Las Cortes han aprobado este jueves la Ley de Autoridad del Profesorado. Con ella, los docentes gozarán a partir de hoy de una protección reconocida por la legislación vigente y les dotará de una presunción de la veracidad.
Se responde así a una demanda de los profesores que llevan sufriendo mucho tiempo acoso en las aulas y faltas de respeto. El Defensor del Profesor del sindicato ANPE ha tenido que atender a más de 18.000 docentes desde que puso en marcha el servicio en 2005. En Aragón, sólo en el curso 2010-2011, se contabilizaron un total de 88 denuncias, siendo un increíble 6% en la Educación Infantil.
Problemas para dar clase, conductas agresivas de los alumnos hacia el profesor y los compañeros, agresiones de alumnos, insultos, amenazas, grabaciones irrespetuosas para reproducir en Internet, falsas acusaciones o daños a bienes y hasta agresiones por parte de los padres. Éstas son algunas de las denuncias que realizan los docentes. Una situación que además ha provocado numerosas bajas, depresiones y miedo en el ambiente educativo, que desfavorecen una educación de calidad.
Pero la conflictividad en las aulas es reflejo de un problema social de mayor calado, que no arregla un simple título de autoridad. La falta de responsabilidad educativa por parte del núcleo familiar, la ausencia de valores, el descrédito del profesor o la situación del sistema educativo son los grandes problemas a abordar.
La solución: el reconocimiento y la dignificación de la tarea desde toda la sociedad aragonesa.