Zaragoza.- Sinónimo de arte y patrimonio industrial, Averly ha despertado en los últimos tiempos un creciente interés. La constructora Brial y la Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa) encarnan las principales propuestas. Mientras que la primera ha proyectado la construcción de 200 pisos, con 18 alturas, en las instalaciones de esta histórica fundición, Apudepa pelea por la protección íntegra del conjunto. Un conflicto de intereses que ha llegado hasta los tribunales, quienes ahora deberán determinar el interés histórico, artístico y patrimonial del conjunto.
La declaración del 32% de las instalaciones de Averly, unos 2.880 metros cuadrados, como Bien Catalogado del Patrimonio Cultural Aragonés el 28 de noviembre de 2013 supuso un mazazo para Apudepa, cuyos miembros habían peleado por una protección íntegra y su catalogación como Bien de Interés Cultural (BIC). “Esta protección condena a la desaparición a uno de los más maravillosos conjuntos industriales europeos”, considera el presidente de esta asociación, Carlos Bitrián.
Por ello, el pasado 22 de enero Apudepa presentó un recurso contencioso administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) contra la orden del Gobierno de Aragón que declara algunas partes de esta factoría como Bien Catalogado. Un recurso acompañado de ocho informes periciales elaborados por “personas de un altísimo prestigio científico” que tienen como conclusión compartida, según señala Bitrián, “el hecho de que Averly es el bien más importante del patrimonio industrial aragonés y uno de los más importantes del patrimonio español y europeo”.
Algunos de los autores de estos informes son el anterior coordinador del Plan Nacional de Patrimonio Industrial, Alberto Humanes; el catedrático de la Universidad de Zaragoza, Manuel Silva, o la doctora arquitecto especializada en patrimonio industrial, Diana Sánchez Mustiéles.
La huella de Averly, fundada en 1853, está presente en toda la ciudad. Por ejemplo: en la veleta de la catedral de la Seo, en farolas, fuentes o papeleras. Sus instalaciones, ubicadas en el paseo María Agustín, siguen el modelo de villa factoría, en el cual el propietario y director de la fábrica residía junto con su familia en una vivienda anexa a las mismas dependencias fabriles. Analizada la tecnología y la maquinaria se puede afirmar que dicha empresa ha sido relevante en la primera revolución industrial en la ciudad de Zaragoza.
El interés de Apudepa en conservar esta “joya del patrimonio industrial aragonés” les llevó a solicitar al juez la adopción de medidas cautelares, “con urgencia”, para paralizar cualquier obra hasta que el juez resuelva el recurso. “Entendemos que cualquier obra en Averly, no sólo una de derribo sino cualquiera que suponga la desfiguración interior, está haciendo, en la práctica, imposible cualquier sentencia estimatoria que en el futuro podamos tener”, aclara Bitrián.
Además de esta asociación, también han mostrado su preocupación por el futuro de esta histórica fundición más de 200 expertos y científicos que han firmado un manifiesto de apoyo a Averly. Entre ellos, más de la mitad de la Real Academia de Ingeniería ha suscrito este manifiesto. El presidente de Apudepa resalta que con este “inmenso apoyo” han constatado que “Averly no es una pieza más de la ciudad ni del patrimonio aragonés, sino que es una pieza capital y su destrucción será una de las mayores afrentas que se le pueden hacer a la cultura y a la historia de la técnica en nuestra tierra”. “Es un caso excepcional y único, uno de los grandes ejemplos de fábricas de metal mecánica del siglo XIX de Europa”, resalta la vicepresidenta de Apudepa, Belén Boloqui.
La declaración como Bien Catalogado que hizo efectiva el Gobierno de Aragón contempla la protección de la portada principal, la vivienda y el jardín, el edificio de oficinas, el Taller de Ajuste, la red de dependencias subterráneas y la red de transporte interno. Además, el expediente de catalogación engloba también al material mueble, lo que afecta “a la maquinaria y herramientas de producción, los productos fabricados y los moldes y modelos”, explica el director general de Patrimonio, Javier Callizo.
También el Archivo Documental de Averly está protegido. Callizo considera que éste goza “del mayor interés patrimonial y documental porque refleja la historia de la empresa a través de sus más de 150 años”. Su contenido se estructura en 31 series entre las que se distinguen Libros de correspondencia, Libros de salida y entrada de mercancía, facturas y recibos, proyectos, planos, bocetos, croquis y diseños, Libro de diplomas, colección de negativos fotográficos, Libro de balances, Libros de personal laboral y material publicitario (catálogos, publicidad). Callizo asegura que se trata de “una información interesantísima tanto para conocer lo que fue esta factoría como para entender lo que fue la industrialización de Aragón”.
“Esas piezas no pueden ser demolidas y han de ser conservadas como reflejo fiel de un patrimonio que no sólo es material sino también y, fundamentalmente, inmaterial porque yo creo que lo que estamos protegiendo es la memoria de una etapa importantísima de la historia industrial de Aragón”, opina Callizo.
La nave de calderería, la de carpintería o el espacio dedicado a albergar los modelos no se recogen en la protección del Gobierno de Aragón. En total, suponen 6.000 metros cuadrados.
