La mediación como alternativa

La intervención de un profesional neutral e imparcial puede llevar a resolver conflictos fuera del ámbito judicial, descargando de trabajo a los tribunales y permitiendo soluciones más adaptadas a las partes. La DGA quiere potenciar esta herramienta y creará un Centro Coordinador de Mediación, que se instalará en la Expo.

Zaragoza.- Con el fin de fomentar la cultura de la mediación y que los ciudadanos perciban el respaldo de la Administración en la prestación de este servicio, el Gobierno de Aragón ha elaborado un proyecto de Decreto que crea el Centro Aragonés de Coordinación en Materia de Mediación y el Registro General de Mediadores de Aragón y, además, se establecen medidas de fomento.

En la actualidad, ya hay servicios de mediación por ejemplo en el Colegio de Abogados, el de Economistas o los Graduados Sociales, pero los ciudadanos no acuden a ellos porque no los ven como alternativa. Por ello es necesario crear una “cultura” de mediación como una alternativa real a un proceso judicial.

Así lo señala la directora general de Justicia del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, que resalta que la obligación de la Administración es intentar que la gente resuelva por sí misma y con acuerdo sus conflictos, ya que “aumenta el grado de satisfacción. Se consigue Justicia con mayúsculas”, explica Hernández.

Con el fin de ponerlo en marcha se ha dotado con un millón de euros en los Presupuestos para 2015, que servirán para acondicionar unas instalaciones dentro de la zona Expo, de casi mil metros, con salas de negociación y los mediadores acudan, así como los ciudadanos. Además, habrá establecer unos baremos o tarifas que se publicarán mediante una orden. Al frente del Centro habrá un director y contará con personal necesario para el desarrollo de las funciones que se le atribuyen. Realizará además funciones de fomento y difusión de la mediación, así como promoverá el desarrollo de buenas prácticas en la materia.

Sus funciones serán fomentar y difundir esta técnica, gestionar el espacio de mediación y el registro de mediadores de Aragón, asignar mediador a solicitud de las partes o a instancia de la autoridad judicial por riguroso orden de acuerdo con el listado que se elabore.

Asimismo, recibirá y tramitará las solicitudes de mediación gratuita y colocará en la web de la DGA información general, un catálogo con formularios y documentos complementarios que faciliten el uso del procedimiento de mediación.


La directora general de Justicia, Tomasa Hernández
La directora general de Justicia, Tomasa Hernández

La retribución al mediador no puede ser un obstáculo, señala la directora general, que asegura que se establecerán tarifas, así como de la gratuidad en casos de que los ciudadanos no tengan recursos económicos. El modo de hacerlo está en estudio todavía.

Aún así se prevé que suponga para las arcas del Departamento de Justicia un importe de 300.000 euros. Algo difícil de cuantificar porque las cifras de mediación no existen salvo en casos especiales como el Servicio Aragonés de Mediación o Arbitraje.

Se espera aumentar el número de ciudadanos que acudan a la mediación, y se hará una campaña a finales de diciembre o principios de enero para difundir esta herramienta a través de un convenio con las Cámaras de Comercio.

El mediador

Un mediador tiene que contar con unas dotes especiales para convertirse en un profesional neutral e imparcial que resuelva problemas fuera del ámbito judicial. Con ello se descarga de trabajo a los tribunales y se permiten soluciones más adaptadas a las partes para que se cumplan y se preserve la relación entre ellos en el futuro.

No incidirá en el funcionamiento de programas y servicios ya puestos en marcha por otras administraciones, colegios profesionales o corporaciones de derecho público o arbitraje. Así, la mediación laboral seguirá en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje y la familiar en los servicios de mediación familiar de Aragón.

 
El centro se instalará en la zona Expo
El centro se instalará en la zona Expo

Además, el Centro será el encargado de la gestión del Registro General de Mediadores de Aragón. Se trata de una herramienta informativa que facilite a los interesados designar al mediador que consideren más adecuado para resolver sus controversias y coexistirá con los registros específicos de los distintos ámbitos de mediación.

Tendrá secciones por especialización y un orden que permita asignar automáticamente al mediador en casos en los que las partes lo decidan así o en mediación judicial.

Para ello, el Gobierno autonómico configura una base electrónica de datos informatizados, accesible desde su web. Podrán inscribirse personas físicas o instituciones que se dediquen a ello. Tendrá que estar en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y tener título universitario o FP superior, con formación específica, una póliza de seguro en vigor o garantía equivalente que cubra los riesgos por responsabilidad civil de su actuación como mediadores. Asimismo, se le exigirá una formación inicial mínima en mediación de cien horas y deberán actualizar su formación específica en seminarios, jornadas u otras actividades acreditando 50 horas cada dos años de mínimo.

Por otro lado, estará coordinado con el registro del Ministerio de Justicia. No es la única colaboración, ya que el Gobierno de Aragón suscribirá convenios con colegios profesionales, administraciones públicas y demás entes de derecho público o privado que lleven a cabo servicios de mediación de sus competencias, dirigidos a promover y facilitar la mediación, como sistema de resolución de conflictos.