Zaragoza.- Las Cortes de Aragón han aprobado el Dictamen de la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario sobre la Cuenta General de la Comunidad Autónoma del ejercicio 2010 con los votos a favor de PP, PAR y PSOE y en contra de CHA e IU. Se trata del primer informe de estas características realizado por la Cámara de Cuentas.
El resultado presupuestario de ese año es negativo en un importe de 824 millones de euros. En lo que respecta a estabilidad presupuestaria, la Comunidad Autónoma tenía fijado un objetivo para el 2010 de un déficit del 2,4% del PIB regional. Según los datos consignados en la Cuenta revisada, “incurrió en un déficit equivalente al 2,98% del PIB regional, aunque la Cámara de Cuentas ha comprobado en la fiscalización que este déficit realmente fue mayor, ya que debería incrementarse por las obligaciones no registradas puestas de manifiesto en la revisión; por lo finalmente representaría una magnitud equivalente al 3,06% del PIB regional”.
El endeudamiento financiero total del sector público de la Comunidad Autónoma a 31 de diciembre de 2010 ascendía a 3.369 millones de euros, de los que 2.954 millones corresponden a la Administración de la Comunidad Autónoma, 374 millones a las Corporación Pública Empresarial de Aragón, S.L.U. y 41 millones al resto de entidades. El informe analiza la evolución del endeudamiento desde el estallido de la crisis y el cumplimiento de los límites legales para la utilización de este recurso y su aplicación.
El PP ha alertado de la utilización de las cartas de compromiso de intenciones entregadas por el Gobierno de Aragón en ese período de tiempo ya que este tipo de instrumentos “implican un riesgo financiero para la Comunidad”, tal y como ha señalado el diputado Jorge Garasa. El Gobierno de Aragón entregó entre 2008 y 2010 cartas por valor de 642,7 millones de euros ante bancos, vigentes 462, y las empresas públicas, 88,3 millones de euros, 70 de ellos vigentes.
El PSOE ha subrayado que los ciudadanos lo que tienen que saber es que “pueden confiar en el funcionamiento de las instituciones de la Comunidad” porque “hay un control parlamentario y uno externo”, tal y como ha indicado la diputada Ana Fernández. Ha resaltado que el sector público no presenta “deficiencias significativas” que “impidan afirmar su fiabilidad”.
El Partido Aragonés ha defendido que el texto del dictamen “recoge lo sustancial de las recomendaciones del órgano fiscalizador y hará más creíbles las cuentas de la Comunidad”, tal y como ha afirmado el diputado Manuel Blasco. La formación ha subrayado que, “en general”, se cumple “perfectamente” el “principio de legalidad”.
Chunta Aragonesista ha criticado “la generalización de irregularidades en la contratación pública y las subvenciones” y que el informe pone de manifiesto “el incumplimiento sistemático de las recomendaciones que hasta 2009 realizaba el Tribunal de Cuentas”, tal y como ha relatado el diputado José Luis Soro.
IU ha afirmado que los datos del informe reflejan que “hay irregularidades, actos impropios y deficiencias que han sido criticadas”, tal y como ha recordado el diputado Luis Ángel Romero. Ha asegurado que no puede compartir la acción del Gobierno “cuando ha habido más de 500 alegaciones presentadas, de las cuales se han retirado más de 400, lo que demuestra que hay más de 400 actos que no están bien realizados”.