Un retraso “con pérdidas”
En medio de la polémica por el grado de protección de la antigua fundición, la constructora Brial está pendiente de que el Ayuntamiento de Zaragoza les conceda la licencia de derribo. Licencia que, a su vez, depende de que se resuelva el recurso contra el nivel de catalogación del complejo industrial. El arquitecto Teófilo Martín explica que, aunque los trámites “van justos de tiempo”, sería posible “iniciar la tramitación de proyectos y licencias” antes de que termine el año para comenzar la construcción de viviendas que permite el PGOU de 2004 en este lugar.
La constructora adquirió el conjunto a la familia Hauke por ocho millones de euros para la construcción de 200 viviendas y ya ha abonado 2,5 millones. El resto está pendiente de pago conforme se entreguen las primeras viviendas.
Desde Brial han visto cómo un terreno que compraron sin “aparente valor” –en 2005 sólo estaban protegidas la portada, la casa, la verja del conjunto y el jardín- ha despertado un profundo interés en los últimos tiempos que ha ido reduciendo el suelo disponible para la construcción. Lamentan que la polémica haya surgido “con el cambio de propietario”.
La declaración del 32% del conjunto como Bien Catalogado les obligó a cambiar su proyecto residencial. “Ha habido una ligera reducción del espacio y eso ha supuesto que hemos tenido que reordenar la edificación dentro del espacio en el que se puede construir”, comenta Martín. Eso ha supuesto una modificación de alturas y “todavía se está estudiando cómo mejorar la edificación dentro del ámbito que se puede construir para que tanto la afección sobre la parte construida como el resultado final para la ciudad, evidentemente, sea el mejor posible”, ha puntualizado este arquitecto.
Inicialmente, se ha proyectado un edificio “escalonado”, de modo que va desde una plata baja más nueve alturas hasta una planta baja y 18 alturas, pasando por niveles intermedios. La construcción de los edificios más altos está prevista en la zona “más alejada del área que se va rehabilitar”. El Ayuntamiento ha considerado este planteamiento “más o menos razonable pero en función de lo que proponga se pueden hacer modificaciones”, ha reseñado Teófilo Martín.
Así las cosas, y ante el recurso de Apudepa, Brial considera que la paralización cautelar de estos trabajos supondría “perjuicios importantes” con pérdidas y piden un aval de 4,5 millones. A su vez, han remitido una comunicación al TSJA para volver a la catalogación del año 2005. En función de si el juez estima o no las medidas cautelares interpondrán su recurso.
Tras percatarse del interés que la factoría había despertado, desde Brial incluso encargaron un informe a un experto en patología de la investigación para que determinara el valor de la propiedad. Fuentes de la constructora aseveran que el informe reveló la existencia de “vigas con carcoma, tejidos hundidos, suelo acombados y paredes derrumbadas”, entre otros aspectos. El informe cifra en “unos 10 millones de euros” los trabajos para la conservación en buen estado del conjunto íntegro mientras que la DGA fija en 4,5 el mantenimiento de las instalaciones.
“No queremos destruir nada”, aseguran desde la constructora, quienes temen que, si se mantiene la catalogación actual y les conceden la licencia de derribo, nadie se haga cargo de la zona catalogada y quede como un espacio abandonado anexo a las viviendas. En este sentido, instan al Consistorio a considerar la propuesta que hizo la Cámara de Comercio, a través de la Fundación Basilio Paraíso y la colaboración de la Confederación de Empresarios, para asumir la cesión del conjunto catalogado y diseñar un Museo de la Industria de Aragón.
Para Teófilo Martín, la declaración como Bien Catalogado del 32% del conjunto “puede afectar positivamente en la medida en que aparece un espacio para la ciudad que se puede convertir en un ámbito cultural complementario a lo que va a ser el Caixafórum, lo que es bueno para la ciudad”. “La mezcla de usos y la riqueza de espacios siempre es positiva en la medida en que se crea vida, personas que viven, que utilizan los espacios”, ha puntualizado Martín, quien ha recordado que, actualmente, se trata de un espacio “con muy poco uso que se puede convertir en un lugar mucho más amable”.
La solución que ha adoptado el Gobierno de Aragón es, a su juicio, “posible” ya que “aúna la conservación de una parte importante de la ciudad, con una zona residencial” y, ha recordado, que es una propuesta “sostenible y económicamente posible” en la medida en que “se mantiene el aprovechamiento del PGOU y el espacio catalogado se cede para usos culturales”.
A su juicio, cualquier otra solución, como la catalogación de la totalidad del área, supondría “un coste importante para la ciudad” en la medida que “hablamos de un espacio privado que habría que comprar e indemnizar a los constructores que en su día lo compraron con unas expectativas”.
El Ayuntamiento, a la espera
Mientras esperan la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, desde el Servicio de Inspección del Ayuntamiento de Zaragoza han trasladado a la propietaria del complejo la necesidad de adoptar medidas de seguridad “para evitar el riesgo y los desprendimientos”, explican fuentes municipales. Desde el Consistorio señalan además que el PGOU ya reconoce desde hace décadas el espacio donde se ubica Averly como zona residencial.
De este modo, según estas mismas fuentes, “se ha procedido a apuntalar algunas partes vinculadas a las cubiertas de los edificios” y se taló un ailanto, con permiso del Gobierno de Aragón y del Consistorio, “porque generaba daños en la cubierta”. Asimismo, la familia Hauke ha trasladado la mayor parte de los bienes muebles, dado que son de su propiedad.
La resolución del Tribunal Superior de Justicia de Aragón determinará el grado de convivencia entre el patrimonio industrial aragonés y una nueva zona residencial en la ciudad.
