Zaragoza.- El Gobierno de Aragón sigue trabajando "en su obligación de velar y vigilar que no se hagan trasvases tal y como marca el Estatuto de Autonomía" y, por eso, el Consejo de Gobierno ha aprobado la creación de un equipo técnico multidisciplinar que defienda los derechos de los aragoneses en relación con el agua y preserve el principio de unidad de cuenca.
El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, ha asegurado estar preocupado por la "falta de sensibilidad" y por la "deslealtad institucional" que está habiendo con Aragón desde el Gobierno central y desde la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).
Olona ha denunciado que la única información que tienen en el Ejecutivo procede de los medios de comunicación y de dos notas de prensa emitidas, respectivamente, por la Delegación de Gobierno y por la CHE. "Es evidente -ha continuado Olona- que la colaboración y lealtad institucional no puede basarse en meras notas de prensa".
El consejero ha remitido sendas cartas a la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, y al presidente de la CHE, Raimundo Lafuente; para mantener una reunión y abordar el trasvase planteado por Cataluña. Espera que haya una respuesta "con urgencia".
En cuanto al contacto con la Generalitat, Olona ha asegurado que ha recibido tanto una llamada como una carta en la que la posición catalana sobre el trasvase es "irrenunciable". "Nosotros les hemos dicho que para nosotros es inadmisible, así que en estos términos difícilmente podemos avanzar", ha sentenciado.
Equipo técnico
Volviendo a la creación de un equipo técnico, desde la DGA han detallado que este grupo deberá informar de las autorizaciones o ejecuciones de infraestructuras hidráulicas que pudieran derivar en transferencias de aguas a otras cuencas hidrográficas y de los proyectos de obras que pretendieran fundarse en la Orden del Ministerio de Medio Ambiente, de 27 de octubre de 2010, que autorizó provisionalmente una transferencia de 0,62 Hm3/año, así como sobre la legalidad de todas aquellas actuaciones derivadas de la misma.
De esta forma, el equipo multidisciplinar tendrá por objeto el seguimiento de las actuaciones del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, de la Confederación Hidrográfica del Ebro, y de la Generalitat de Cataluña y Agencia Catalana del Agua, que pudieran facilitar, directa o indirectamente, transferencias de aguas presente o futuras de la cuenca del Ebro a las cuencas internas de Cataluña.
Deberá analizar en especial las asignaciones de derechos, concesiones y de usos de aguas del canal Segarra-Garrigues, así como las autorizaciones o ejecuciones de infraestructuras hidráulicas que pudieran derivar en transferencias de aguas a otras cuencas hidrográficas.
Desde la DGA han recordado que "especialmente grave resulta el informe favorable emitido por el Consejo Nacional del Agua, en su XXXI sesión plenaria del pasado 16 de marzo de 2017 al Plan de Gestión del Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña, periodo 2016-2021, con la oposición del Gobierno de Aragón puesta de manifiesto por el voto en contra del Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, y justificado mediante la presentación del correspondiente voto particular".
Por otra parte, la Generalitat de Cataluña ha anunciado la ejecución de obras de conexión del canal Segarra-Garrigues para el proyecto constructivo de abastecimiento en alta con captación desde dicho canal para abastecer con aportaciones del río Segre (Presa de Rialb y sistema general de usuarios de Rialb), municipios de las comarcas de Segara, I’Urgel, la Conca de Barberá y I’Anoia, situados en el ámbito geográfico de las cuencas internas catalanas.
En este último punto, "es importante manifestar la rotunda oposición del Gobierno de Aragón a cualquier proyecto de obra hidráulica de conducción de aguas del canal Segarra-Garrigues sobre la base de anteriores autorizaciones de transferencia de caudales de carácter temporal y transitorio, ya caducadas, por entenderse que se realizaría en precario y sin los adecuados mecanismos de control para supervisar y garantizar las condiciones en que se efectúa la transferencia de caudales", han concluido.
Servicios jurídicos
Además, la Dirección General de Servicios Jurídicos ha quedado habilitada para solicitar autorización al propio Gobierno de Aragón para el ejercicio de las acciones pertinentes, tanto en el ámbito administrativo como en cualesquiera órdenes jurisdiccionales, en relación con la Orden del Ministerio de Medio Ambiente, de 27 de octubre de 2010, que autorizó la transferencia de aguas desde el canal Segarra-Garrigues, así como cualesquiera concesiones o autorizaciones que se refieran a proyectos de obras que pretendan fundarse en la misma.
El acuerdo pone de manifiesto que la Comunidad Autónoma de Aragón ostenta las competencias en materia de aguas que determina el artículo 72 del Estatuto de Autonomía de Aragón.
Entre otras, el Estatuto determina que la Comunidad Autónoma participará y colaborará en la planificación hidrológica y en los órganos de gestión estatal de recursos hídricos y de los aprovechamientos hidráulicos que pertenecen a cuencas hidrográficas intercomunitarias que afecten a Aragón (artículo 72.2) y que la Comunidad emitirá informe preceptivo para cualquier propuesta de obra hidráulica o de transferencia de aguas que afecte a su territorio (artículo 72.3).
Por otra parte,el Consejo de Gobierno autorizó en fecha 14 de marzo de 2017, al igual que ya lo hiciera anteriormente respecto a decisiones previas similares, interponer recurso contencioso-administrativo contra el Decreto 1/2017, de 3 de enero, del Gobierno de la Generalidad de Cataluña, por el que se aprueba el Plan de gestión del distrito de cuenca fluvial de Cataluña para el período 2016–2021 y el Acuerdo (GOV/1/2017), de 3 de enero, del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, por el que se aprueba el Programa de medidas del Plan de gestión del distrito de cuenca fluvial de Cataluña para el período 2016-2021.
Ambas decisiones del Gobierno de la Generalidad de Cataluña vienen a reproducir los aprobados con anterioridad en 2014 que ya fueron objeto de impugnación por parte de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón en vía jurisdiccional, estando pendiente de sentencia.
Decisiones recientemente adoptadas al respecto en el Consejo Nacional del Agua con el voto en contra de la Comunidad Autónoma de Aragón al formular voto particular anticipan el anuncio de una inminente aprobación mediante Real Decreto adoptado por el Consejo de Ministros, que pudiera dar lugar a que se entiendan erróneamente autorizadas obras que permitan una transferencia de aguas desde el canal Segarra-Garrigues hasta cuatro municipios de cuencas internas catalanas bajo el inexistente amparo de la Orden de 27 de octubre de 2010, del Ministerio de Medio Ambiente, por tratarse de una Orden afectada de caducidad y posible nulidad de pleno derecho.
