Los nuevos requisitos para lograr la nacionalidad producen una caída de las solicitudes del 70% en Aragón

La Plataforma Ciudadana contra el Racismo ha denunciado este jueves que en el último trimestre de 2015 cayeron un 70% las solicitudes de nacionalidad en Aragón respecto al mismo periodo de 2014. Una caída que, según indican, coincide con la introducción de un nuevo procedimiento para obtener la nacionalidad, que ha supuesto "una barrera".

Zaragoza.- Las solicitudes de nacionalidad española descendieron un 70% en Aragón en el último trimestre de 2015 respecto al mismo periodo del año anterior. En el conjunto de 2015, la caída fue del 42%. Así lo han aseverado este jueves desde la Plataforma Ciudadana contra el Racismo, quienes explican este descenso por la entrada en vigor, a finales del año pasado, de la Ley 19/2015 de 13 de julio de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil.

Una norma que, en su disposición final séptima, contemplaba un nuevo procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española, además de cumplir con los requisitos de residencia. En líneas generales, se establece la obligatoriedad de pagar 100 euros de tasas y abonar las que dan derecho a presentarse al examen para superar el examen CCSE (de conocimientos constitucionales y sociolaborales de España) y el DELE (Diploma de español como lengua extranjera) A2 para aquellos ciudadanos de países donde el español no es lengua oficial. 

"Se está pasando de un procedimiento gratuito, como era antes, a tener que pagar 185 euros como mínimo, si tu lengua es el español, y de hasta 308 euros para otras nacionalidades", ha apuntado la una de las representantes de la Plataforma Ciudadana contra el Racismo, Carlota Placed, quien considera que se trata de un procedimiento que supone "una carrera de obstáculos" para quienes desean la nacionalidad española y no es integrador.

Además, desde esta plataforma denuncian que a partir de junio de 2017 los expedientes de solicitud de la nacionalidad solo se podrán presentar por vía telemática. Circunstancia que resulta "especialmente gravosa" para el colectivo afectado, "especialmente perjudicado por la brecha digital", ha añadido Placed.

Asimismo, otro de los representantes de esta plataforma, Antonio Ranera, ha criticado la "lentitud" del nuevo mecanismo en lo que se refiere a la resolución de los expedientes y es que, según ha explicado, con el nuevo procedimiento "hoy por hoy no hay ningún expediente aprobado que conozcamos nosotros". Ranera, que ha denunciado la "desinformación y el bloqueo" que supone esta nueva norma, ha pedido al Gobierno central su derogación y les ha brindado su colaboración para redactar una nueva.

A su vez, ha pedido al Gobierno de Aragón que facilite el acceso a la nacionalidad. Al Departamento de Educación le pide que desarrolle políticas en los programas de educación para superar los exámenes, al de Ciudadanía y Derechos Sociales le solicita medidas "que garanticen que el coste económico de estas pruebas no suponga un obstáculo" y al de Presidencia que adopte los medios para presentar las solicitudes por vía presencial además de telemática. Además, propone que la DGA abra en las Cortes un espacio de reflexión para "consensuar" unas propuestas de modificación de la regulación actual.

Para que se escuchen sus reivindicaciones y sus propuestas, la plataforma ha convocado para este jueves, a las 19.00 horas, una concentración frente a la Delegación del Gobierno en Aragón.

En primera persona

Los afectados por esta nueva normativa denuncian la desinformación y rigidez del nuevo procedimiento y creen que el Gobierno les culpa de la crisis. Es lo que siente, por ejemplo, Bibiana Alene, natural de Guinea Ecuatorial y residente en Zaragoza desde hace una década. Ella consiguió la nacionalidad antes de la reforma de la ley, pero ahora vive de cerca estos "obstáculos" al ayudar a su hermana para obtenerla.

"Lo justo es esperar un tiempo y acceder", ha considerado Alene, quien pide "poner flexibilidad". "Te están pidiendo pagar un dinero y no ponen ninguna oportunidad para personas que no pueden pagárselo", ha añadido. Considera además que en los exámenes se preguntan cuestiones que un ciudadano español "no sabría responder" como "quien fue el presidente del país hace una década".

Otro caso es el de Vanessa Essibe, natural de Camerún y afincada en Zaragoza desde hace diez años. Ve "muy triste" que tengan "que mendigar por todos los derechos", ha explicado. "Estamos pagando nuestros impuestos y a la hora de pedir la nacionalidad, que tendría que ser un derecho por el tiempo que llevamos viviendo aquí, nos ponen barreras", ha añadido. Essibe ha considerado que con estas medidas el Gobierno central "alimenta" el racismo y el odio.