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Miércoles, 23 de enero de 2019
Sociedad

22/1/2014

Manos Limpias se persona en el caso Molinos

El sindicato Manos Limpias se persona en el caso Molinos. El juez instructor acepta que este colectivo ejerza como acusación popular en el caso de corrupción urbanística que se investiga en el municipio de La Muela. La Fiscalía solicita 263 años de prisión para los 43 imputados.
Luis Miguel Gabás
Imagen de archivo de María Victoria Pinilla
Imagen de archivo de María Victoria Pinilla

Zaragoza.- El juez que instruye el caso Molinos ha aceptado la personación del sindicato Manos Limpias. El magistrado Alfredo Lajusticia permite que este colectivo ejerza en la acusación popular en el caso de corrupción urbanística que se investiga en el municipio de La Muela.

Manos Limpias considera que tiene en sus Estatutos, como uno de sus objetos, precisamente, el de defender este tipo de intereses, en casos judiciales de corrupción, y por esta razón solicita su personación en la presente causa.

El colectivo apunta que en esta operación han “intervenido empresas y grupos de fuera de la Comunidad de Aragón”, y que el Municipio de La Muela y “todo lo que urbanísticamente sucedía en él tenía una trascendencia nacional, e incluso internacional”.

La Fiscalía pide 263 años de prisión para los 43 imputados en el caso Molinos, la mayor trama de corrupción urbanística en Aragón hasta la fecha ocurrida en el municipio zaragozano de La Muela. La exalcaldesa de la localidad, María Victoria Pinilla, acumula el mayor número de cargos con 24 delitos. La fiscal María Victoria Esponera pide para ella 37 años de cárcel, 165 de inhabilitación para empleo o cargo público y 22.821.000 euros de multa, según el señalamiento judicial.

La representante del Ministerio público considera a Pinilla como la presunta artífice de prácticas corruptas a través de la Sociedad Urbanística de La Muela (SULM), que gestionaba Aranade, encargada de urbanizar el municipio. Según indica el señalamiento judicial, la exalcaldesa recibió “un trato de favor, regalos y pagos de dinero” del gerente de Aranade, Julián de Miguel, para el que la Fiscalía pide 26 años de prisión y multas por nueve millones de euros. La fiscal considera que, entre los años 2002 y 2009, la exalcaldesa percibió unos 3,5 millones de euros.

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