Centros Especiales de Empleo. Por su parte, los poderes públicos de ámbito estatal y autonómico vienen fomentando el acceso de este colectivo al mercado de trabajo a través de ayudas y subvenciones.
La Constitución de 1978 recoge la integración laboral de las personas con discapacidad de forma directa e indirecta. Así, encomienda a los poderes públicos que remuevan los obstáculos que impidan o dificulten la libertad e igualdad del individuo y faciliten la participación de todos los ciudadanos en la vida económica y social; reconoce la igualdad de todos ante la ley y prohíbe toda forma de discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social; reconoce el derecho de todos los ciudadanos al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio y a la promoción a través del trabajo; y encarga a los poderes públicos la realización de una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de las personas con discapacidad física, sensorial y psíquica.
Todos estos principios y derechos abordados en la Constitución se desarrollaron con la aprobación de la Ley de integración social de las personas con discapacidad, de 1982, que fue la primera ley aprobada en España dirigida a regular la atención y los apoyos a las personas con discapacidad y sus familias, hoy sustituida por el reciente texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, de 2013, que constituye el marco específico para la integración laboral de estas personas y que determina que la actividad laboral es un elemento normalizador para la persona con discapacidad y, por tanto, factor fundamental de integración social. Una ley que establece las vías de acceso al empleo en función de las posibilidades y aptitudes de las personas con discapacidad para desarrollar actividades productivas: el sistema ordinario de trabajo y el trabajo protegido a través de Centros Especiales de Empleo.
El texto refundido de 2013 ha reunido el conjunto de disposiciones normativas que regulan aspectos tales como la cuota de reserva para trabajadores discapacitados en las plantillas de empresas ordinarias, las medidas alternativas al incumplimiento de esa cuota de reserva, los incentivos al empleo por cuenta ajena y el autoempleo de las personas discapacitadas o los centros Especiales de Empleo y las ayudas públicas a los mismos.
En todos estos ámbitos viene trabajando el Gobierno de Aragón a través del Instituto Aragonés de Empleo.
Cuota de reserva obligatoria para personas discapacitadas
Las empresas de más de 50 trabajadores tienen la obligación legal de reservar el 2% de su plantilla a trabajadores con discapacidad o, en su defecto, por dificultades económicas, técnicas u organizativas que impidan dicha reserva, han de aplicar medidas alternativas de carácter económico dirigidas fundamentalmente a contratar productos o servicios con centros especiales de empleo o a hacer donaciones a entidades del sector de la discapacidad al objeto de contribuir de esta forma a la perseguida integración laboral del colectivo.
En este ámbito, en los últimos años, el Gobierno de Aragón, a través del Instituto Aragonés de Empleo, en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, viene desarrollando campañas anuales de sensibilización e información dirigidas a todas las empresas aragonesas de más de 50 trabajadores, al objeto de que contraten a personas con discapacidad o, en su defecto, apliquen alguna de las medidas alternativas previstas en la ley.
Medidas de la DGA para fomentar el empleo de este colectivo
En el ámbito del fomento del empleo vía subvenciones, el Gobierno de Aragón, a través del Instituto Aragonés de Empleo, viene articulando un conjunto de políticas activas de empleo que incluyen, por una parte, acciones formativas y de orientación laboral y, por otra, programas de promoción del empleo, con los que se trata de conseguir que el mercado de trabajo sea cada vez un espacio menos excluyente y más integrador, en el que los discapacitados puedan ejercitar su derecho al trabajo como medio de asegurar su emancipación personal y su plena integración social.
Así, en el ejercicio en curso, el Gobierno de Aragón ha dedicado más de 10 millones de euros a la integración laboral de las personas con discapacidad. Dicha dotación presupuestaria ha permitido incentivar la contratación de trabajadores por cuenta ajena en el sistema de trabajo ordinario dentro de empresas normalizadas, fomentar el autoempleo y mantener los centros especiales de empleo que trabajan en Aragón.
Empleo ordinario por cuenta ajena
En mayo de este año el Gobierno de Aragón aprobó el Decreto 85/2014, de 27 de mayo, que contiene medidas destinadas a fomentar la contratación de las personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo.
Entre las citadas medidas destaca, por un lado, la contratación indefinida de trabajadores con discapacidad. Las empresas que contratan por tiempo indefinido y a jornada completa a trabajadores con una discapacidad igual o superior al 33% pueden obtener una subvención de 4.000 euros por cada contrato celebrado y una ayuda adicional de hasta 902 euros para la adaptación del puesto de trabajo, dotación de equipos de protección o eliminación de barreras u obstáculos.
