Zaragoza.- El juez que investiga los sobrecostes de 17 millones de euros en la construcción de 119 naves en Plaza ha finalizado la toma de declaraciones a miembros del Consejo de Administración. Por el despacho del titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza, Francisco Picazo, han pasado en tres días un total de 27 consejeros. Este viernes, los once que han testificado han reconocido que no fueron explicados los sobreprecios.
El más claro de los declarantes de este viernes ha sido el expresidente de la Plataforma Logística de Zaragoza, Alfonso Vicente, quien ha reconocido que ni su compañero en el Gobierno de Aragón, el socialista Carlos Esco, ni el exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, informaron al organismo rector de este aumento del coste de las obras por parte de la empresa del otro de los imputados, el máximo accionista del Real Zaragoza, Agapito Iglesias.
De esta forma, Vicente se suma a otros miembros del Consejo de Administración que desacreditaron las declaraciones de los imputados en las que se afirmaba que éstos estaban al corriente de todo.
Según las declaraciones a las que ha tenido acceso ARAGÓN PRESS, Vicente ha aseverado que “no tuvo conocimiento ni de los contratos con Codesport ni de Autocity”. “Revisando las actas me he dado cuenta de que las obras iban con retraso, pero ahí no aparecía nada de los sobrecostes”, ha matizado.
Una situación que ha llevado al letrado del actual Ejecutivo autonómico a preguntarle por si había algún impedimento para tratar en el orden del día este tema, siendo respondido por Alfonso Vicente de forma negativa. “Si hay un evento extraordinario, no hay ningún impedimento para que se incluya en el orden del día”, ha señalado. Y es que Esco y García Becerril firmaron los pagarés el día de antes de que se celebrase dicho pleno.
Casualmente, Esco firmó cuatro pagarés que supusieron dichos sobrecostes. Uno de ellos, que superaba los tres millones de euros debía de pasar por las manos del expresidente de Plaza, pero no fue así. Esco aseguró ante el juez que “no sabe por qué” asumió dichos poderes. “Igual los firmé porque iban los cuatro juntos y lo hice de forma automática”, apostilló.
En una línea similar ha declarado el vicealcalde de Zaragoza, Fernando Gimeno, quien ha afirmado que “en junio de 2009 se explicó que se iba a producir una previsión de gastos en naves modulares, tal y como se proyectó en el power point, pero no la cifra del mismo, ni tampoco si esta cifra se correspondía con pagarés librados en 2008”.
Que los pagarés no fueron presentados en el Consejo de Administración también lo han señalado la concejala del Ayuntamiento de Zaragoza Isabel López; la consejera municipal de Servicios Públicos, Carmen Dueso; el empresario Marcos Galucho; el exconsejero delegado de la Corporación de Empresas Públicas José Ignacio Salafranca; Agustín García Inda, actual secretario general técnico de Educación, y Fernando Casasnovas, ambos como representantes de la CAI en el Consejo de Administración.
El contrato de venta con Autocity tampoco se enseñó
Los hoy declarantes también han aseverado que el contrato de arras con Autocity en el que Plaza vendía las naves que construía Agapito Iglesias no se mostró nunca en el Consejo de Administración. Este documento fue el que provocó los sobrecostes, desnaturalizando el primer contrato “llave en mano”, aumentando el número de naves a 119.
El único que sí ha conocía los términos del mismo, por que sí se lo explicaron, ha sido el exconsejero socialista Alfonso Vicente, si bien no ha podido decir que lo vio.
García Becerril fue cesado por falta de confianza
El exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, fue cesado en junio de 2011 por quien fuera presidente del Consejo de Administración, Alfonso Vicente. Previamente, el consejero delegado en la plataforma Carlos Esco también abandonaba el cargo por su salida del Ejecutivo para irse a Telefónica.
La expulsión de García Becerril, que está imputado en tres casos relacionados con el centro logístico, se debió por una falta de confianza. Así lo han reconocido el propio Vicente, la consejera municipal Carmen Dueso y el empresario Marcos Galucho.
No obstante, el más explícito en las explicaciones ha sido el vicealcalde Fernando Gimeno, quien ha admitido que “se descubrió en 2010, en el momento en el que se estaban cerrando unas negociaciones con la UTE, García Becerril había llegado por su cuenta a otro acuerdo sobre una liquidación de obras por valor de 8 ó 9 millones de euros, por lo que fue despedido”.
