Zaragoza.- Las 188 estaciones depuradoras gestionadas por el Instituto Aragonés del Agua limpiaron, a lo largo de 2013, un total de 76,1 hectómetros cúbicos de agua, una cantidad equivalente a la capacidad de almacenamiento de embalses como Barasona, La Tranquera o Caspe. Las cifras han sido aportadas por el Gobierno de Aragón y, en ellas, también se recoge que, gracias a esa labor de depuración, se ha evitado verter a los ríos aragoneses 3.000 toneladas de basura, 130 toneladas de grasa, y se han tratado hasta 14.600 toneladas de contaminación orgánica.
Otro dato significativo informa de que, en 2013, se generaron 56.392 toneladas de fangos, una cantidad que permitiría llenar entre 3.000 y 4.000 camiones que, puestos en fila, ocuparían el espacio comprendido entre Zaragoza y Sabiñánigo.
Según fuentes del Gobierno de Aragón, el Plan Especial de Depuración tiene concluidas 100 de las 131 depuradoras previstas, lo que supone haber actuado ya en diez de las trece zonas geográficas incluidas en el plan. La DGA también reconoce que “los problemas financieros derivados de la crisis económica general han provocado la paralización de los proyectos del Plan de Depuración del Pirineo”. No obstante, avanza que “se está en vísperas de desbloquear la situación gracias a las negociaciones mantenidas con el Banco Europeo de Inversiones”.
Las tres zonas geográficas en las que faltan actuaciones son, en primer lugar, el área del Matarraña, Maestrazgo, Bajo Aragón y Caspe. Según la DGA, esta zona se ha dividido en tres subzonas: una está en ejecución y las otras dos a punto de licitarse las obras. La segunda zona agrupa las regiones de La Litera, el Cinca Medio, el Somontano de Barbastro y la Ribagorza. Estuvo parada por iniciativa unilateral del constructor, el cual, tras una sentencia en su contra, reanudó los trabajos hace varios meses. La tercera zona es el área de Utebo. Desde el Gobierno de Aragón aseguran que se ha procedido a licitar la obra y que, tras adecuar el proyecto a la realidad urbanística actual, la inversión de la construcción se sitúa en los 34 millones de euros.
El Gobierno de Aragón ha optado por un sistema de concesión de obra pública a la hora de construir depuradoras. La empresa concesionaria redacta el proyecto constructivo, ejecuta la obra y explota las instalaciones durante un plazo de 20 años. Desde el Instituto Aragonés de Agua afirman que “es necesaria la participación de la iniciativa privada debido a que los recursos de las administraciones públicas son cada vez más limitados”.
De esta manera, el concesionario percibe unos ingresos en función del caudal de agua depurada que sale de la planta y, con esos ingresos, hace frente a la amortización, financiación de la obra y a los costes de explotación.
