Zaragoza.- Sanidad, educación y servicios sociales. Son los tres pilares que debe sustentar la financiación autonómica, un sistema que se enfrenta a una nueva reforma. Y para sentar las bases de los cambios, se va a crear un comité de expertos que empezará a trabajar en las próximas semanas y en el que cada Comunidad Autónoma tendrá un representante.
El de Aragón será el doctor en Economía Alain Cuenca, que defenderá el Estatuto de Autonomía y los problemas a los que se enfrenta la Comunidad a la hora de prestar servicios, entre los que destaca la despoblación o el envejecimiento. Espera que haya acuerdos, pero recuerda las decisiones no dependerán de los expertos, sino de los representantes políticos.
Cuenca defiende que la financiación autonómica no debe enfrentar a las comunidades autónomas, y asegura también que el sistema debe ser más sencillo para que los ciudadanos conozcan al detalla dónde va el dinero y para qué se utiliza.
Alain Cuenca ha participado en las dos últimas reformas del sistema de financiación autonómica, la de 2001 y la de 2009. Además, ha sido director general de Economía en el Gobierno de Aragón (1999-2004) y director general de Coordinación Financiera con las Entidades Locales (2005-2008) y con las comunidades autónomas (2008-2011) en el Ministerio de Economía y Hacienda. Desde su regreso a la Universidad de Zaragoza ha publicado diversos trabajos sobre financiación autonómica y local y sobre presupuestos y gasto público.
Pregunta.- ¿Cree que dará tiempo a que el nuevo modelo esté elaborado este año?
Respuesta.- Tiempo da porque la experiencia muestra que a lo largo de un año da tiempo a negociar muchas cosas, otra cosa es que se pueda llegar a un acuerdo en ese plazo.
P.- Puede que algunas comunidades no vayan a estar presentes en este grupo de expertos. ¿Cómo podría influir esta situación?
R.- Por un lado, País Vasco y Navarra no participan del sistema de financiación de régimen común, por lo que cabe esperar que no participen en el grupo de expertos pero, si lo hacen, serán muy bienvenidos. En el caso de Cataluña, por lo que sé, se ha anunciado que Baleares representará a la Comunidad. Es una cosa bastante extraña y veremos cómo se desarrolla.
P.- La despoblación, la dispersión y el envejecimiento van a ser el caballo de batalla de Aragón. ¿A qué se van a tener que enfrentar?
R.- Vamos a tratar de trasladar a esa comisión de expertos lo que refleja el Estatuto de Autonomía y sus variables. Nos vamos a encontrar con dos tipos de “enemigos”. Primero tenemos que valorar con el Gobierno central lo que nosotros llamamos el desequilibrio vertical, porque creemos que la financiación autonómica debe mejorarse para todas las comunidades. Esta es la primera batalla y probablemente será muy difícil.
También es verdad que hay otras comunidades que aducen que tienen menos recursos por habitante y que por lo tanto deben llevarse más dinero. Aquí defenderemos que Aragón lo que tiene son costes más elevados como consecuencia del territorio, de la despoblación y del envejecimiento.
Mi labor, en esa fase de determinación de las necesidades de gasto, será explicar a mis colegas que tenemos un problema de escasa población y de costes elevados para prestar sanidad, educación y servicios sociales. Por ejemplo, hay hospitales como el de Teruel, el de Barbastro o el de Calatayud que tienen unos costes fijos elevados y atienden a menos población que un hospital ubicado en Vallecas, en Madrid. Este último atenderá a mucha población que vive cerca y a la que no hay que transportar, por lo que el coste medio por habitante será mucho menor que el de un centro hospitalario en Aragón.
Haremos valer los argumentos que están en nuestro Estatuto para que la financiación de Aragón sea suficiente y justa. Pero no debería enfocarse como una batalla entre las comunidades autónomas, lo que hay que lograr es que la sanidad, la educación y servicios sociales se puedan prestar igual en todo el territorio nacional y para eso el Estado debe reconocer que hay una cierta insuficiencia en la financiación autonómica.
P.- ¿Esta reforma mejorará también las prestaciones de dependencia?
