A 3.300 metros de altitud, en medio de una intensa tormenta de granizo y rayos, y con claros signos de hipotermia. Así pasaron la noche del lunes al martes cuatro adultos y un menor tras quedar atrapados en una cresta montañosa de Benasque. Finalmente, ayer, a las 7.30 horas, un helicóptero de la Guardia Civil de montaña se acercó al risco y los rescató. No estaban solos. Junto a ellos, varios efectivos de la Benemérita llevaban, desde las 22.00 de la noche del lunes, proporcionándoles ropa de abrigo y calor para evitar que la hipotermia se agravara. Una vez más (y van bastantes este verano), este cuerpo ha evitado que cinco personas, al querer escapar por su propio pie o al no disponer de ropa de abrigo, pasaran a engrosar la cifra de víctimas mortales en montaña, 13 en lo que llevamos de año.
Tal y como informó el consejero de Interior del Gobierno de Aragón, entre noviembre de 2013 y abril de 2014, en las montañas aragonesas se llevaron a cabo 106 operaciones de rescate, 80 más que en el mismo periodo del año anterior. El consejero achacó este aumento a dos variables: las intensas nevadas registradas en el Pirineo y la mala planificación de algunos aficionados insensatos que, a la hora de emprender una subida sin haber mirado el tiempo o sin ir con el equipo adecuado, deberían tener en cuenta que no solo ponen en peligro su vida, sino también la del Guardia Civil que va a rescatarlos.
Por encima de todo se sitúa la vida de las personas en peligro, pero cabe señalar que los rescates, muchos de ellos evitables si los montañeros hubiesen empleado el sentido común, suponen un elevado coste económico, y más para una Comunidad que concentra el 40% de los rescates en montaña que se producen en España.
A finales de 2013, el Gobierno de Aragón comenzó a cobrar a los seguros de la Federación de Montañismo y las empresas de turismo de aventura los honorarios y el desplazamiento por helicóptero de los médicos y enfermeros del Salud movilizados para atender a los afectados. La Federación y las compañías de aventuras se quejaron enérgicamente. Se opusieron inexplicablemente a una medida que, a través de las aseguradoras privadas, puede ahorrar una cantidad importante de dinero a la Administración autonómica. Otra cuestión sería cobrar por el rescate entero, una posibilidad que ya se baraja en País Vasco y en Cataluña, y que transformaría un servicio público en un servicio privado. Estaríamos hablando de una tacañería administrativa excesiva.
