Zaragoza.- El Informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) respetará los órganos propios recogidos en el Estatuto de Autonomía. Así lo ha anunciado el consejero de Presidencia, Roberto Bermúdez de Castro, tras participar en una reunión a la que han asistido representantes de las Comunidades gobernadas por el Partido Popular.
Bermúdez de Castro ha mostrado su satisfacción por ello, señalando que han comprendido lo que se ha dicho en Aragón: que el Justicia, la Cámara de Cuentas son órganos “intocables”.
La reunión ha sido presidida por la secretaria general del PP, María Dolores Cospedal, y ha asistido el vicesecretario general de Política Autonómica y Local, Javier Arenas; la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría; y el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.
El PP, en una nota, señala que los planteamientos del Cora pretenden reducir y eliminar duplicidades y estructuras superfluas o prescindibles y aumentar la eficacia en la gestión de medios y servicios públicos. “De esta forma, se conseguirán importantes ahorros que podrán dirigirse a financiar la inversión pública y los servicios esenciales por los ciudadanos. Y, por otro lado, poner la Administración al servicio de los ciudadanos y de las empresas, simplificando procedimientos, eliminando trámites y generalizando la utilización de medios y canales electrónicos”, agrega.
Así, las Autonomías gobernadas por el PP, "desde la lealtad institucional que preside nuestro Estado autonómico y la responsabilidad política que demanda el contexto actual" se comprometen a aprovechar las ventajas, sinergias y ahorros que supone la gestión de medios y servicios comunes, estudiando la posible aplicación y adhesión a las fórmulas de adquisición, contratación y gestión de los mismos que se proponen en el informe.
También a optimizar el funcionamiento de las Administraciones y la atención a los ciudadanos mediante el intercambio de información y la agilización de la gestión, que permite la creación de bases de datos comunes y registros integrados, y a mejorar la prestación de servicios públicos, de forma que se garantice una igual o mejor calidad a un menor coste, avanzando en las medidas de reforma que se han adoptado ya a nivel autonómico, aprovechando las posibilidades que ofrece la colaboración entre Administraciones y poniendo en marcha las propuestas recogidas.
También van a avanzar en la eficiencia administrativa, de forma que se garantice la coherencia en el desarrollo de las funciones administrativas y la prestación de servicios, evitando la superposición de estructuras y procedimientos y reforzando los mecanismos de cooperación entre Administraciones y a priorizar la austeridad aplicando, en el ejercicio de sus facultades de autoorganización, las fórmulas que les permitan reducir el tamaño o el coste de sus aparatos administrativos mediante el redimensionamiento, supresión o la racionalización de organismos que se proponen en el Informe de la CORA, o mediante la adopción de medidas alternativas que consigan un efecto equivalente.
Asimismo, se comprometen a avanzar en la agilidad de la prestación de servicios a ciudadanos y empresas, asumiendo las iniciativas de simplificación administrativa que proponen en el Informe CORA, en particular las relativas al desarrollo de la Administración Electrónica, la mejora de la atención al ciudadano y el fomento de la actividad económica.
Estabilidad presupuestaria y eficiencia administrativa
Para el Partido Popular, el Gobierno de Mariano Rajoy ha adoptado un "ambicioso" programa de reformas y uno de sus ejes principales ha sido la disciplina presupuestaria y la sostenibilidad del gasto público. Las medidas adoptadas tenían un doble objetivo: conseguir los objetivos de reducción del déficit público en todas las AAPP y lograr, de forma estructural, transformar el modelo de gestión de los recursos públicos.
Para lograr estos objetivos, se aprobó la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que constituye el marco normativo fundamental de desarrollo del artículo 135 de la Constitución española.
En estos dos años, "todas las Administraciones Públicas han contribuido de modo relevante a la consecución de los objetivos de estabilidad presupuestaria y han afrontado reformas para favorecer la eficiencia administrativa", agrega.
Comisión para la reforma de las AAPP
En línea con estos planteamientos, el 2 de octubre de 2012, la Conferencia de Presidentes de las Comunidades Autónomas acordó la creación de dos grupos de trabajo: uno que elaborara un programa de racionalización administrativa y otro, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que acordara un código de buenas prácticas para racionalizar el gasto e incrementar el ahorro.
El Consejo de Ministros aprobó el 26 de octubre de 2012 la creación de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas para llevar a cabo un estudio integral y dotar de propuestas a estos dos grupos de trabajo.
El Informe de la CORA plantea 217 propuestas, de las cuales 11 tienen un carácter general u horizontal, 118 se encuadran en el ámbito de la eliminación de duplicidades (102 Estado-Comunidades Autónomas y 16 dentro de la Administración General del Estado), 42 en simplificación, 38 en gestión de servicios y medios comunes y 8 en la Administración Institucional.
Estas medidas responden, en cualquier caso, a la voluntad de Estado y Comunidades Autónomas -constatada en los acuerdos alcanzados hasta el momento y acreditada por las iniciativas de racionalización adoptadas desde ambos niveles administrativos- de avanzar en el control del gasto, la eficiencia administrativa y la mejora de la calidad de los servicios públicos.
Según el PP, los ciudadanos exigen a las Administraciones Públicas una respuesta "ágil, eficiente y satisfactoria a sus demandas, sin asumir una sobredimensión o sobrecoste del aparato administrativo".
