Zaragoza.- La Mesa Sectorial de Sanidad, en la que están representados miembros del Salud y de los sindicatos, ha aprobado este martes la convocatoria de la demandada Oferta Pública de Empleo (OPE) que contempla 1.483 plazas. Según han informado las organizaciones sindicales, será aprobada definitivamente por el próximo Consejo de Gobierno, que tendrá lugar el 5 de septiembre.
El objetivo del Gobierno de Aragón, según han informado desde la Federación de Sanidad de CCOO, es sacar esta convocatoria "en el menor espacio de tiempo posible" tras obtener el visto bueno del Consejo de Gobierno.
De esas 1.483 plazas, 266 serán de médicos especialistas, que se unirán a las 234 de la oferta ordinaria, haciendo un total de 500 plazas para este ámbito. Desde CCOO, su secretaria general, Delia Lizana, ha destacado que esperan que con estas plazas "se palien" los problemas de la falta en algunos centros hospitalarios de estos especialistas, especialmente en los periféricos.
Además, del total de esas plazas, 437 serán para enfermeros, 236 para auxiliares de enfermería, 11 1 de celador, 101 para auxiliares administrativos, 71 para médicos de urgencia hospitalaria y 60 para técnicos de radiodiagnóstico. La Oferta Extraordinaria de Empleo Público comprende 1.401 plazas de acceso libre, 77 para el turno de discapacidad y 5 para víctimas del terrorismo.
Lizana ha recordado que el objetivo de esta OPE es "cumplir" con el Pacto por el empleo alcanzado en 2014 para reducir la temporalidad que, en estos momentos, ha apuntado, se sitúa en un 30%. Asimismo, desde CCOO destacan que con esta convocatoria Aragón se posiciona como la Comunidad “más adelantada” en cuanto a la eliminación de dicha temporalidad, ya que es la primera en convocar este tipo de oferta.
Esta convocatoria fue aprobada por unanimidad en las Cortes de Aragón este año después de que los sindicatos convocaran una huelga en enero ante el "incumplimiento" del Gobierno anterior y del actual a convocarla y cumplir así con el Pacto por el empleo alcanzado en 2014 en el que se estableció como prioridad acabar con la temporalidad. Poco después fue rechazada por el Gobierno nacional después de que éste la recurriera ante el Tribunal Constitucional y finalmente fuese desbloqueada en la reunión bilateral entre Aragón y el Estado que tuvo lugar en junio.
Desde CCOO han valorado "con satisfacción" esta aprobación aunque han insistido en que "no se queda aquí". En ello coinciden también desde CSI-F, desde donde aseguran que los exámenes se celebrarán a principios de 2018 y que permanecerán vigilantes.
