Huesca.- La Audiencia Provincial de Huesca juzga desde este lunes a ocho personas acusadas de delitos contra la salud pública y de integración en un grupo criminal. Se trata de siete ciudadanos de nacionalidad marroquí y uno español que fueron detenidos en octubre de 2016 en lo que se denominó Operación Fragua. Operaban, presuntamente, en inmuebles de la capital oscense y actuaban asimismo en Lérida. Se proveían de resina de cannabis y de cocaína en ciudades del sur del país para su posterior venta.
El Ministerio Fiscal reclama para todos ellos, y en función de sus delitos, penas de entre cuatro años y medio y nueve años de prisión, si bien se ha alcanzado un principio de acuerdo entre la Fiscalía y las diferentes defensas para la reducción de las posibles condenas. El acuerdo, que se ha trazado antes del inicio de la primera sesión del juicio, establece el reconocimiento de los delitos que se imputan a cada uno de ellos, que son de diferente naturaleza y van desde la distribución de cannabis (tipificada como sustancia leve) a la de cocaína (sustancia grave) o a la organización criminal. Además, se aplicarán atenuantes como la drogadicción.
Se acogen a este pacto siete de los ocho acusados, pues uno de ellos lo ha rechazado y, durante su declaración, ha negado los hechos que se le imputaban. Entre quienes se han sentado en el banquillo figuran dos hermanos y la mujer de uno de ellos. En sus declaraciones, estos siete acusados han reconocido la mayor o menor implicación en los hechos que se les imputan. El juicio quedará el viernes visto para sentencia y será entonces cuando la fiscalía defina las penas que solicita.
Según ha explicado José Cabrejas, defensor de uno de los presuntos autores de los hechos, en el caso de su cliente la pena se podría ver reducida de los casi diez años iniciales a tres y medio. De los ocho acusados, tres se encuentran en prisión por estos hechos. El juicio se retomará este miércoles con las declaraciones de agentes de la Policía Nacional. En el primer tramo de la sesión de este lunes se han escuchado grabaciones telefónicas que implicarían a los acusados, si bien el que ha rechazado el acuerdo previo ha negado asimismo las alusiones que se realizaban a su papel en la presunta organización criminal.
En julio de 2016, se estableció un dispositivo policial en Lérida por el que se interceptaron las comunicaciones entre los tres principales implicados en los hechos y el intercambio de mercancía para trasladarla a Huesca. A su llegada se detuvo al conductor del vehículo, en el que se hallaron 983 gramos de resina de cannabis valorados en 6.115 euros. En otros registros domiciliarios, la Policía Nacional se incautó de 62 kilogramos hachís valorados en casi 100.000 euros y 944 gramos de cocaína con un valor de 105.000 euros, además de 1.575 euros en metálico.
