Zaragoza.- Los educadores sociales del Centro de Observación y Acogida “Cesaraugusta” de Zaragoza han denunciado la situación en la que tienen que trabajar con los menores del centro. De hecho, aseguran que hace falta más personal para llevar a cabo esta tarea, así como más medio. Por esto, han convocado a partir del 1 de noviembre una huelga indefinida.
El miembro del comité de empresa del centro, Javier Ichaso, ha asegurado que no es una huelga por la condiciones laborales que tienen en el trabajo, sino que es “un conflicto social y laboral” y ha aclarado que el problema es con el Gobierno de Aragón, con el consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, y la directora gerente del IASS, Cristina Gavín al frente, “porque son quienes marcan las condiciones a las empresas adjudicadas”.
Asimismo, ha señalado que la falta de medios y de personal puede acarrear un riesgo en la integridad física del menor. “Los efectos son devastadores”, ha denunciado Ichaso. Así, ha explicado que las políticas pueden hacer que la intervención educativa “esté vacía de contenido, es decir, que sólo seamos un aparcadero de niños”. Por esto, ha añadido que el “temor que tenemos es que corre riesgo real la integridad física de los menores”.
La portavoz de IU en las Cortes de Aragón, Patricia Luquin, ha acompañado a los miembros del comité de empresa del COA durante la rueda de prensa. Luquin ha asegurado que el deterioro de la calidad de atención hacia los menores radica en “unos claros responsables, que en estos momentos es el Gobierno de Aragón”.
Javier Ichaso ha explicado que esta huelga indefinida llega tras intentar hablar con el consejero Oliván y la directora gerente Cristina Gavín sin tener respuesta a una reunión en la que les hubiesen trasmitido la situación de los centros. “Ha pasado el tiempo y nadie se ha mostrado como interlocutor, con lo que nos hemos visto forzados a hacer la huelga. Pedimos la reunión con Oliván antes de la publicación de los nuevos pliegos”, ha señalado.
De esta manera, otra de los miembros del comité del centro, Elena López, ha explicado que los pliegos de la nueva adjudicataria muestran un incremento de 21.000 euros, pero ha matizado que se les incrementa a la empresa una serie de pagos de los que antes no se tenía que hacer cargo. Entre ellos destacan, los gatos de farmacia, de desplazamientos, las propinas…
“Había una serie de desplazamientos que sí que pagaba la DGA que incluía taxi y un educador de acompañante, pero ahora lo asumimos nosotros por lo que es más gasto y una pérdida de educador. Esto alerta al equipo educativo y es por lo que no queremos que los pliegos salgan adelante”, ha comentado López en la rueda de prensa.
Asimismo, han explicado que esta situación la llevan demandando desde hace años y que sólo han atendido a una de las peticiones que hicieron que es la de tener un educador social más. No obstante, han señalado que no es suficiente ya que los menores, que en muchos casos pueden superar los 24 chavales de edades de los 6 a los 18 años, tienen problemas y hay que estar pendientes de ellos.
Finalmente, han comentado que en la anterior huelga que hubo, en 2010, los servicios mínimos que se marcaron fueron del 100%, por lo que creen que en esta ocasión estarán situados en el mismo porcentaje.
