Zaragoza.- Ocho años de prisión. Esa es la pena a la que se enfrenta una administrativa por apropiarse, supuestamente, 300.000 euros de dos empresas ejeanas. Ella firmó un reconocimiento de deuda, pero ahora ante la Audiencia Provincial de Zaragoza ha asegurado que lo hizo obligada.
Los hechos por los que se ha sentado en el banquillo María Jesús V.A. ocurrieron entre 2004 y 2011, si bien no fueron denunciados ante el juzgado hasta un año después de ser despedida. Las dos empresas, una dedicada a las fincas y otra a la integración porcina, le acusan de transferir a sus cuentas dinero, a través de cheques. Asimismo, aseguran que facturó obras en su vivienda a nombre de estas sociedades.
Sin embargo, ella ha señalado este martes que es verdad que sacó el dinero, pero porque así lo había hablado con sus jefes. De hecho, ha descrito una especie de acuerdo con sus responsables en los que “iba sacando cantidades para no llegar a los 30.000 euros y así eludir impuestos”.
“Empecé a trabajar para atender la puerta y ellos me dijeron que hiciera cursos de contabilidad para luego utilizarme”, ha señalado esta mujer, que ha sido defendida por el abogado Javier Notivoli.
Las extracciones de dinero se prolongaron en el tiempo, según ha declarado, hasta que un día decidió poner a su nombre unas facturas, tal y como le habían recomendado unos familiares ante la ilegalidad que podía estar cometiendo. Entonces, “se lo llegaron a decir hasta al director del banco, donde las hacía tres días a la semana”, ha afirmado, mientras reconocía que se “sacaban 2.999 euros para evitar controles”. El caso ha quedado visto para sentencia.