La subvención de 4.000 euros se incrementa en un 15% adicional cuando la persona contratada es mujer o presenta una discapacidad intelectual, enfermedad mental o parálisis cerebral en un grado reconocido igual o superior al 33%, o si la discapacidad, siendo física o sensorial, alcanza un grado reconocido igual o superior al 65%.
Por otro lado, el contrato temporal de fomento de empleo celebrado con trabajadores con discapacidad.
Las empresas y entidades que contratan a personas con discapacidad mediante el contrato temporal de fomento del empleo tienen derecho a una subvención de 2.000 euros en el caso de trabajadores con una discapacidad física o sensorial de al menos un 33%, o a 2.400 euros cuando la contratada es mujer.
Si la persona contratada tiene una discapacidad intelectual, enfermedad mental o parálisis cerebral en un grado de, al menos, el 33% o una discapacidad física o sensorial en un grado igual o superior al 65% la subvención anterior se eleva a 2.500 euros o a 3.000 euros cuando la contratada sea mujer.
En este ámbito del empleo ordinario, en 2014 se han concedido a las empresas aragonesas 376.763 euros por la contratación de trabajadores con algún tipo de discapacidad. Ello se ha traducido en subvención de 85 contratos indefinidos y 48 contratos temporales.
Empleo por cuenta propia
El Inaem otorga una subvención de 6.000 euros para el establecimiento como trabajador autónomo de personas con discapacidad que se encuentren en situación de desempleo. Esta cuantía se incrementa en un 15% cuando la actividad autónoma subvencionada se desarrolle en municipios aragoneses de menos de 5.000 habitantes o cuando dicha actividad se encuadre en el ámbito de actividades económicas emergentes.
Existe también un incentivo a la consolidación de proyectos. Se trata de una subvención complementaria de la subvención al establecimiento como trabajador autónomo que se destina a facilitar el mantenimiento y desarrollo de proyectos de autoempleo y que compensa parte de los gastos de cotización a la Seguridad Social de aquellos emprendedores que se hubiesen establecido como trabajadores por cuenta propia y que hubiesen alcanzado el primer año de actividad. La cuantía de este incentivo puede alcanzar los 2.000 euros.
Subvención financiera de hasta 4.000 euros destinada a reducir los intereses de préstamos que faciliten la disposición de recursos necesarios para convertir a personas desempleadas discapacitadas en trabajadores autónomos, mediante la realización de proyectos empresariales viables.
Incorporación de cooperativas y sociedades laborales
Un decreto recoge subvenciones por la incorporación de discapacitados como socios trabajadores en cooperativas y sociedades laborales. La ayuda es de 6.000 euros por incorporación, con posibles incrementos hasta 7.200 euros en los casos de que la persona incorporada como socia trabajadora sea mujer, cuando el centro de trabajo de la cooperativa o sociedad laboral subvencionada esté ubicado en municipios de menos de 5.000 habitantes o cuando la incorporación se produzca en cooperativas o sociedades laborales que desarrollen su actividad en alguno de los sectores estratégicos.
Empleo protegido en centros especiales de empleo
El papel de los centros especiales de empleo es fundamental para la integración social y laboral de las personas con discapacidad. Los centros especiales de empleo son una figura creada por la Ley de Integración Social de las personas con discapacidad, de 1982; se trata de empresas, que presentan la característica de estar su plantilla constituida por trabajadores con un grado de minusvalía de al menos un 33%, y en la que también pueden trabajar tanto el personal de apoyo a dichos trabajadores, como otro personal no discapacitado, sin que pueda superar el 30% del total de la plantilla de la empresa.
Los centros especiales de empleo cumplen, sin perjuicio de sus objetivos empresariales, la finalidad social de integrar al mundo laboral a las personas que, por razón de su minusvalía, tendrían ciertas dificultades añadidas para encontrar un empleo. Por esta razón este tipo especial de empresas cuenta con un notable grado de protección pública en forma de ayudas tanto a la creación como al mantenimiento de los puestos de trabajo. Sirva como ejemplo el presupuesto que el Inaem ha destinado en 2014 a los Centros Especiales de Empleo y el número de trabajadores discapacitados ocupados en estas empresas: 9.650.000 euros y más de 1.800 trabajadores.
Los Centros Especiales de Empleo cuentan con un programa de ayudas y subvenciones públicas dirigidas a promocionar la integración de los trabajadores discapacitados en este tipo de Centros. Estas ayudas vienen a consolidar las políticas activas de empleo dirigidas a este colectivo para luchar contra su exclusión del mercado laboral y promocionar su inserción socio-laboral.
