El PSOE pide aprobar una ley que garantice los suministros básicos de los ciudadanos

El Partido Socialista ha pedido la probación de una ley para garantizar los suministros básicos y proteger los derechos económicos de los ciudadanos, como son el agua, la electricidad, el gas, la telefonía o internet. La iniciativa se aprobará en la Comisión de Hacienda este lunes.

Zaragoza.- El PSOE ha presentado una iniciativa en las Cortes de Aragón que se debatirá este lunes en la que se pide al Gobierno central que apruebe una ley para garantizar los suministros básicos (agua, electricidad, gas, telefonía e internet, carburantes). La iniciativa pretende proteger los derechos económicos de los ciudadanos.

El portavoz socialista en la Comisión de Hacienda, Florencio García Madrigal, ha explicado que esta nueva ley afectará imperativamente a los operadores y compañías que comercializan los suministros que vendrán obligadas a disponer de procedimientos tasados para la reclamación ejecutiva de los ciudadanos, familias y hogares y que serán identificables y articulados en las administraciones territoriales. Añade que la reclamación y defensa de los ciudadanos se efectuará a través de los órganos de la Comunidad Autónoma.

García Madrigal ha indicado que “en Aragón, según los datos de las Encuestas de Población Activa bajan los ocupados, se incrementan los parados, son más numerosos los hogares con todos los activos parados y asimismo se dificulta la emancipación familiar, puesto que la tasa de paro de menos de 25 años es la más alta de Europa”.

El parlamentario entiende que “la situación familiar se agrava por la espiral de recesión económica, exclusión y desempleo que frenan el consumo de muchas familias y les acerca a la pobreza convirtiendo cada mes en una cuesta para el mantenimiento del hogar por la carestía y la desregulación de los servicios básicos y generales”.

El diputado solicita la aprobación de una ley para proteger los derechos económicos de los ciudadanos y que regule y garantice los suministros básicos para así defender la capacidad económica de los ciudadanos.