R.- La dependencia da problemas porque hay una Ley estatal que reconoce un derecho a los ciudadanos y que establece que la mitad del gasto lo asume la comunidad autónoma y la otra el Estado, y el Estado ha renunciado a aportar su mitad y está pagando muchísimo menos. Aunque este gasto no pertenece estrictamente hablando al sistema de financiación, el Estado tendrá que aportar hasta ese 50% que dice la Ley.
P.- ¿Llegarán a acuerdos?
R.- Los expertos es más fácil que nos pongamos de acuerdo. Todos vamos con la voluntad de alcanzar un consenso para que después los responsables políticos de las comunidades autónomas y del Gobierno central, y finalmente el Parlamento, tomen o elijan las mejores alternativas, o las que prefieran, de las que les hayamos propuesto.
En definitiva, los expertos no somos representantes políticos ni tenemos que tomar decisiones en nombre de los ciudadanos porque eso les corresponde a las comunidades, al Estado y al Parlamento. El encargo que tenemos nosotros es poner sobre la mesa un documento técnico lo más consensuado posible y a partir del cual se inicie una negociación más política.
P.- Más política y por lo tanto más económica.
R.- El dinero también una decisión política porque cuando se decide si se gasta más dinero en Defensa o en Sanidad es una decisión política. Los expertos no decidimos cuánto se gasta en Sanidad, lo que hacemos es identificar las necesidades tratando de igualar la capacidad de todas las comunidades para que se presten en las mismas condiciones en todo el territorio los servicios sanitarios, educativos y sociales.
P.- ¿Qué indicadores considera que hay que tener en cuenta a la hora de establecer este nuevo sistema de financiación?
R.- La población, la población mayor de 65 años, la superficie, la densidad de población o los grupos de edad para el gasto sanitario son algunos de estos indicadores que ya están presentes. Pero, por poner un ejemplo, la densidad de población tal y como está definida favorece a Galicia y a Asturias y muy escasamente a Aragón. Aquí vamos a dar números y detalles para intentar que esa variable pese más y se mida mejor.
No vamos a inventar grandes cosas en cuento a las variables, pero sí queremos tratar de cambiar su ponderación o de mejorar su forma de cálculo.
P.- ¿Cree que la sociedad es consciente de la importancia de la financiación autonómica?
R.- Yo creo que sí, pero también puede ser porque me dedico a ello. De todas formas, la gente sí que es consciente de que cuando se reparte dinero se reparten servicios públicos. Lo que no se ha conseguido todavía, y sí que queremos lograr en esta reforma, si se nos hace caso; es que el sistema sea más simple y más transparente. Que se sepa cuánto dinero va a cada sitio.
En 2012, cuando el Gobierno del PP liquida el sistema, no convoca una rueda de prensa y por lo tanto no explica a la ciudadanía cómo funciona el sistema. Solo los estudiosos nos metemos en la web y nos estudiamos un montón de números a partir de los cuales sacamos conclusiones. Hay que dar mejores explicaciones a la ciudadanía porque les interesa saber cómo se distribuye el dinero, pero es difícil de comprender. Y explicarlo mejor ayuda a reducir la demagogia y las ideas falsas.
P.- ¿Tiene ya organizado lo que va a presentar en el comité de expertos?
R.- Lo tengo organizado en la cabeza. El principio rector es el Estatuto de Autonomía de Aragón y el objetivo es garantizar que se puedan seguir prestando los servicios tal y como hasta ahora, o mejor.
P.- Ha participado en dos reformas, ¿Cómo han cambiado las cosas?
R.- Si contemplamos 30 años de historia, desde el primer sistema que entró en vigor en el año 1987, se ha avanzado mucho. Los ciudadanos son más conscientes de que su comunidad es muy importante y los políticos han aprendido a recaudar impuestos, a pedir a sus ciudadanos más dinero para prestar más servicios o a bajar los impuestos para prestar menos servicios.
A lo largo de los 30 años de historia del sistema de financiación autonómica hemos progresado mucho, y hemos caminado hacia un sistema adecuado de corte federal; pero hay que seguir mejorando. Una característica permanente desde el año 2001 es que Aragón ha conseguido mantener un peso relativo en el conjunto del sistema, lo que refleja que tiene necesidades distintas.
Esperemos que haya acuerdos en el documento que elaboremos los expertos, y que de verdad sea el que sirva de base para el futuro sistema.
