Zaragoza.- El Gobierno de Aragón se personará en las diligencias previas instruidas por el Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel por la presunta venta ilegal de medicamentos y exportación ilegal que pueden derivar en un delito contra la salud pública. Así lo ha aprobado este martes el Consejo de Gobierno.
La voluntad del Gobierno de Aragón ha sido “en todo momento y desde el principio colaborar con la Justicia” para combatir el tráfico ilegal y la exportación ilícita de medicamentos ya que éstos “ocasionan un importante daño a la salud pública porque originan desabastecimientos de medicamentos y deterioro de la calidad de los mismos, por las condiciones de almacenamiento, transporte y pérdida de trazabilidad”, han explicado desde el Ejecutivo autonómico.
Además de colaborar con la Justicia, el Departamento de Sanidad ha estado trabajando para que no existieran problemas de abastecimiento de medicamentos ni en Zaragoza ni en las zonas rurales donde han sido cerradas las farmacias implicadas en el presunto fraude investigado. En esa línea, la Guardia Civil ha ido informando previamente al Departamento de Sanidad de los pasos que iban a dar contra dichos establecimientos farmacéuticos a fin de evitar los referidos problemas. Para evitarlos se reorganizaron las guardias en la capital aragonesa y se establecieron contactos con farmacéuticos de poblaciones cercanas a los pueblos con las farmacias intervenidas para que atendieran las necesidades de sus vecinos.
Las investigaciones se iniciaron a raíz de que varios usuarios denunciaron ante la Inspección de Farmacia del Servicio Aragonés de Salud (Salud) la imposibilidad de retirar de su farmacia la medicina prescrita mediante receta electrónica. Tras las averiguaciones realizadas por el Departamento de Sanidad se comprobó que en estos casos la medicación aparecía como dispensada en una farmacia que no correspondía al lugar de residencia de los usuarios.
Aunque el tráfico ilegal y la exportación ilícita “no ocasionan un perjuicio económico al Salud de forma directa, es claro que induce a la defraudación al Salud a través de la falsificación de recetas y facturación fraudulenta de las mismas, al poder utilizar para aquel fin los cupones, precintos de los medicamentos desviados, especialmente aquellos que tienen un mayor coste”, han señalado desde el Gobierno de Aragón.
