La Fiscalía recomienda esperar a la sentencia del Supremo antes de autorizar el derribo de Averly

La Fiscalía no observa conductas penales en la documentación remitida por Apudepa y Ayuntamiento de Zaragoza sobre Averly y considera que debe dilucidarse en el ámbito contencioso-administrativo. El Ministerio Público recomienda esperar a la sentencia del Tribunal Supremo antes de autorizar el derribo de las partes no catalogadas.

Zaragoza.- La Fiscalía de Medio Ambiente ha señalado en un auto que no observa conductas penales en la documentación remitida por la Asociación Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa) y Ayuntamiento de Zaragoza sobre Averly y considera que el conflicto debe resolverse en el ámbito contencioso-administrativo. No obstante, el Ministerio Público ha emplazado a esperar la sentencia del Tribunal Supremo antes autorizar el derribo de las partes no catalogadas de la fundición.

Apudepa denunció que existían "graves ilegalidades" en el Plan Especial de la constructora Brial para Averly. Entre otras, señalaron que el proyecto propone 18 alturas cuando sólo se permiten siete. También aseguran que hay "ilegalidades" en la concesión de la licencia de derribo.

En su escrito, Fiscalía ha respondido a Apudepa que sus “legítimos planteamientos” tendrá que resolverlos la jurisdicción contencioso-administrativa. Sin embargo, ha advertido de que el hecho del derribo de las partes de Averly no catalogadas todavía está pendiente de la resolución de un recurso de casación contra el auto sobre medidas cautelares del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).

El TSJA levantó las medidas cautelares de Averly, pero el Supremo aún debe determinar si el aval de un millón de euros, que no se abonó, era excesivo. La Fiscalía comparte la postura del Justicia de Aragón y reclama “cautela” mientras la decisión no sea firme, sin posibilidades de impugnación. “O, al menos, hasta que haya un pronunciamiento del Tribunal Supremo respecto al auto de medidas cautelares impugnado”, sostiene en el auto.

El Ministerio Fiscal entiende que la concesión de la licencia de derribo y la demolición de los edificios, cuando depende de un procedimiento judicial cuyo objeto es la adopción de una medida cautelar, “supondría frustrar absolutamente el objeto de dicho procedimiento judicial al hacer absolutamente inútil el mismo”.

Según el escrito, parece contrario “a la más elemental lógica procesal” que se pueda adoptar una resolución administrativa que “frustre de manera irreversible el pronunciamiento judicial en un procedimiento en la pieza de medidas cautelares cuya naturaleza es evitar cualquier actuación irremediable”.

Para la Fiscalía, es conveniente que el Ayuntamiento informe a la Sala III del Tribunal Supremo y ponga en su conocimiento la existencia del expediente de licencia de derribo y el estado de su tramitación “y estar a lo que por dicha Sala se indique”.

Urbanismo encarga un informe "urgente" a la asesoría jurídica municipal

Tras conocer este pronunciamiento, Urbanismo ha solicitado que "con la máxima urgencia" se emita informe por la asesoría jurídica con carácter previo a la adopción de la propuesta de resolución que garantice la máxima seguridad jurídica a las partes y la mejor defensa de los intereses públicos que representa el Ayuntamiento.

Así, una vez que se emita el preceptivo informe jurídico, y tras establecer contacto con todos los grupos municipales, “se elevará a la mayor brevedad posible la propuesta de acuerdo que, ajustada a derecho, mejor garantice los intereses públicos que debe preservar el Ayuntamiento de Zaragoza”.

De la misma manera, y siguiendo las consideraciones de la Fiscalía, el Ayuntamiento, en su caso, pondrá en conocimiento de la sala III del Tribunal Supremo la existencia de un expediente de licencia de derribo que afecta a una parte de Averly para recabar pronunciamiento sobre la conveniencia o no de avanzar con este acto administrativo y dará cuenta de estas últimas circunstancias al TSJA.


Pronunciamiento de la Fiscalía