Zaragoza.- Todos los diputados del Parlamento aragonés han votado este jueves a favor del dictamen de la Comisión de Investigación sobre la gestión en Caja Inmaculada desde el año 2000. Entre sus conclusiones destaca el acuerdo para dar traslado de éste y de toda la documentación e información que ha obrado en poder de la Comisión al Ministerio Fiscal para que ejerza, si procede, las oportunas acciones.
Así lo ha dado a conocer el coordinador de la Comisión, Antonio Ruspira, que ha durado cinco meses y que ha contado con la comparecencia de 39 personas y cuatro por el método de respuesta escrita, en el Pleno de la Cámara.
No es la única resolución de este dictamen. Otro de los acuerdos es proponer que se aborden todas las reformas legales para que se permita a las comisiones parlamentarias de investigación que puedan acceder a la documentación que precise para desempeñar sus funciones sin límites. Y es que esta Comisión no ha recibido actas del Consejo de Administración de la Caja que solicitaron en reiteradas ocasiones y que según el diputado de IU Luis Ángel Romero, miembro de la Comisión, hubieran dado luz a los hechos.
Romero ha confiado en que Fiscalía realice un trabajo “arduo” y que los delitos que están siendo investigados ahora en el juzgado de instrucción número 4 de Zaragoza no sean los únicos (apropiación indebida y administración desleal del exdirector general Tomás García Montes por un viaje privado a Egipto, un crédito adquirido por Ramón Marrero y la compra de dos pisos para Montes y Javier Alfaro con descuentos).
Asimismo, se ha lanzado un mensaje al Banco de España y al Gobierno de Aragón para que ejerzan “de manera efectiva y responsable” su labor de tutela de las cajas. Todos los partidos han coincidido en criticar que los controles externos fallaron, dado que el Gobierno de Aragón no hizo el seguimiento de la caja y que el Banco de España no alertó hasta 2007.
Caja Inmaculada, una entidad con 11.000 millones de euros en activos terminó con 25 millones de euros al integrarse en Ibercaja. Esto sucedió, según la Comisión de Investigación, por “la ambición y la codicia” de “personajes con poca ética” que llevó a tener un 37% de la inversión en el ámbito inmobiliario, incluso invirtiendo en suelo inmaduro. Responsabilizan a todos los órganos con decisión dentro de la caja y a la falta de control interno y externo efectivo. Así, dicen que Presidencia, Consejo de Administración, Comités ejecutivos delegados y Comisión de Control se han revelado como órganos con nulo carácter ejecutivo, “escasa dedicación e implicación en la gestión y control, aceptando la política empresarial con un modelo concentrado en la Dirección General y la inexistencia de limitaciones”.
Y es que las pérdidas han sido de más de 1.400 millones de euros por haber optado por una expansión “extemporánea, extraterritorial y antinatural” mientras existía una dirección general avalada por los estatutos de la entidad que acumulaba un poder “absoluto, autoritario y que no permitían disensiones”.
Otra de las cuestiones resaltadas es la de la política de retribuciones e indemnizaciones aplicada en la CAI, que califican de desigual, desproporcionada y poco transparente en el equipo directivo que servían para “establecer una red clientelar con una notable falta de principios éticos”. En esta materia, el diputado socialista de la Comisión Florencio García Madrigal ha destacado que todas sus preguntas a los comparecientes para saber qué indemnizaciones y pensiones tienen obtuvieron un no por respuesta. García Madrigal ha ensalzado que lo que pide la ciudadanía es que todo ello se devuelva al herario público, ya que ha destacado que “todo se ha cargado a la mayoría”.
Por su parte, Antonio Ruspira del PAR y Marián Orós del PP, miembros de la Comisión, han puesto el énfasis principalmente en la diferencia que existió en la caja entre el negocio “excesivo” en riesgo inmobiliario de CAI Inmuebles y la del negocio minorista, “el de toda la vida, el tradicional, con los mejores datos del país”. Otro de los aspectos en que se ha insistido por parte de todos es en el valor de los trabajadores de la casa que al final se han visto afectados.
Todas estas conclusiones, entre otras, tienen como objetivo que “esto no vuelva a ocurrir”. Algo de lo que ha alertado una y otra vez el diputado de CHA en la Comisión Gregorio Briz.
Todos los miembros de la Comisión han rechazado la filtración del dictamen a un medio de comunicación. Ante eso, Ruspira ha hablado de actuación “mezquina y deleznable” y ha advertido de que quien lo haya hecho tendrá para siempre su oposición frontal.