Dentro de este Programa se distinguen varias líneas de ayudas. Por un lado, para financiar parcialmente proyectos generadores de empleo a través de la creación de nuevos centros o de la ampliación de las plantillas de los ya existentes. Esta financiación comprende Subvenciones para inversión fija en proyectos de reconocido interés social. La cuantía máxima a subvencionar por los conceptos anteriores puede alcanzar hasta 12.000 euros por puesto de trabajo creado con carácter estable.
Por otro lado, para ayudar al mantenimiento de puestos de trabajo ocupados por discapacitados en los centros se contemplan las siguientes modalidades de subvención: la subvención del coste salarial. La cuantía subvencionable, por cada uno de los trabajadores minusválidos, no podrá exceder del 50 % del salario mínimo interprofesional; la bonificación de la cuota empresarial a la Seguridad Social. La bonificación asciende al 100 por 100 de la cuota empresarial a la Seguridad Social, incluidas las de accidentes de trabajo y enfermedad profesional y las cuotas de recaudación conjunta; la subvención para adaptación de puestos de trabajo. El importe de esta subvención no superará en ningún caso el coste real de la actuación a subvencionar ni podrá exceder de 1.803,04 euros por cada puesto de trabajo afectado por la referida adaptación o eliminación de barreras.
Además, para contratar personal en unidades de apoyo que desempeñan actividades de acompañamiento personal y socio-laboral en Centros Especiales de Empleo que tengan en sus plantillas personas con discapacidad intelectual y enfermedad mental o personas con discapacidad física severa de al menos el 65%. La subvención tiene por objeto compensar parcialmente el coste salarial derivado de la contratación del citado personal de apoyo.
En 2014 el Instituto Aragonés de Empleo ha destinado a la financiación de las Unidades de apoyo un total de 550.000 euros, contribuyendo así a la financiación de parte del coste salarial del personal técnico y de apoyo a la producción que componen estas unidades especializadas. Un total de 99 personas integran en su conjunto las diferentes Unidades de apoyo subvencionadas.
Por otro lado, el Inaem ha colaborado en la puesta en marcha de proyectos de creación de nuevos centros especiales de empleo o de ampliación de las plantillas de los existentes. Para ello, ha subvencionado en 2014 parte del coste de las inversiones necesarias y vinculadas a la creación de nuevos puestos de trabajo en centros especiales de empleo. Dichas ayudas han ascendido a 400.000 euros para proyectos generadores de empleo en 16 de los 68 centros especiales de empleo existentes en este momento.
Pero, sin duda, el mayor apoyo, por el volumen presupuestario dedicado a ello desde el Instituto Aragonés de Empleo, se encuentra en las subvenciones mensuales al coste salarial de los trabajadores con discapacidad en los centros especiales de empleo. El salario de los 1.800 trabajadores es subvencionado mensualmente con el 50% del salario mínimo interprofesional (SMI) por el Gobierno de Aragón a través del Inaem. Este año se destinarán a este fin un total de 7.300.000 euros.
En el ejercicio actual y debido a la situación difícil por la que atraviesan muchos centros especiales de empleo por la actual situación económica y las especiales dificultades de integración laboral -de muchos de sus trabajadores que sufren discapacidades físicas o sensoriales en un grado superior al 65% o parálisis cerebral, enfermedad mental o discapacidades psíquicas de al menos un 33%-, el Gobierno de Aragón, con el consenso de las entidades representativas del sector de la discapacidad, ha establecido ayudas extraordinarias para reforzar las ayudas básicas al coste salarial que normalmente ascienden al 50% del SMI citado. Así, en 2014, a través de líneas de financiación extraordinarias se han convocado ayudas complementarias que han ascendido a 1.400.000 euros adicionales y que han permitido incrementar la ayuda salarial para las personas con discapacidades más severas hasta el 75% del salario mínimo interprofesional durante el periodo de 1 de enero a 30 de septiembre de 2014. Estas ayudas, todavía sin otorgar, complementarán la subvención básica al coste salarial de unos 900 trabajadores de los 1.800 totales que integran las plantillas de los centros especiales de empleo de Aragón.
Por último, desde el Gobierno de Aragón señalan la interlocución del Departamento de Economía y Empleo, a través del Instituto Aragonés de Empleo, con las organizaciones representativas de las personas discapacitadas, que según indican es fluida y ágil y que muchas de las medidas de fomento de empleo descritas obedecen a las demandas y al grado de entendimiento entre estos interlocutores.
A su vez, todas estas medidas se enmarcan dentro del Acuerdo Social de Competitividad y Empleo, por el que el Gobierno de Aragón, los sindicatos UGT y CCOO y las organizaciones empresariales CREA y Cepyme han pactado para el período 2012-2014, entre otras cuestiones, las directrices a seguir en política de promoción de empleo y, dentro de éstas, en materia de integración laboral de personas con discapacidad.
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