Zaragoza.- La crisis ha hecho mella en el mercado laboral. A la reducción de salarios y la liberalización del despido se han unido los recortes en políticas sociales y de integración. Los trabajadores con certificado de minusvalía han sido uno de los grupos más afectados y han ido viendo como sus posibilidades de acceder a un puesto eran cada vez más reducidas, especialmente en el ámbito rural.
Para hacer pública esta situación e intentar buscar soluciones, la Fundación Adecco y Bantierra, la Caja Rural de Aragón; realizaron el pasado febrero el informe "La Responsabilidad Corporativa en el medio rural", un trabajo que basa sus conclusiones en un análisis realizado a 71 empresas que operan en el área rural de la región, en municipios con menos de 10.000 habitantes.
Según la Ley de Integración Social del Minusválido (LISMI), sólo las empresas con más de 50 trabajadores están obligadas a incorporar en su plantilla trabajadores con certificado de minusvalía y las entidades más pequeñas son reacias a hacerlo de forma voluntaria. El 21% de las compañías encuestadas tenía más de 50 empleados, y tan sólo el 22% del total tenía en plantilla trabajadores con alguna discapacidad.
Un 90% de las entidades con empleados con minusvalía tenía más de 50 trabajadores en plantilla, y el 10% restante oscila entre los 30 y los 50 empleados. La directora de Responsabilidad Social Corporativa de Bantierra, Jana Catalán, afirma que “el principal problema radica en el tamaño de las empresas y, los estereotipos y barreras mentales existentes en las organizaciones”.
A pesar de esta escasa incidencia, un 84% de las empresas encuestadas destaca que, si tuviera la oportunidad de hacerlo, contrataría personas con discapacidad. El 16% restante no lo considera debido, principalmente, a la peligrosidad del puesto (95%), que considera incompatible con la discapacidad. Además un 3% alega que sus instalaciones no son accesibles y un 2% que tiene temor a bajas continuadas. Catalán incide en que históricamente los empresarios se han referido siempre a barreras arquitectónicas, “pero esas lo son fundamentalmente para personas con discapacidad física. Las más graves son las mentales”.
En España el 9,2% de la población tiene algún tipo de discapacidad y este porcentaje tenderá a ir creciendo a medida que la población envejezca. “Aquella empresa que lo vea y, sea responsable con la discapacidad contará con ventaja con respecto a otras que la ignoren”, apunta Catalán.
Para intentar minimizar toda esta problemática, desde Bantierra apuestan por una deslocalización de las empresas a través de la creación de servicios y entidades que puedan trabajar desde cualquier punto y que, además de prestar servicio en zonas alejadas, eviten la despoblación y fomenten el empleo de las personas del medio rural. “Pero para ello, hace falta un cambio importante de conciencia, no sólo de la ciudadanía, sino de los gobiernos para que promuevan y apoyen estas iniciativas, a través del fomento del consumo responsable de productos y servicios”, detalla Catalán.
Bantierra y Responsabilidad Social Corporativa
La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es un concepto muy amplio que abarca diferentes ámbitos y, aunque es un término del que se ha hablado mucho, el 39% de las empresas del estudio afirmaron desconocer su significado. “La responsabilidad social como tal, en términos generales, es conocida y a la vez confundida con un concepto que se relaciona con una estrategia reservada a grandes empresas. Sin embargo, muchas de las empresas, en su día a día, son socialmente responsables y no son conscientes de ello”, comenta Catalán.
La RSC abarca las políticas sociales, medioambientales, con el entorno, con las administraciones y con todos los componentes de la compañía. “La empresa que es responsable, lo es en sentido global. Al igual que una persona, las empresas cuando tienen una preocupación por su entorno son sensibles a todos los ámbitos. Sí es verdad que, en función del sector de actividad, volcarán más o menos sus esfuerzos en una u otra actividad”, explica Catalán.
Desde Bantierra mediante la sensibilización y los voluntariados corporativos han integrado el objetivo estratégico de eliminar los estereotipos, demostrando que todas las personas tienen capacidades diferentes. “En definitiva, se trata de aflorar y resaltar las competencias y valores de cada una de las personas”, concreta la directora de RSC de Bantierra.
Catalán insiste en que “las empresas como ciudadanos que somos, no podemos obviar nuestro compromiso con la sociedad y con el medio ambiente. En este sentido, sólo serán sostenibles en el tiempo aquellas empresas que además de serlo en el ámbito económico lo sean con su entorno, pero una cosa guarda relación con la otra, ya que los consumidores, cada vez más, valoran este atributo de responsabilidad”.
La discapacidad en el medio rural
Las zonas rurales son ambientes más cerrados y esto supone un obstáculo añadido para las personas discapacitadas. El acceso a algunos servicios como la sanidad, la educación o el trasporte son más complejos y, además, existen numerosas barreras arquitectónicas que impiden que puedan desenvolverse con facilidad. Por esta razón, las personas con minusvalías que residen en el medio rural están en una situación de doble exclusión social, y su vulnerabilidad es mayor.
Catalán considera que “la integración laboral tiene que pasar en primer lugar por un proceso de reintegración social”. “En el entorno rural por la escasez de recursos y medios esa brecha se agranda con respecto al medio urbano, donde las personas con discapacidad cuentan con más medios y apoyo”, afirma.
