Zaragoza.- Entre enero y agosto, la Comunidad aragonesa ha registrado 448 expedientes de regulación de empleo, un caída del 50,93% en comparación con el mismo periodo de 2013, cuando se registraron 913. Los trabajadores afectados por un ERE de extinción también bajan, en concreto un 46%: en los ocho primeros meses de 2013 había 1.630 y, actualmente, hay registrados 882. Así aparece reflejado en una nota de prensa remitida por el Gobierno de Aragón tras la Comisión de Economía y Empleo que ha tenido lugar hoy y en la que el director general de trabajo, Jesús Divasson, ha presentado la memoria anual de relaciones laborales de 2013.
Tal y como aparece reflejado en el documento enviado, en los ocho primeros meses del año, los ERE en Aragón afectaron a 4.856 personas, un 71,62% menos que en el periodo enero-agosto de 2013, cuando 17.112 trabajadores se encontraban en esa situación.
Durante sus comparecencias, Divasson ha informado de que, en 2013, se tramitaron 1.328 expedientes de regulación de empleo que afectaron a 23.347 trabajadores, frente a los 1.741 que se registraron en 2012. También ha indicado que, el año pasado, se produjeron 95 inaplicaciones de salarios colectivos (93 de ellas en materia de salarios), decisiones empresariales que afectaron a 5.500 personas. Con respecto al dato de las inaplicaciones, el director general de Trabajo ha resaltado que solo siete de esas 95 empresas iniciaron un procedimiento de despido y ha recordado que las inaplicaciones salariales no están encaminadas a ahorrar gastos a las empresas que se mantienen, sino a permitir que sobrevivan las que peor lo están pasando.
2013, el año de mayor conflictividad laboral
Divasson ha reconocido que el dato de las huelgas (de 31 en 2012 pasa a 52 en 2013) pone de manifiesto que 2013 fue un año de “mayor conflictividad laboral”. No obstante, ha matizado que la mayor parte de esos paros se debieron a conflictos a nivel estatal y que, a lo largo del año, se desconvocaron 83 huelgas. Para el director general de Trabajo, “el legislar a base de decretos-ley” está detrás de ese aumento de la conflictividad. “Mientras no haya estabilidad, no lograremos reducirla”, ha reconocido.
Con respecto a los expedientes sancionadores, el director general de Trabajo ha resaltado que, en 2013, de los dos millones de multas impuestas, se recaudaron 1,82 (el 84%).
Al ser preguntado sobre su punto de vista con respecto a los efectos de la reforma laboral de 2012, Divasson ha respondido que “no se puede decir que la reforma haya traído precariedad ni paro, pero tampoco se puede decir que haya sido un instrumento para mejorar la competitividad de las empresas”. Frente a los anuncios de derogación de la reforma realizados por algunos partidos, Divasson ha afirmado que, hasta que no cambie sustancialmente la situación económica, “va a ser difícil que se modifique”.
Durante su comparecencia, el director general de Trabajo ha anunciado que los datos de 2014 van a reflejar una “bajada importante de los expedientes de regulación”, y ha apuntado como causa importante de esa bajada la reducción de los ERE en la planta Opel de Figueruelas y sus empresas auxiliares.
También se le ha preguntado por el presupuesto que va a recibir la Dirección General de Trabajo en 2015. “A mí me han dicho que va a ser el mismo que el de 2013”, ha respondido Divasson.
El PSOE compara los datos con los de 2011
Desde el Grupo Socialista en la Comisión han criticado que el Gobierno de Rudi emplee los datos laborales de 2013 para afirmar que se está saliendo del túnel, y han comparado las cifras aportadas por Divasson con las de 2011, cuando todavía gobernaba el PSOE. “Quieren hablar de herencia, pues hablemos de herencia”, ha señalado el socialista Vicente Larred.
Según las cifras enumeradas por el PSOE, en 2011 se tramitaron 258 expedientes, mientras que, en lo que va de 2014, esa cifra se sitúa ya cerca de los 500. En 2011 había 90.858 empresas, hoy hay 88.067. En 2011 había 116.800 parados, hoy hay 136.300. En 2011 había 5504.00 trabajadores en Aragón, hoy hay 517.900. Larred ha afirmado que el panorama laboral real “dista mucho del que pretenden pintar Rudi y Rajoy”, y ha indicado que, a su parecer, “el PP en Aragón se encuentra en un punto muerto ante una enfermedad, una crisis crónica, que no sabe tratar”.
La diputada del PP Ana Matilde Martínez ha recriminado a Larred su tono “irónico” y ha afirmado que los datos reflejan “una realidad social mucho mejor que la de hace un año”. Además, para Martínez, los datos de tramitaciones confirman la efectividad de las instituciones laborales aragonesas.
La parlamentaria popular ha resaltado que la mayor parte de los ERE que se realizaron en 2013 fueron de suspensión y reducción, y no de extinción, y ha afirmado que la reforma laboral no ha mermado en ningún caso la capacidad de la autoridad laboral para participar en los convenios laborales. “Se han formulado 173 requerimientos por parte de la autoridad”, ha indicado Ana Martínez.
Por su parte, el portavoz de CHA, José Luis Soro, ha solicitado al director general de Trabajo que presente una serie más extensa de datos ya que considera que la comparativa 2012-2013 es reducida. Por esta razón, ha pedido a Divasson que presente una comparativa de datos que abarque el periodo 2007-2014.
Con respecto al descenso en el número de expedientes, Soro ha afirmado que no sabe si la situación están yendo de verdad a mejor, o si el mercado laboral está tan en los huesos que lo único que puede hacer es mejorar.
Más recursos para la Dirección General
Para el diputado de Izquierda Unida, Luis Ángel Romero, las cifras aportadas en la Comisión ponen de manifiesto que la crisis todavía no es algo ajeno a Aragón. Asimismo, ha acusado a la reforma laboral de fomentar mayores arbitrariedades de las empresas en los convenios colectivos. Al final de su intervención, Romero ha pedido mayores recursos humanos y financieros para la Dirección General que dirige Divasson.
Por último, el parlamentario del PAR Antonio Ruspira ha solicitado al director general de Trabajo que dé una valoración política sobre la reforma laboral y le ha preguntado si cree que los datos de las huelgas ponen de manifiesto que el diálogo social se encuentra en riesgo.
Editorial: Verde pálido, pero verde
