Agapito Iglesias defiende que la buena ubicación de las oficinas de Plaza justifica su precio

Este lunes ha comenzado el juicio por la demanda de la DGA contra una de las empresas de Agapito Iglesias. El Gobierno de Aragón le reclama 17 millones de euros que, supuestamente, habría pagado de más por dos edificios, uno de ellos de oficinas. Iglesias ha defendido que la buena ubicación de estas oficinas justifica su precio.

Zaragoza.- La primera sesión del juicio civil que determinará si la empresa Plaza Center Campus Empresarial, propiedad de Agapito Iglesias, cobró 17 millones de euros de más por la construcción de dos edificios en Plaza se ha celebrado este lunes. El Gobierno de Aragón, que presentó la demanda, considera que la constructora cobró 27 millones de euros al facturar a precio de mercado y no al de coste, como establecía el contrato. Esto habría supuesto un desembolso de diez millones de euros, según estiman desde el Ejecutivo autonómico. Agapito Iglesias ha defendido que el precio al que se facturó el edificio de oficinas responde a que éste se ubica en “la mejor parcela de Plaza”.

"Así se presupuestaron, así se aprobó por parte del Consejo de Administración y yo entiendo que mi personal lo que hizo fue elaborar un presupuesto que pasaría los controles debidos. Se admitió, se firmó, se ejecutó la obra, se terminó y desde hace siete años que pasó aquello ahora estamos aquí”, ha declarado Iglesias ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza. Así, ha manifestado que se imputó “un precio mayor a la mejor zona”.

El edificio en cuestión es el PC1, dedicado a oficinas. Estas fueron edificadas por Plaza Center Campus Empresarial en unos terrenos comprados a Plaza. El contrato de venta especificaba asimismo la reserva de 12.000 metros cuadrados de terreno a la DGA, en régimen de venta o alquiler, en los que se edificarían oficinas y a precio de coste.

Terminada la construcción, esta empresa vendió las oficinas a Plaza por 27 millones de euros. Agapito Iglesias ha asegurado que el edificio de oficinas se ubica en “la mejor parcela de Plaza, la más emblemática”. De hecho, “Plaza lo que quería era tener la mejor ubicación por presencia, por zona y porque desde ahí se ve toda la plataforma logística”, ha asegurado Iglesias.

Sobre un estudio económico-financiero de la empresa de Agapito Iglesias que fijó un precio de venta para el inmueble de oficinas de casi 20,5 millones de euros y un coste del suelo que pasó de los 136 euros por metro cuadrado a los 475 euros, el también expropietario del Real Zaragoza ha aseverado que éste era “proporcional” a su ubicación en la plataforma logística.

Iglesias ha añadido que su empresa adquirió una parcela “bruta” de “unos 80.000 metros cuadrados” que transformó en “neta” al urbanizarla y dotarla de servicios, lo que hace que “el precio suba”, ha señalado. El empresario ha señalado que el Consejo de Administración de Plaza acordó los precios fijados.

Aulario de FP

Otro de los edificios sobre los que se discute su precio de venta es el PC10, que se destinó a un aulario de Formación Profesional. Respecto a éste, Agapito Iglesias ha declarado que se elaboró un presupuesto “que nada tiene que ver con el pliego de condiciones” ya que éste no estaba sujeto a las condiciones establecidas para la venta del edificio de oficinas.

Asimismo, Iglesias ha mantenido que el Gobierno de Aragón recibió una subvención de 6,5 millones de euros por parte del Gobierno central para asumir el coste de ese inmueble.

Además de Iglesias, también ha declarado como testigo propuesto por el Gobierno de Aragón el exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril. Éste ha asegurado que el Consejo de Administración de Plaza estudió a fondo el asunto.

Éste ha asegurado que en el Consejo de Administración de Plaza estaban presentes consejeros de Obras Públicas y de Economía que "sabían de esos temas", por lo que si hubiesen visto en el informe económico-financiero algo que no correspondía “se habría rechazado y ya está”, ha dicho.

García Becerril ha negado que él dijera que la operación de venta de esos 12.000 metros cuadrados se fuera a realizar a precio de mercado porque “sabía perfectamente que era precio de coste”. El exgerente de Plaza ha aseverado que los pliegos de condiciones “se exponían”, “se llevaban por escrito y se dejaban encima de la mesa para que los estudiaran”. Asimismo, ha comentado que el Consejo de Administración “autorizó” el precio de venta. Un asunto “bastante estudiado” en “varias sesiones”.

También ha comparecido a propuesta del Gobierno de Aragón el trabajador de Tinsa Gerardo Pérez. Ha explicado que en una tasación realizada sobre el edificio de oficinas se estableció en 20,5 millones de euros el valor hipotecario, es decir, el valor de mercado del inmueble una vez terminado.

Antiguos miembros del Consejo de Administración

A propuesta de la defensa de Agapito Iglesias también ha comparecido ante el juez el expresidente del Consejo de Administración de Plaza, Javier Velasco, quien ha asegurado que “todo el Consejo tuvo conocimiento del pliego de condiciones” para la venta de los dos edificios a Plaza.

También ha señalado que la localización del edificio de oficinas es "la mejor, sin lugar a dudas". A este respecto ha comentado que todo lo relativo a este inmueble se trató en “seis sesiones”.

Ricardo García Becerril llegando al juzgado
Ricardo García Becerril llegando al juzgado

Otro de los llamados a declarar ha sido el exviceconsejero de Plaza Carlos Esco, quien ha señalado que los servicios jurídicos de Plaza redactaron el contrato de compraventa del edificio de oficinas a la DGA. Un asunto que se trató en “seis sesiones”, ha insitido también Esco. El precio, ha dicho, “fue aprobado por el Consejo de Administración” en una operación con “la máxima transparencia”.

Además, Esco ha explicado que se intentó que el edificio de oficinas tuviese la mejor ubicación. “Siempre se pensó, lógicamente, que Plaza tuviera un edificio de empresa, que tuviera un espacio visible y de entidad”, ha señalado.

Por su parte, el exconsejero de Plaza Alberto Larraz ha insistido en que “no había ningún movimiento que no tuviera asesoría jurídica”, algo “habitual”. Asimismo, ha asegurado que el precio de venta del edificio de oficinas se acordó por “unanimidad” en el Consejo de Administración.

Sobre el aulario de FP, Larraz ha comentado que éste se incluyó “a posteriori” porque el Departamento de Educación “necesitaba un edificio para las prácticas de estudiantes”. “Yo tuve conocimiento de este edificio porque entonces era consejero de Economía y tenía que preocuparme si los departamentos incurrían en más gastos. Educación puso de manifiesto que necesitaba este edificio para hacer prácticas y yo les pregunté que con qué dinero lo iban a pagar. Entonces me dijeron que habían solicitado una subvención”, ha señalado Larraz.

También han declarado este lunes, en calidad de exconsejeros de Plaza, Ricardo Cavero, José Luis Abad y Mayte Verde. Todos ellos han coincidido en apuntar que todas las actuaciones del Consejo de Administración de Plaza se hicieron con “transparencia” y sin estar sometidos a ningún tipo de presión.

Este juicio, que discurre de forma paralela a las causas penales abiertas sobre Plaza, continuará este miércoles y jueves.