Zaragoza.- La Comisión de Investigación de la CAI ha continuado este martes en las Cortes de Aragón con Deloitte, Acción Social Católica y Aicar-Adicae tras la comparecencia de los representantes sindicales. El presidente de ACS, José Luis Escolá, ha asegurado que la entidad no percibió anomalías, irregularidades o señales de alarma en la gestión de la CAI hasta 2008, con el cese del presidente Rafael Alcázar, tras el que vieron que podía esconderse una "gestión incorrecta" por parte del entonces director general, Tomás García Montes.
Escolá ha insistido en que hasta ese año, la entidad fundadora no percibió señales de alarma en la entidad, entre otras cosas porque se dotó a la obra social con 24 millones de euros, una cantidad elevada que "era contradictoria" con "cualquier situación de anomalía".
Entonces, Acción Católica trató de conocer la verdadera situación financiera, de sustituir al director general (a quien achaca la iniciativa de destituir a Alcázar) por una persona "leal y capaz de enderezar el rumbo", y de recomponer el consenso eligiendo un presidente "de consenso". Asimismo, ha lamentado que García Montes asumiera, "a espaldas de los órganos de control", un riesgo inversor "desmedido" y ejerciera una gestión "personalista y absolutista".
Por eso, el presidente de la fundadora de CAI tiene la sensación, ha reconocido, de haber sido "traicionado en la confianza". Para Escolá, el antecesor de García Montes, Luis Calvera, "quiso aumentar la cuenta de resultados y no vio el riesgo". "Calvera compró un Ferrari, pero tenía carné. El que vino después además de correr más, no tenía permiso de conducir", ha señalado.
Antes que Escolá ha comparecido el socio auditor de Deloitte Aragón Fernando Foncea Ferra, que ha mantenido que sus tres auditorías anuales sobre las cuentas de 2008, 2009 y 2010 fueron favorables y que no vio ninguna irregularidad.
Asimismo, ha puntualizado que en las cuentas anuales estaba "correctamente reflejada la imagen fiel de la entidad". Foncea ha asegurado que no tuvieron constancia de las irregularidades contables de las que sí advirtió el Banco de España, con quien sí que se reunían de forma periódica.
Deloitte no se siente “en absoluto” corresponsable del fracaso de la entidad financiera, porque los asuntos de la gestión no entran en el ámbito de su auditoría. Sí que ha reconocido que se detectó una concentración de la actividad en el negocio inmobiliario "algo más relevante" que en otras entidades.
El último en comparecer ha sido el presidente de la Asociación de Usuario de Bancos, Cajas y Seguros de Aragón (Aicar-Adicae), Manuel Pardos. Durante su intervención ha informado que están estudiando querellarse contra los consejos de administración de la CAI de la época de los directores generales Luis Calvera y Tomás García Montes. La Asociación entiende que son responsables del fracaso de la entidad, porque no cumplieron sus obligaciones de control y supervisión.
De esta manera, ha comentado que pedirán al juzgado, si es necesario, las actas de todas las reuniones de los consejos de administración. Pardos ha indicado que pretenden que las responsabilidades por el "fracaso" de CAI se extiendan más allá de las tres personas que están imputadas por un delito de apropiación indebida y administración desleal, por pagar un viaje privado a Egipto con fondos de la entidad y por la compra de pisos con una rebaja del 50 por ciento.
Según el presidente de la Asociación, estos tres "podrían ser unos chorizos” y unos “chivos expiatorios”, pero ha matizado que el resto de directivos y miembros del Consejo de Administración también tienen su culpa por la dejación de obligaciones. Por esto, ha comentado que “no hay futuro sin la depuración de responsabilidades”.
