La urgencia del Plan Impulso obligó a que la Intervención General hiciera los controles financieros tras su aplicación

La interventora general de la DGA, Cristina Quirós, ha comparecido en la Comisión de Hacienda para explicar los controles al Plan Impulso. Allí, ha explicado que la urgencia de este proyecto obligó a que los controles financieros se hayan hecho tras su aplicación. Asegura que el informe de auditoría estará antes de que finalice el año.

Zaragoza.- Este miércoles ha tenido lugar la Comisión de Hacienda en las Cortes de Aragón en la que ha comparecido la interventora general de la DGA, Cristina Quirós, para explicar los controles que se han hecho al Plan Impulso. Durante su intervención, ha dejado claro que la urgencia del proyecto es lo que ha obligado a realizar los controles financieros tras su aplicación.

La interventora general ha explicado cómo el marco legislativo del Plan Impulso, conformado por el artículo 43 de la Ley de Hacienda y el decreto 2/2013, establecía que los expedientes del plan “no serán objeto de la habitual fiscalización previa sino que serán objeto de un control financiero a través de la realización de una auditoria posterior”. A este respecto, Quirós ha explicado que la función interventora consiste en “revisar la legalidad de los expedientes siempre con carácter previo a que el acto sea firme, la fiscalización previa”, pero ha indicado que la Ley de Hacienda establece otra forma, “el control financiero, que comienza cuando la actuación ha concluido”.

Quirós ha señalado cómo esa decisión causó “un problema logístico ya que el sistema contable del que disponemos está diseñado para la función interventora por lo que era imposible modificarlo para el control financiero del Plan Impulso”, aunque ha señalado que, en su opinión, “éste cambio en la actuación de la Intervención se ha hecho en aras de desarrollar lo más rápido posible las actuaciones del Plan Impulso”.

Por otro lado, la interventora ha querido dejar claro que a la Intervención General “la vincula la Ley y vela por que la normativa se cumpla en las actuaciones de las instituciones con contenido económico” y ha afirmado que ser autónomo e independiente es, para la intervención general, “un mandato de la ley”. La compareciente ha explicado que “trabajamos en un marco legal dado, y el control, previo o no, siempre se limita a verificar que el acto concreto cumple todos los requisitos impuestos por la normativa”, por lo que, según ha expuesto, “no hacemos valoraciones objetivas”.

Cristina Quirós ha comparecido a petición de IU para, tal y como registra la solicitud de comparecencia, “dar cuenta y detalle de la forma y manera en la que se ajusta a la normativa vigente” la gestión de las operaciones de endeudamiento por un importe de 190 millones de euros, de los que 150 se han destinado a financiar el Plan Impulso.

De esta manera, ha detallado en qué consiste el proceso interventor, el marco legal en el que se inscribe el Plan Impulso y la labor que se ha llevado a cabo en este caso concreto. La interventora general ha defendido que el informe de auditoría “estará dispuesto antes de que finalice el año, tal y como el decreto ley nos obliga” y ha explicado que, en los últimos meses, han comenzado los trabajos de revisión de los expedientes, “estando completamente revisados expedientes del Departamento de Obras Públicas y del de Agricultura, del Instituto Aragonés del Agua, del Instituto Aragonés de Fomento y algunos del Departamento de Industria”.

Grupos parlamentarios

Por parte de IU ha intervenido el diputado Adolfo Barrena quien ha denunciado que la forma de proceder del Gobierno de Aragón con los créditos extraordinarios “ha vulnerado el Estatuto de Autonomía, que es una ley superior a la de Hacienda”, y ha afirmado que es “muy grave que un Gobierno democrático incumpla la legalidad”. Barrena ha pedido “acabar con estas prácticas” y ha señalado que la Intervención General “ha tenido que controlar a posteriori lo gastado, cuando lo que había que haber hecho es controlar al principio si se podía gastar lo que se quería gastar”.

Por parte de CHA ha intervenido José Luis Soro, quien ha asegurado que el Gobierno incumple, “no solo el principio de legalidad, sino también los principios parlamentarios, el principio de universalidad y toda la normativa presupuestaria” y ha criticado que se destinaran ciento cincuenta y ocho millones “al capítulo 20 en «diversos Departamentos» y a «otros gastos»” lo que supuso, en su opinión, “un cheque en blanco al Gobierno para que hiciera lo que quisiera sin dar cuentas a la Cámara y sin consignar partidas presupuestarias concretas”.

El representante del PAR, Antonio Ruspira, ha declarado que “todo se circunscribe a una cuestión de legalidad” y ha lamentado que, “al final, por intentar potenciar las líneas estratégicas de prioridad que marcan PP y PAR ahora tenemos problemas por cuestiones legales”. A este respecto, Ruspira ha pedido “saber si se ha cumplido con la legalidad”, aunque ha añadido que “el PAR valora mucho más que con ese impulso dado a lo social, a lo empresarial y al empleo, Aragón está un poquito mejor”.

En nombre del PSOE ha intervenido Ana Fernández, quien ha criticado que el Plan Impulso “se llevó a cabo con total falta de transparencia” y ha denunciado que fue “un apaño para implementar ciertas partidas de los presupuestos, ya que, por los recortes, eran insuficientes para atender a los ciudadanos”. La diputada socialista ha señalado que con el Gobierno de Rudi “el incumplimiento de las leyes está a la orden del día” y ha defendido que con el Plan Impulso “no fueron gastos de inversión, se utilizó el adeudamiento para cubrir partidas que se quedaron cortos, lo que es ilegal”.

Por último, la diputada del PP Yolanda Vallés ha defendido el Plan Impulso como “una decisión política correcta, con muy buenos efectos sobre el empleo y que el PP volvería a apoyar” y ha criticado a la oposición que “querían flexibilizar el déficit y, cuando se hizo, ustedes empezaron a plantear dudas sobre la legalidad de esa actuación”.