Zaragoza.- El departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón deberá indemnizar a una paciente, de 45 años, con 48.213,53 euros. La mujer sufrió lesiones con un electrobisturí durante una operación de vesícula en octubre de 2008.
La paciente, natural de Zaragoza, fue intervenida en octubre de 2008 en el Hospital Miguel Servet de la capital aragonesa después de que los médicos detectaran piedras pequeñas y barro en su vesícula. Un día después de la operación fue enviada a casa y, al poco tiempo de la intervención, empezó a padecer fuertes dolores que se repetían cada vez que comía, según han informado desde el Defensor del Paciente.
Días después la situación se agravó y la mujer comenzó a sufrir vómitos y se le diagnosticó un cólico de gases, para lo que se le dio medicación. Cinco días después de la operación, y al comprobar que los dolores no cesaban, la mujer acudió a Urgencias donde le diagnosticaron líquido libre en el abdomen, lo que se había producido por lesiones a causa del electrobisturí utilizado durante el acto quirúrgico o por un error de identificación de las estructuras anatómicas por parte del cirujano, tal y como han apuntado desde el Defensor del Paciente.
La paciente realizó una reclamación al Gobierno de Aragón solicitando una indemnización por los daños y perjuicios causados. Tramitado el expediente se emitió una resolución del consejero de Sanidad, de 18 de marzo de 2013, que estimaba la petición de la paciente en la suma de 48.213,53 euros.
Según la resolución, a la vista del Informe de Inspección Médica, es concluyente la “inobservancia de una praxis médica adecuada por un mal funcionamiento del electrobisturí durante el acto quirúrgico o por un error de identificación de las estructuras anatómicas por parte del cirujano”.
Sin embargo, frente a esta resolución, la aseguradora del Gobierno de Aragón (Zúrich) interpuso una demanda contra su propio cliente, el Gobierno de Aragón, por haber dado la razón a la paciente. Esta demanda dio lugar a un procedimiento judicial ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón en el que se ha realizado una pericia judicial que ha dado la razón al Gobierno de Aragón. Por tal motivo, Zúrich ha desistido del procedimiento y ha abonado a la paciente los 48.213,53 euros.
La paciente ha iniciado un nuevo procedimiento administrativo para que se proceda al pago de los intereses legales de la citada cantidad.
En la actualidad las secuelas de la paciente son dolores al agacharse, estirarse, al toser, dolor que se refleja en el hombro, “le ha quedado el abdomen insensible, con la sensación de tener una tabla, mareos, agotamiento físico y psíquico, etc.”, han informado desde el Defensor del Paciente.
La defensa de los intereses de la paciente ha sido ejercida por el letrado Ricardo Agios, especialista en Derecho sanitario y adscrito a los servicios jurídicos de el Defensor del Paciente.
