E-receta para la Administración Pública

Más de un millón de volantes se han retirado en las farmacias de las tres provincias aragonesas desde la implantación de la receta electrónica (e-receta). Un método que se ha llevado al territorio en un tiempo récord desde la entrada de Ricardo Oliván en la Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón, a pesar de que los inicios fueron complicados.

Más de un millón de volantes se han retirado en las farmacias de las tres provincias aragonesas desde la implantación de la receta electrónica (e-receta). Un método que se ha llevado al territorio en un tiempo récord desde la entrada de Ricardo Oliván en la Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón, a pesar de que los inicios fueron complicados.

Ahora, su Departamento se pondrá manos a la obra para trasladar esta herramienta hasta los hospitales de la Comunidad tras el éxito en los centros de atención primaria. Un reto que tendrá que abordar el personal sanitario de los centros hospitalarios, convirtiéndose así en un agente controlador más del tratamiento de los pacientes.

De este modo se completará un nuevo rumbo establecido a raíz de las medidas para la sostenibilidad del Sistema Público de Salud. Acabar con el abuso de medicamentos era indispensable para lograr garantizar su futuro, y gran parte de ello lo han conseguido con actuaciones como la receta electrónica, que ha ahorrado 44 millones de euros a las arcas públicas.

Pero el uso de las nuevas tecnologías no sólo servirá para ahorrar recursos públicos, sino para evitar daños a la salud de los pacientes por la automedicación. Además, supondrá menos trabajo para los facultativos, que no tendrán que estar haciendo la misma receta un día tras otro y perdiendo horas de consulta. Estos beneficios también se trasladan al usuario, ya que no tendrá que acudir reiteradamente a las consultas.

Las nuevas tecnologías se han convertido en un gran aliado para todos los sectores. Siempre que el uso de la innovación sirva para eliminar trámites burocráticos, que faciliten la vida a los usuarios y profesionales, deberá ser una prioridad para toda Administración Pública.