Zaragoza.- En estos momentos, los juzgados investigan ocho causas diferentes sobre supuestas irregularidades en la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza). Uno de los magistrados instructores, la del número 3, Mercedes Terrer, ha tomado declaración este miércoles a dos de los cuatro imputados en la desviación de más de tres millones de euros registrada en las obras de interior de las naves de Caladero.
El primero en comparecer ha sido el exviceconsejero de Obras Públicas del Gobierno de Aragón en la época socialista, Carlos Esco, quien ha asegurado que los modificados del contrato respondieron a causas “sobrevenidas ajenas”. Según ha podido saber ARAGÓN PRESS, ha reconocido que la demora de la finalización de nueve meses, que supusieron una desviación del 100% respecto al plazo del contrato, respondía a que el Ayuntamiento de Zaragoza “exigió la creación de un túnel subterráneo de evacuación o modificación del sistema contraincendios de cara a conceder licencias”; que fue necesario hacer un estudio particular para los muelles de carga que necesitaron un pilotaje específico porque “sólo se había hecho uno general”, y otras modificaciones complementarias como “en cualquier obra”.
La denuncia de la Fiscalía, tras un informe del Tribunal de Cuentas, señala que la constructora Conavinsa y Plaza Desarrollos Logísticos acordaron el día de la recepción de la obra, 4 de enero de 2010, que no tenían nada que reclamarse y que quedaban saldadas las obligaciones derivadas del contrato, que valoraba la obra en 11,25 millones de euros.
Seis días después todo cambiaba cuando estas partes acordaron una modificación del contrato por la que el precio de los trabajos aumentaba en 1,88 millones. Al día siguiente, el 11 de enero de 2010, pactaban formalizar un contrato complementario para incluir una serie de actuaciones cuyo coste ascendía a 1,22 millones.
Unas modificaciones que no fueron penalizadas, tal y como ha reconocido el propio Esco, que ha declarado como imputado por prevaricación administrativa, ya que era algo que iba más allá de la “empresa y las partes implicadas en la operación”.
De hecho, quien fuera consejero delegado de Plaza ha defendido que Caladero quisiera tener “un control técnico” sobre las obras que se iban a realizar “porque era quien iba a soportar económicamente durante treinta años el arriendo”. “En el concurso se está dando un valor del 40% al precio, cuando lo normal en las obras suele ser un 20 ó 25%”, ha recalcado.
Asimismo, Carlos Esco, que está defendido por el letrado Juan Monclus, ha asegurado que “no ha habido perjuicio al erario público porque Caladero se comprometió a pagar absolutamente todo”.
Una obra para satisfacer las necesidades de Caladero
El otro en testificar, también en calidad de imputado, ha sido el exconsejero delegado de la corporación pública, Santiago Coello, quien ha resaltado la importancia de que este proyecto se estableciera en Aragón y no en otra oferta que estaba en Andalucía. De hecho, ha defendido que son “públicos y notorios” los grandes beneficios de esta empresa en la creación de empleo y en el desarrollo de carga del aeropuerto de Zaragoza.
Coello ha coincidido con Esco en decir que el Gobierno de Aragón se comprometía a construir y alquilar una nave y a cambio Caladero se comprometía por contrato de arrendamiento con una cuota “incluyendo no sólo el valor del coste de construcción, sino también el valor del suelo”. También ha señalado que dicho contrato “no abarcaba movimientos de tierra”.
Para esta operación, el Ejecutivo autorizó el endeudamiento de Savia. Santiago Coello, que está siendo defendido por el abogado José Manuel Marraco, también ha defendido que la obra se hiciera por concurso “como la mayoría de los contratos de la Administración”.
Ambos imputados están en la causa por tener poderes de administradores mancomunados, si bien abandonaron sus puestos durante los años en los que se produjeron las modificaciones. Sus sucesores, Pilar Valdivia, defendida por Jesús García-Huici, y Pedro Colás, auxiliado por Eladio Mateo Ayala, tendrán que dar su versión al respecto el próximo 10 de febrero. Estos últimos también están imputados por prevaricación administrativa.
Fiscalía no acude y la acusación pública se queda sin preguntar
Aunque la Fiscalía fue la que interpuso la denuncia, ningún representante de Ministerio público se ha presentado a esta toma de declaraciones. Situación que ha sorprendido a los abogados defensores de los imputados.
Visiblemente enfadada se ha visto a la letrada que ejerce la acusación popular, Irene Romea, en nombre de UPyD, que no ha podido realizar ninguna de sus preguntas a Esco y Coello. Ambos han declinado hacerlo, si bien la abogada ha “lamentado el desprecio a los ciudadanos aragoneses que merecen una explicación”.
