Zaragoza.- La muerte por infarto de un magistrado de lo Social en Madrid extendió la preocupación por todas las sedes judiciales españolas en materia de prevención de riesgos laborales. Y es que en muchas de ellas no existen ni desfibriladores o servicios médicos de atención.
La Ciudad de la Justicia de Zaragoza va a ser la primera instalación aragonesa de estas características que cuente con desfibriladores. Así lo han confirmado desde el Departamento del consejero de Presidencia y Justicia, Roberto Bermúdez de Castro.
Una medida que todavía no se ha puesto en marcha, a pesar de que desde el 20 de mayo comenzaron a llegar los primeros inquilinos, los juzgados de lo Contencioso Administrativo, después fueron los de Menores y así hasta 62 órganos judiciales a finales de octubre.
No obstante, desde esta Consejería recuerdan que la implantación no es rápida, ya que están en conversaciones con diferentes mutuas de accidentes y aseguradoras para trazar un plan “a medida” para los dos edificios Fueros de Aragón, que acogerá la jurisdicción penal y el Vidal de Canellas, donde se verán los asuntos de carácter civil, con una extensión de 65.000 metros cuadrados. Estas empresas están realizando un estudio para la colación, uso y mantenimiento de este aparato que administra una descarga eléctrica al corazón a través de la pared torácica y que se usa en emergencias como un ataque cardíaco.
Para la implantación del sistema, la Dirección General de Justicia ha tomado como ejemplo la experiencia de implantación en el edificio Pignatelli, sede central del Gobierno de Aragón. Una vez terminado este proceso en este gran complejo situado en el antiguo recinto de la Expo 2008, la intención, reconocen, es trasladar al resto de sedes judiciales en las que sea necesario este sistema.
El fallecimiento del titular del Juzgado de lo Social número 25 de Madrid, Ángel Luis del Olmo Torres, de 58 años, mientras trabajaba en la sede de los juzgados de la calle de la Princesa, hizo que hasta el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reconociera que les habían llegado “muchas quejas por parte de los jueces que trabajan en ese edificio en cuanto a las deficiencias dentro y nos han llegado quejas derivadas, por lo visto, de la tardanza en la llegada de los servicios sanitarios”.
Su portavoz, Gabriela Bravo, recordó que la instalación de desfibriladores está regulada por un real decreto que establece la necesidad de poner estos dispositivos en determinados lugares, pero lamentó que "hay un déficit" o "una falta de marco legal" para obligar a las Comunidades a su instalación en los espacios públicos.
Una afirmación que desde el Gobierno de Aragón aseguran que se está trabajando en la mejora de este problema desde “antes de la trágica muerte del juez Torres”.
