Zaragoza.- El exviceconsejero de Obras Públicas en la época del presidente socialista Marcelino Iglesias y consejero delegado de Plaza, Carlos Esco, ha sido imputado en la causa judicial que investiga los supuestos sobrecostes de 17 millones de euros en unas obras realizadas por la constructora Codesport.
Así lo ha decretado el magistrado del Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza, Francisco Picazo, después de tomar declaración al hasta ahora único imputado en la causa, Ricardo García Becerril, exgerente de la Plataforma Logística de Zaragoza. Según ha podido saber ARAGÓN PRESS, un total de nueve veces ha nombrado a Esco como la persona que “aprobó esos pagos”, que actualmente están siendo auditados. Asimismo, cita a declarar, aunque como en calidad de testigo al director financiero de Plaza, Pedro Colas.
Estos nuevos imputados en el caso Codesport también lo están en otro de los ocho asuntos que actualmente investigan los juzgados de la capital aragonesa sobre supuestas irregularidades cometidas en la puesta en marcha de Plaza. Concretamente, en la desviación de más de tres millones de euros registrada en las obras de interior de las naves de la empresa Caladero.
El asunto por el que ha acudido a testificar parte de una denuncia de su sucesor en el cargo, Jesús Andreu, en la que se señalaba que García Becerril había firmado cuatro facturas sobre modificados, revisión de precios y sobrecostes por las que unas obras “llave en mano”, es decir, que su contrato impide modificaciones, que produjeron un exceso de 17.814.003,21 euros abonados “indebidamente” a la contrata seleccionada, propiedad del constructor y accionista del Real Zaragoza, Agapito Iglesias. En dicha reclamación, Plaza también reprochaba que García Becerril asumiera poderes del Consejo de Administración al no contar con sus aprobaciones.
Sin embargo, estas afirmaciones de la denuncia las ha negado ante el juez; el fiscal; su abogado José María Pabán (del despacho Gimeno del Busto), el abogado de Plaza, Rafael Alcácer Guirao (del bufete madrileño Oliva-Ayala) y el abogado de la Comunidad Autónoma.
García Becerril ha señalado que no recuerda si firmó “pero que si está su sello es porque estaba facultado para firmar las facturas porque le habían otorgado poderes el Consejo de Administración”. “En primer lugar las rubricó Esco y luego yo, pues ello era preceptivo”, ha recalcado. Sin embargo, en un momento de su declaración admite que “no recuerda si este órgano supervisor debatió el tema porque había diez al año”.
No obstante, ha sido preguntado por si había algún tipo de autorización del director técnico de Plaza, Miguel Ángel Pérez, (imputado por la supuesta malversación de 50 millones de euros, junto a otras diez personas), respondiendo que “a esas alturas, a la fecha de emisión de los pagarés, la obra ya estaba acabada”. “No recuerdo con exactitud qué es lo que hizo Pérez, sólo me limité a llevar la documentación a su superior que era el consejero delegado”.
El exgerente de Plaza ha justificado las modificaciones, aseverando que obedeció a que un empresario, Expocity, compró todas las naves de vez y en esa adquisición cambió el proyecto para “obtener más rendimiento, tanto Plaza como esta sociedad como vendedor”. Este nuevo proyecto, ha resaltado, obedeció a la oferta de Autocity de comprar 119 naves y para ellos “fue una de las mejores operaciones que hicieron”.
De hecho, ha recalcado que esas situaciones “no pueden ser imputables a Codesport”, sino que obedecía al interés de la Plataforma Logística de Zaragoza, ya que sobre una previsión de ingresos de “20 millones se aumentaba a más de 30”.
En este mismo sentido, ha rechazado “pactos” de estos sobrecostes con el dueño de Codesport, Agapito Iglesias, además de negar que se reuniese asiduamente los viernes con Agapito en las instalaciones de Plaza.
