Zaragoza.- El nuevo consejero de Hacienda y Administración Pública, Javier Campoy, se ha planteado entre sus prioridades el impulso definitivo a dos leyes, la de Función Pública y la Ley de Subvenciones, que ya dejó encauzadas José Luis Saz. La primera de ellas será la más próxima, ya que está previsto que entre en el próximo Consejo de Gobierno.
Sólo le falta el informe del Consejo Consultivo después de haber sido acordado con las centrales sindicales de UGT, CCOO y CSI-F, así como de los representantes de todas las administraciones públicas en la Mesa Común de Negociación. La nueva Ley de Función Pública de Aragón sustituirá a la vigente normativa del año 1991 y adaptará sus contenidos al Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). La nueva normativa fijará las condiciones para la prestación de este servicio, que debe regirse por los principios de transparencia, mérito, capacidad e igualdad.
Los ejes vertebradores de la nueva Ley son el desarrollo de las posibilidades que ofrece el Estatuto de Autonomía de Aragón; el fortalecimiento del concepto de ‘función pública como estatuto de servicio público; avanzar en el principio funcionarial, el refuerzo del principio de publicidad y transparencia en la gestión de los recursos humanos, especialmente en lo relativo al acceso al empleo público y a la carrera profesional; impulsar la profesionalización de la Administración Pública; profundizar en la apuesta por la ética del servicio público y fortalecimiento de sus garantías; la simplificación del aparato institucional; y la agilización de los procesos administrativos relacionados con los recursos humanos.
Por otro lado, la Ley de Subvenciones podría entrar en Consejo de Gobierno a mediados de mayo sin esperar a la estatal. Regulará las subvenciones que concedan el Gobierno de Aragón y sus organismos autónomos, las entidades de derecho público y los demás organismos o entidades dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma.
La nueva norma establece obligaciones más rigurosas para los beneficiarios de subvenciones públicas, limita y controla las subvenciones directas, garantiza la transparencia a través de la publicación de resoluciones y sanciones, fortalece los controles sobre el destino dado al dinero público y obliga a los departamentos del Ejecutivo autonómico a elaborar planes estratégicos en los que se planifiquen las líneas de subvención para los siguientes cuatro años, con previsión de gastos, financiación y posibles concesiones directas.
Otra novedad significativa que contempla el texto es la competencia exclusiva del Gobierno de Aragón para autorizar la concesión de las subvenciones cuando el importe global de la convocatoria exceda de cinco millones de euros.
