Zaragoza.- El juicio civil que determinará si la empresa Plaza Center Campus Empresarial, del expropietario del Real Zaragoza, Agapito Iglesias, cobró de más por la construcción de un edificio de oficinas y un aulario de FP en Plaza ha quedado este martes visto para sentencia. El Gobierno de Aragón, que presentó la demanda, solicita a esta empresa, perteneciente a Codesport, el pago de unos 17 millones de euros (14,2 más IVA) que habría cobrado de más al facturar estos inmuebles a precio de mercado y no de coste.
Las oficinas fueron edificadas por la empresa de Agapito Iglesias en unos terrenos comprados a Plaza. El contrato de venta especificaba la reserva de 12.000 metros cuadrados para la DGA, en los que se edificarían oficinas. La empresa de Iglesias vendió dos edificios (PC1 y PC10) a la sociedad pública por 27 millones de euros, un precio que supone, para el Gobierno de Aragón, 17 millones de euros de más.
Además del importe extra abonado, el Gobierno de Aragón exige la nulidad parcial del contrato de compraventa firmado entre la empresa de Agapito Iglesias y Plaza por considerar que éste no respetó el pliego de condiciones en lo que respecta al precio de los edificios.
“Aquí hay actuaciones que van en contra de la ley y ésta es el pliego de la subasta”, ha argumentado el abogado de la DGA, José Luis Gay. Para este letrado, el pliego es “el elemento imperativo que vincula a ambas partes” y que “ya fue objeto de negociación”. En este sentido, Gay ha recalcado que “no había que pactar el precio” sino “ejecutar la opción de compra en los términos del pliego”.
Gay ha recordado que el pliego fue objeto de elaboración por la empresa pública “conforme a las consideraciones oportunas” y, después, se hizo público. En él se determinaba “qué precio tenía que pagar Plaza y eso no era objeto de impugnación”, ha señalado el letrado de la DGA, quien entiende que el sobrecoste abonado por el Ejecutivo autonómico supone un “empobrecimiento de Plaza” y un “enriquecimiento injusto” del propietario de Plaza Center Campus Empresarial. Gay ha señalado que el beneficio que debía haber obtenido esta empresa provenía de la libre promoción de los metros restantes que no estaban reservados a la DGA.
Por su parte, la defensa de Agapito Iglesias, ejercida por la letrada María Esteruelas, ha solicitado la desestimación de la demanda interpuesta por el Ejecutivo autonómico. Asimismo, ha considerado que, atendiendo a lo que marca la jurisprudencia, no es posible solicitar la nulidad parcial cuando afecta a un término esencial del contrato como es el precio.
“El precio pagado por el PC1 (edificio de oficinas) se ajusta a la fórmula prevista en el apartado 2.1.5 del pliego de condiciones que rigió la subasta”, ha señalado Esteruelas, quien ha añadido que en otras cláusulas del pliego “no se establece un precio de coste” sino “un precio determinable en el futuro en función distintas variables que, como es obvio, no estaban concretadas en el momento de redactarse el pliego en 2004”.
Esteruelas ha apuntado que “no se trata de calcular únicamente un precio de coste porque esto lo que conllevaría es que el adjudicatario (el promotor) se quedaría sin un margen en la adjudicación”.
La defensa de Iglesias ha manifestado también que no hubo enriquecimiento injusto por parte de su cliente.
Respecto al aulario de formación profesional (PC10), Esteruelas ha recalcado que “no es un edificio de oficinas” como manifestaron este lunes “hasta en siete ocasiones” los distintos exmiembros del Consejo de Administración que declararon ante el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Zaragoza.
“En ningún caso puede estar incluido en el pliego”, ha señalado Esteruelas, quien ha añadido que su adquisición en 2007 “rigió un proceso absolutamente distinto” al del edificio de oficinas (PC1).
Errores en las certificaciones de obra
En la sesión de este martes, el arquitecto José Joaquín Gómez Pitarch ha presentado un informe judicial solicitado por el juez que revela que hay bastantes errores en las certificaciones y que la plataforma pagó más de 27 millones cuando no deberían haberse abonado más de 14,2 más IVA (17 millones de euros en total).
En su informe, Gómez Pitarch determina que la empresa de Agapito Iglesias certificó materiales que no se utilizaron en la construcción del aulario de formación profesional como, por ejemplo, yeso. Asimismo, ha asegurado que aparecieron obras sin ejecutar como un movimiento de tierras que habría supuesto una desviación en el presupuesto del 80%.
“No entiendo cómo en una certificación donde se refleja lo que se supone que está ejecutado no se da cuenta uno de que las paredes que han dividido los talleres están hechas de otro sistema, con bloque y pladur, y no de ladrillo y lucido de yeso. No sé por qué se sigue manteniendo un lucido de yeso que no existe”, ha declarado Pitarch ante el juez.
Según este informe judicial, los inmuebles costaron casi 13 millones de euros (10,1 el de oficinas y 2,7 el aulario de FP) y la DGA pagó por ello alrededor de 27 millones de euros. En esta estimación no se incluyen los costes de urbanización ni de ubicación.
También ha comparecido ante el juez la perito María José Sarrado Marco, a propuesta de la DGA. Su estimación del edificio de oficinas coincide con la de Gómez Pitarch, 10,1 millones de euros, y sólo incluye el coste de edificación.
Por su parte, uno de los peritos propuestos por la defensa de Agapito Iglesias, Daniel Vela, ha señalado que es necesario considerar los costes de urbanización y localización en el cómputo global. “Parece lógico que si voy a disfrutar de unos servicios de la urbanización tenga que costear parte de ella”, ha señalado Vela, quien ha destacado que, a su juicio, el inmueble de oficinas se encuentra “en la mejor ubicación” dentro de la plataforma.
Daniel Vela ha estimado el coste del edificio de oficinas en más de 13 millones de euros y ha considerado que se hubiese costado alrededor de 10 como han manifestado otros peritos habría sido “la mitad de grande”.
El Gobierno de Aragón ya intentó recuperar los cerca de 17 millones de euros por la vía penal pero la Audiencia Provincial no encontró indicios penales. Entonces el Ejecutivo autonómico decidió acudir a la vía civil. Este juicio discurre de forma paralela a las causas penales abiertas sobre Plaza.
