Un paso más para una administración cristalina

El Ayuntamiento de Zaragoza hará públicas, a través de su página web, las retribuciones, bienes y derechos que los ediles perciban de su trabajo en la institución. Quedarán excluidos aquellos ingresos procedentes de otras administraciones o de empresas. Así lo determina la nueva Ordenanza de Transparencia y Libre Acceso a la Información que se ha aprobado inicialmente en Comisión. Una norma pensada para la ciudadanía, que podrá conocer las remuneraciones de los concejales, las cuales emanan del bolsillo de los contribuyentes.

El ciudadano es, sin duda, el protagonista de esta ordenanza, que pone la información municipal al alcance de todos. Tras su aprobación definitiva, los zaragozanos dispondrán de una base sólida de datos para conformar sus opiniones y conocer si las decisiones que adoptan los gestores municipales son o no acertadas. Además, la publicación de datos en la red dificultará su manipulación.

Esta ordenanza convierte a Zaragoza en una de las primeras grandes ciudades españolas en contar con una normativa de este calado, un ejemplo de claridad administrativa. Asimismo, supone un importante refuerzo a los valores democráticos en un momento en el que la confianza de los ciudadanos está muy deteriorada por los continuos casos de corrupción que copan la actualidad informativa. Todos los grupos municipales han contribuido en la redacción del texto, haciendo gala de ese espíritu democrático ausente en otras cuestiones importantes.

La nueva norma obligará al Consistorio a hacer públicos todos los datos sobre nóminas, gastos de viaje, protocolo y subvenciones. A partir de ahora, los ediles deberán actuar con responsabilidad y cumplir la ordenanza de forma escrupulosa. Escudarse en la Ley Orgánica de Protección de Datos, por ejemplo, para evitar la publicación de algunas informaciones podría enturbiar el objetivo fundamental de la norma.

El Ayuntamiento no debe perder esta oportunidad de convertirse en una Casa Consistorial mucho más abierta, participativa y democrática. La Administración y los partidos políticos no tienen que tener miedo y deben contribuir a que la ciudadanía disponga de la información de los proyectos que pone en marcha.