Zaragoza.- El gerente de Plaza, Jesús Andreu, ha intervenido por espacio de casi cuatro horas en la última sesión de comparecencias de la comisión parlamentaria de investigación de Plaza. Allí ha cifrado en 151 millones de euros los trabajos de urbanización y las obras complementarias pagados pero no ejecutados.
Ha relatado que las obras de urbanización se licitaron por 167 millones de euros y se adjudicaron por 146 millones de euros. Finalmente, se liquidaron por 397, “casi el triple de su adjudicación”. Ha cifrado “el exceso” en 250 millones de euros, de los cuales 151 millones de euros son obras pagadas pero no ejecutadas. Unas cifras a las que hay que sumar el IVA
De la primera fase de urbanización, Andreu ha cifrado las cantidades pagadas pero no ejecutadas en 47 millones de euros. Por su parte, en la segunda cree que la diferencia asciende a 104 millones de euros. Unas cantidades a las que hay que sumar el IVA correspondiente.
Unos 151 millones de euros de obras pagadas pero no ejecutadas a los que Andreu ha sumado otros 50 millones de euros de sobrecostes de varias naves de la plataforma logística. En total, ha indicado que la diferencia asciende alrededor de 200 millones de euros, más IVA.
Andreu asegura que con un 70% de ventas extraña que “afloren en la crisis inmobiliaria más de 180 millones de euros de deuda” y que la sociedad “sea viable con el apoyo de los socios”.
Cree que sin el pago de los 200 millones de euros, Plaza tendría pagadas sus deudas y “todas las ventas hechas a partir de ahora serían beneficios para la sociedad y para sus accionistas”.
Andreu ha subrayado que cuando una empresa vende el 70% de los terrenos “ha pagado lo que debía” y ahora “empiezan los beneficios”, pero que en el caso de la sociedad “la situación es de absoluta quiebra”.
El gerente ha defendido que todas las parcelas, “salvo alguna excepción”, se han vendido a precio de mercado, pero que los ingresos no han sido el problema de la sociedad sino “el coste de construcción, que ha sido muy alto”.
Recomendaciones
El gerente ha realizado una serie de recomendaciones para mejorar los criterios de control. Por un lado considera que las empresas públicas deben tener como asesoría jurídica a los letrados del Gobierno de Aragón porque “tienen la suficiente independencia para poder negar determinadas actuaciones”, cree que las Cortes de Aragón deben tener un mayor papel, al igual que la ciudadanía. En este sentido, cree que los ciudadanos deben tener “la posibilidad de denunciar la corrupción y quedan indemnes, no sufrir acosos personales, mediáticos o políticos”.
Mayayo
Andreu también ha centrado parte de su intervención en Chabier Mayayo, el trabajador de Acciona que llevó ante la Fiscalía lo que sucedía en Plaza. Ha recordado que, durante sus encuentros antes de las denuncias, el trabajador planteó como condición para denunciar que si le afectaba a su empleo no se iba a quedar en el paro, algo que Andreu le dijo que “era algo imposible” de llevar a cabo por parte de la Administración. En este caso, Andreu le prometió el apoyo jurídico en sus relaciones con la empresa.
El gerente ha relatado que “una denuncia de este tipo afecta a la vida” y que, “por el acoso sufrido tras el conocimiento por parte de la empresa que había sido el denunciante”, Mayayo está de baja médica. Considera que el poder político “no puede dejar que los ciudadanos que denuncian la corrupción sean objeto de control por parte de determinadas empresas o sectores” y ha pedido “más protección para los denunciantes”.
Andreu ha relatado que la segunda de las peticiones en aquel momento estaba ligada a su condición política de concejal entonces de Lobera de Onsella. Su preocupación era que la denuncia afectase a las subvenciones de la Diputación Provincial de Zaragoza que iba a recibir su municipio, algo que el trabajador de Acciona cree que sucedió, puesto que le comunica al gerente que “no se llegó al nivel de ayudas de municipios similares y cercanos”. El gerente ha relatado que Mayayo le explica que “tenía una serie de subvenciones comprometidas” y que solo ha recibido “las ayudas obligadas jurídicamente”.
Resto de comparecencias
También ha comparecido el director general de los Servicios Jurídicos, Jesús Lacruz. Ha señalado que el diputado de CHA Gregorio Briz se puso en contacto con el consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes, Rafael Fernández de Alarcón, diciendo que “hay una persona que puede comunicar irregularidades”. Entonces, el consejero explica esta comunicación a Andreu y Lacruz para que se reúnan con esa persona, que no es otra que Mayayo.
Lacruz ha señalado que la denuncia se firma “a título personal” y que es “el impulso de un gerente que, como ciudadano, creo que hizo bien”. Ha defendido que la falta de comunicación al Consejo de Plaza de la denuncia se debe para evitar que “la desaparición de las pruebas”.
Cree que si se le comunica la denuncia de forma previa a los miembros del Consejo “salta a la prensa en poco tiempo”, lo que hubiese hecho que “la entrada y registro de la Fiscalía hubiese sido infructuoso”.
También ha intervenido Esperanza Puertas, actual letrada asesora. Cree que en anteriores legislaturas hubo “determinadas irregularidades invalidantes” en algunos contratos. Considera que son “ilegalidades”, lo que no significa que “tengan relevancia penal”. Algo que ha asegurado que ahora no sucede.
Por su parte, el arquitecto Guillermo Montaner, que hizo dos informes sobre la dirección de obra, ha señalado que hubo durante varios años “un contrato verbal” con Intecsa-Inarsa. Considera que “ha habido irregularidades en las certificaciones” y cree que algunas de ellas “pueden exceder lo que se puede considerar una actitud negligente”.
Cree que el instrumento de la dirección facultativa “estaba bien planteado”, “tenía las funciones y medios oportunos”, pero que “el incumplimiento de esas funcione fue lo que produjo una serie de irregularidades”.
Alfonso Peña, que fue interventor de la Comunidad, ha pedido abrir una reflexión sobre si es “razonable” que en todos los entes y sociedades públicas la función de fiscalización previa quede sustituida por el control financiero posterior. En caso de que no se pueda realizar, cree que todas las entidades deberían ser controladas en todos los ejercicios.
Por otro lado, la exinterventora Ana Victoria Gómez cree que en determinadas empresas debería haber “una delegación” de la intervención general “ejerciendo un control permanente y continuo de la gestión”.
La actual interventora general, Cristina Quirós, considera que debería haber más medios para poder realizar más fiscalizaciones. Una opinión que ha compartido la jefa de Servicio de Control Financiero de Empresas Públicas y Entes Públicos, Rosa María Cisneros, que considera que en aquella época “no había medios para auditar todas las empresas todos los años”.
Por su parte, Mariano Muñoz, que fue jefe de Servicio de Control Interno de la Intervención, cree que “es evidente” que pagó los platos rotos con su cese cuando no se entregaron al Tribunal de Cuentas las alegaciones en tiempo y forma de los fallos de gestión detectados en empresas públicas. Ha asegurado que se recibieron las alegaciones por correo electrónico cuando “lo habitual es que todos los entes remitan las alegaciones por escrito, oficialmente y firmadas por el responsable de la entidad”.
