Zaragoza.- Los ayuntamientos que encomienden el cobro de sus impuestos y tasas a la Diputación Provincial de Zaragoza podrán obtener descuentos de hasta un 8,3% en la recaudación voluntaria y de un 15% como máximo en la ejecutiva.
El Pleno de la Diputación ha aprobado por unanimidad una modificación en las aportaciones que la institución cobra en función de los servicios de recaudación y gestión que estaba establecido en un 4,5% en la voluntaria y en un 50% en la ejecutiva.
A partir de ahora, los municipios obtendrán descuentos dependiendo de su fidelización, de si delegan impuestos obligatorios (IBI, IAI o el de vehículos), y de las cuantías que supongan.
Este cambio supondrá que la institución provincial reduzca sus ingresos, pero “abre el abanico” para que los municipios más grandes tengan la posibilidad de que la DPZ preste este servicio, efectuando así un “importante” ahorro tanto en coste de personal como en el propio servicio, ha destacado en declaraciones a los medios de comunicación su presidente, Luis María Beamonte. “Cumplimos una de las encomiendas importantes que tenemos asignadas. Se ha hecho de una manera muy sensible y forma parte de esa labor esencial que tiene como misión las diputaciones provinciales”, ha agregado.
Beamonte ha aclarado que esta modificación no se va a haber afectada con la reforma de la administración local, apuntando que con ella queda “fortalecida”.
El presidente ha considerado que es un momento “oportuno” para que se incorporen todos los municipios que quieran, ya que ahora no lo están en todo el paquete. “Lo que pretendemos es buscar el orden de todo y hacerle a los ayuntamientos las cosas más fáciles”, ha aseverado.
Además, ha comentado que en diez años se ha triplicado la cuantía de los impuestos gestionados hasta los 66 millones de euros en 2013.
La institución provincial asume en la actualidad la delegación de la recaudación de tasas e impuestos en 285 de los 293 de la provincia. Los municipios que no tienen cedido este servicio son Zaragoza, Calatayud y Utebo así como La Puebla de Alfindén, Alfajarín, Nuez de Ebro, Osera de Ebro y Villafranca de Ebro, poblaciones que están gestionadas por la Mancomunidad de la Ribera.
De los municipios que hacen uso de este servicio, 211 tienen cedido el cobro del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) mientras que 57 han delegado el del Impuesto sobre Vehículos.
En la sesión, el portavoz del PSOE, Martín Llanas, ha dicho que están de acuerdo con esta filosofía y ha invitado a los municipios a incorporarse al servicio.
El diputado de Chunta Aragonesista, Bizén Fuster, ha mostrado su satisfacción por este acuerdo que fue iniciativa de su formación y ha señalado que el objetivo es que se mantenga la calidad y eficiencia del servicio prestado y que los ayuntamientos salgan beneficiados.
Ha informado, además, de que la mayoría de los ayuntamientos tienen delegados tributos, aunque no tan importantes como es el de circulación que podría compensar la disminución de ingresos de la institución.
Por su parte, el portavoz de Izquierda Unida, José Ángel Miramón, ha apuntado que comparten el propósito, aunque ha puesto en duda el ahorro que supondrá para los ayuntamientos porque “solo uno supera los 20.000 de ahorro y sólo cuatro, los 10.000”.
Otros asuntos
En el turno de ruegos y preguntas, Llanas le ha preguntado por las obras del Parador de Veruela y Beamonte ha avanzado que la previsión es que esté listo a mediados de este año.
En este sentido, ha explicado que hay una actuación que corresponde a la Secretaría de Estado, y otra a la DPZ que se refiere a las obras de acceso y a la entrada para continuar añadiendo que la institución provincial "cumplirá su parte".
Sobre las medidas que va a adoptar para el cobro de los 700.000 euros que adeuda Serolo, ha dicho que se va a poner en marcha y que no descarta medidas de “naturaleza penal”.
Llanas también le ha pedido que los repartos de ayudas se hagan de la forma más equitativa posible y que llegue a todos los municipios. A este respecto, el presidente ha asegurado que “hará todo lo posible” para que se cumpla lo acordado, afirmando que los problemas “puntuales” que se han generado “obedecen a una naturaleza distinta a la de la mala intención”.
