SUCESOS Y TRIBUNALES

Los abogados aragoneses seguirán orientando a inmigrantes, a pesar del cambio de adjudicación

Los colegios de abogados aragoneses venían prestando un servicio de orientación jurídica a inmigrantes desde hacía veinte años. Después de todo este tiempo, la DGA ha cambiado al prestador del servicio por otro con un coste menor. A pesar de esta decisión, los letrados han acordado seguir ofreciéndolo en aras de "la calidad".

Zaragoza.- Durante dos décadas, los tres colegios de abogados aragoneses venían prestando el Servicio de Atención y Orientación Jurídica para Inmigrantes (SAOJI), pero el cambio de adjudicación por parte del Ejecutivo autonómico ha hecho que una asociación catalana (APIP) sea la nueva prestadora. Los 68 letrados que realizaban estas labores no se han resignado ante este cambio y se han comprometido a seguir realizándolo.

Una decisión que han tomado en una reunión, capitaneada por el decano del Colegio de Abogados de Zaragoza, Antonio Morán, quien ha señalado que es la respuesta “humana” ante “el simplismo economicista” del Gobierno de Aragón. “Sólo mirar el precio final de un servicio público sin ver, por ejemplo, la experiencia o el número de plantilla que hay detrás es algo ilógico”, ha matizado.

Hasta ahora, el Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia pagaba por la prestación de este servicio la cantidad de 23.311 euros. El nuevo concurso público bajaba la aportación a un máximo de 17.200 euros, si bien tanto el Colegio de Abogados de Zaragoza y APIP bajaron la cifra en torno a los 15.200 euros para conseguir ganar el proceso. Finalmente, la más barata fue la propuesta del colectivo catalán y, por tanto el nuevo beneficiario.

Sin embargo, para Morán es necesario “ir más allá” del dinero y ver otras cifras como que al frente del SAOJI estaban 68 abogados en Zaragoza, uno en Huesca y siete en Teruel y que ahora van a ser tres en la capital aragonesa, uno en la altoaragonesa y otro en la mudéjar. De hecho, en 2012 atendieron 1.300 consultas y 700 tramitaciones.

Con estas cifras en la mano, la coordinadora de este servicio y abogada, Inmaculada Bolea, y la diputada del Turno de Oficio, Yolanda Mompel, se han preguntado cómo van a ofrecerlo “sin que se vea tocada de alguna manera la calidad del mismo”. De ahí la decisión del los tres colegios profesionales de seguir adelante “con una financiación esta vez no pública, sino procedente de las aportaciones mensuales que realiza cada miembro de los colegios de letrados”.

El acuerdo tomado este jueves hace que en un plazo máximo de 24 horas se ponga en marcha y comience a prestarse en las sedes de los tres colegios de abogados aragoneses. “Es un servicio necesario que precisa de celeridad en la implantación y más cuando todavía no se ha reanudado en Zaragoza desde el lunes con el cambio de contrata”, ha recalcado el decano Morán.

El cambio de titularidad en este auxilio jurídico a inmigrantes tiene una vigencia de cuatro meses, por lo que desde el Colegio de Abogados de Zaragoza se espera que “en la próxima convocatoria la Diputación General de Aragón recapacite y vaya más allá de la factura y tenga en cuenta otros parámetros”. No obstante, ha anunciado que van a recurrirlo. Los grupos de CHA e IU en las Cortes les han mostrado su apoyo.