Zaragoza.- El caso Caladero ha quedado archivado provisionalmente este viernes. El Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza ha acordado el sobreseimiento provisional de este caso, que era uno de los cinco abiertos en los tribunales por presuntas irregularidades en las obras de la plataforma logística de Zaragoza.
Así, la juez Mercedes Terrer considera en su auto, fechado a 25 de julio de 2014, que no hay elementos que demuestren el delito de prevaricación en las obras de Caladero en el polígono de Plaza. También señala que no ha habido perjuicio para el erario público y que las ejecuciones de las obras se han realizado.
De esta manera, en el auto se pone de manifiesto que no hay nada penal y que si hubiera algo irregular sería de carácter administrativo, tal y como han informado fuentes jurídicas.
Las defensas habían solicitado el archivo el pasado mes de febrero, petición a la que se sumó la propia Fiscalía Provincial de Zaragoza, que promovió el caso, el pasado 15 de julio.
Los cuatro imputados por este caso eran el exviceconsejero de Obras Públicas, Carlos Esco; Santiago Coello, exconsejero delegado de la Corporación Pública Empresarial; Pilar Valdivia, directora de empresas participadas de la Corporación, y Pedro Colás, exdirector financiero de Plaza.
La magistrado del Juzgado de Instrucción número tres de Zaragoza investigaba un posible delito en la desviación de más de tres millones de euros para las obras de interior de las naves de Caladero en la plataforma. Se trata de una de las tres denuncias de la Fiscalía de la Audiencia de Zaragoza presentadas en julio del año pasado sobre contratas de la plataforma.
La noticia ha sido bien recibida por el letrado defensor Juan Monclús quien ha señalado que este sobreseimiento representa que la Fiscalía y la juez se han puesto de acuerdo.
En el mismo sentido se ha pronunciado el abogado de Pilar Valdivia, Jesús García-Huici, quien ha asegurado, en declaraciones a ARAGÓN PRESS, que la valoración es “muy positiva a la vista de la documentación aportada al procedimiento y de las declaraciones de los cuatro imputados”. García-Huici ha destacado que la juez haya tenido en cuenta que en la conducta de los imputados “no ha aparecido indicio de actuación constitutiva de delito”.
Jesús García-Huici ha querido subrayar que esta situación de imputación supone “una gran carga moral por el tipo de trabajo que han venido desarrollando”. Especialmente, ha apuntado, “mi representada, Pilar Valdivia, que es una persona técnica, intachable y que precisamente realizó informes que justificaban esa documentación que faltaba al Tribunal de Cuentas y que ella complementó, pero que llegó tardíamente”.
UPyD, personado como acusación popular, ya ha anunciado que recurrirá este sobreseimiento ante la Audiencia Provincial. La abogada Irene Romea ha explicado que alegarán las consideraciones jurídicas oportunas. Entre ellas, ha concretado, “que creemos que debería de haberse realizado un mayor esfuerzo probatorio”.
Del mismo modo, Romea considera que “sí que hay irregularidades que tienen la suficiente entidad y calado como para poder constituir un presunto delito de prevaricación”.
