Educación El TSJA asegura que las medidas cautelares a favor de la concertada pretenden "proteger los derechos de todas las partes"

El TSJA asegura que las medidas cautelares a favor de la concertada pretenden "proteger los derechos de todas las partes"

Tras las declaraciones de la consejera de Educación sobre las medidas cautelares adoptadas por los juzgados de los Contencioso Administrativo de Zaragoza a favor de la concertada, el TSJA ha emitido un comunicado en el que asegura que dichas actuaciones pretenden "salvaguardar los derechos de todas las partes en el litigio".

El presidente del TSJA recuerda que "las cautelares son medidas ordinarias que se adoptan en cualquier proceso"
El presidente del TSJA recuerda que "las cautelares son medidas ordinarias que se adoptan en cualquier proceso"

Zaragoza.- Ante las declaraciones realizadas por la Consejera de Educación, Mayte Pérez, sobre las recientes medidas cautelares, que ordenaban a la Administración la inclusión de las plazas escolares excluidas, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha emitido un comunicado en el que manifiesta que dichas actuaciones son "medidas adoptadas con urgencia para salvaguardar los derechos de todas las partes en litigio".

El TSJA defiende que con esta actuación pretende "evitar que se pueda lesionar, de forma irreversible, un derecho tan fundamental como es el de la libertad de educación".

En este comunicado, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón recuerda que "las cautelares son medidas ordinarias que se adoptan en cualquier proceso".

Asimismo, señala que "los magistrados han expresado, reiteradamente, en sus autos que las medidas cautelares acordadas tienen vigencia hasta que, por parte de la Consejera de Educación, se resuelvan los conciertos educativos ya que la decisión de excluir las unidades de los centros concertados no corresponde al Servicio Provincial de Educación, sino a la propia Consejera del Departamento".

Por último, el presidente del TSJA recuerda que, "según nuestra Constitución, todas las Administraciones Públicas están sometidas a la Ley y al Derecho y están obligadas a cumplir las resoluciones de jueces y tribunales, garantes de los derechos fundamentales y últimos intérpretes de nuestro ordenamiento jurídico".