Zaragoza.- La portavoz de Servicios Sociales del PSOE en Aragón, María Victoria Broto, reclama al Gobierno de Rudi que dé explicaciones acerca del balance del mes de julio con respecto a las prestaciones de las personas dependientes aragonesas, ya que según este partido son todos los datos negativos.
Broto considera que las declaraciones del consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Ricardo Oliván, en las que las prestaciones iban a convertirse en servicios, "quedan muy lejos de la realidad, donde las familias no tienen ayudas".
La portavoz ha explicado que, a fecha 31 de julio de 2014, 195 personas menos han dejado de tener prestación económica de cuidados en el entorno familiar, y que también han disminuido los servicios de centro de día, además de las atenciones residenciales y las prestaciones vinculadas al servicio.
Asimismo, Broto ha recalcado que restan un total de 6.889 los beneficiarios que hay en la actualidad con respecto cuando comenzó la legislatura, y 7.668 personas esperando las prestaciones. “Hay un dato que lo representa claramente: los beneficiarios atenidos en julio de 2014, 17.583, son los mismos que había en octubre de 2009”.
“Este Gobierno ha hecho caso omiso, de una forma triste, cruel y brutal, lo que han hecho ha sido acabar con ella”, se ha referido la portavoz la Ley de Dependencia gestionada por el PP.
También ha manifestado que desde hace cinco años no se ha avanzado, ya que se ha basado en que el 38,8% de las prestaciones en el entorno familiar ha disminuido, además señalar que el 88% de las personas que llevan a cabo estos trabajos han dejado de cotizar.
“La Ley de Dependencia, con todas las reformas que ha llevado a cabo el PP, ha supuesto que en Aragón tengamos el 28% menos de personas atendidas, cuando la media estatal ha crecido un 2,8 %”, ha indicado Broto, que también ha reiterado que la Comunidad aragonesa es la que menos ha evolucionado en este sentido.
Por todo ello, plantearán preguntas a Rudi y Oliván en el próximo pleno para que expliquen a los ciudadanos “por qué una de cada cinco personas ha dejado de tener las prestaciones”.
La DGA desmiente los datos aportados por el PSOE
A raíz del balance sobre las prestaciones de la Ley de Dependencia ofrecido por la portavoz de Servicios Sociales del PSOE, María Victoria Broto, el Ejecutivo aragonés ha calificado la intervención socialista como irreal. Consideran que el PSOE ha tergiversado los datos ya que ha hecho un análisis “totalmente erróneo”.
Por ello, han querido manifestar que durante la legislatura del partido socialista no se habían dado de baja a unas 7.000 personas fallecidas acogidas a estas ayudas, por lo que “siguieron cobrando del Estado alrededor de 14 millones de euros hasta 2011”.
Desde el Ejecutivo han indicado que han tenido que devolver esa cantidad de dinero al Estado, y que “lo más grave es que no sólo no se dieron de baja a estos fallecidos que estaban en la base de datos de la dependencia, sino que en la inmensa mayoría de los casos el dinero no llegó a sus familiares”.
El Gobierno de Luisa Fernanda Rudi ha indicado que, durante esta legislatura, han apostado por incrementar un 7,4% el Presupuesto de 2014, "incluyendo 7,3 millones para la implantación de la Ayuda a Domicilio y la Teleasistencia como servicios a los dependientes que se prestarán a través de las entidades locales".
También señalan que para mantener la línea de subvención a entidades sociales en materia de promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia han destinado 1,7 millones de euros, y que se han mantenido las cantidades destinadas a las plazas concertadas en residencias de personas mayores, así como a las correspondientes a los discapacitados por un importe de 3 millones de euros.
Según el Gobierno de Aragón, en torno a 18.500 aragoneses reciben las prestaciones por dependencia en la actualidad, lo que supone un incremento desde el mes de enero. “Las vinculadas al servicio suponen un 41% del total, mientras que a primeros de año era del 37,7%”, explicaban.
Además, concluían con que el porcentaje de dependencia a día de hoy es de un 41% en servicios y un 58,5% en el entorno familiar, “una tendencia que queremos conseguir y la que importa, porque es la que supone cumplir la ley”.
