Zaragoza.- A principios de 2013, la Policía Nacional desmanteló un laboratorio clandestino de speed en Anento (Zaragoza) y se incautó de 23 kilos de cocaína. También desarticuló un invernadero de marihuana. En aquella operación fueron detenidas diez personas que, este lunes, se han sentado en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Zaragoza.
Nueve de los diez acusados -defendidos por los letrados José Cabrejas, José Luis Melguizo, Carmen Sánchez o Javier Notivoli, entre otros- han llegado a un acuerdo con la Fiscalía y han aceptado penas que suman 22,5 años de prisión como autores de un delito de tráfico de drogas y otro de pertenencia a grupo criminal. Dos años de cárcel es la pena que han aceptado Víctor P., Noé L., José Miguel M., Víctor Manuel R. y Antonio G. Por su parte, Eduardo F. y José María B. se han conformado con dos años y medio de arresto. Javier María L. ha aceptado tres años y medio de cárcel y la pena más elevada, cuatro años de prisión, ha sido para Benito Ramón S.
No ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía el presunto cabecilla del grupo, Óscar Alberto C., que se enfrenta a una pena de hasta 14 años de prisión y al pago de 2,5 millones de euros de multa.
Óscar Alberto C., al que defiende la abogada Ana Herrando, ha reconocido que parte de la droga que se le intervino en su casa y en su coche era su consumo y "parte para vender". "La finalidad de la venta era pagar mi consumo y el alquiler del piso", ha agregado.
Ha admitido también que trabajaba en una propiedad del tío de Víctor P., en Anento, para construir un invernadero de marihuana. "Me dijo que había pedido un permiso para hacer la obra", ha apuntado a preguntas de la fiscal.
Ahora bien, Óscar Alberto C. ha negado que él sea el propietario de los 23 kilos de speed que halló la Policía Nacional. "Yo no sé nada de eso", ha respondido a la fiscal y ha reconocido que cuando lo detuvieron en Zaragoza y, posteriormente, le trasladaron al inmueble de Anento donde estaba la droga se sorprendió al ver el speed "en una nevera".
Estas diez personas fueron detenidas con motivo de diversas intervenciones telefónicas en el transcurso de una operación policial iniciada a raíz de la investigación de un homicidio. Fiscalía solicitaba inicialmente penas que sumaban los 90 años de cárcel para todos los acusados.
