Arqueólogos e historiadores españoles dieron la voz de alarma en marzo del pasado año cuando descubrieron que 18 cascos celtibéricos procedentes del yacimiento de Aranda de Moncayo habían sido expoliados y vendidos en Alemania. Una denuncia que llevó a la Guardia Civil a abrir una investigación y al posterior arresto de una persona y a la incautación de 4.000 piezas arqueológicas. Esta operación, continuación de aquélla y denominada Helmet II, ha escrito un nuevo capítulo con otra detención y con la intervención de 2.000 objetos más.
La Benemérita ha aprovechado esta situación para recordar a la opinión pública que la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español prohíbe expresamente la búsqueda, sin autorización, de restos arqueológicos, así como, que si estos fueran hallados de forma casual, deben ser entregados inmediatamente a la Administración.
Una idea que es necesaria trasladar a la sociedad, pero que no debe ocultar lo que hay detrás de estos robos: un negocio al margen de la Ley y en muchos casos una despreocupación por parte de las instituciones.
Por ello, las autoridades de los diferentes países deberían de ponerse de acuerdo en evitar que una casa de subastas pueda vender un objeto cuyo origen es de dudosa legalidad. Ejemplo de este extremo son los cascos de la antigua Araticos –denominación celtíbera de Aranda de Moncayo- que Aragón ya no volverá a ver porque están en manos de algún coleccionista.
Sin embargo, esa dejación de funciones puede evitarse con la vigilancia, protección e inversión en este tipo de yacimientos. Patrimonio sabía perfectamente que debajo de la gran cantidad de montículos de piedra situados en Aranda de Moncayo había un tesoro, pero nadie hizo nada por preservar este espacio o, yendo más allá, excavar y llevar todos estos objetos a un museo.
La crisis económica obliga a priorizar inversiones, pero eso no excluye que sea necesario proteger la historia de un pueblo sustentado en esas pequeñas piezas que conforman algo tan importante como es la cultura.