Zaragoza.- A finales de abril, el Gobierno de Aragón sacó a licitación la asesoría jurídica a las víctimas de violencia doméstica por 131.000 euros, según recogía el Boletín Oficial de Aragón (BOA). Un servicio que, tradicionalmente, prestaban los letrados.
Así, desde el Colegio de Abogados de Zaragoza, su decano, Antonio Morán, sostiene que es un servicio "esencial" que "no puede salir al mercado para que el mejor postor lo lleve adelante". Además, los abogados argumentan que la ley no permite esta privatización del servicio.
Pregunta.- ¿Cuántos profesionales prestaban tradicionalmente el Servicio de Asistencia a la Mujer (SAM) y en qué consistía exactamente su labor?
Respuesta.- El Servicio de Asistencia a la Mujer está delimitado aquí en Aragón a lo que entendemos por violencia doméstica; es decir, supuestos en los que cualquier persona ejerce violencia física o psíquica a la mujer, pero no se trata de su marido. Este servicio se presta en Aragón a partir de una norma de 2007 y lo realizaban en la Comunidad 116 abogados. Se proporcionaba atención telefónica y muy especialmente una atención personal en lo que podemos llamar una guardia y se prestaba una función de asesoramiento en gran parte de las comarcas de Aragón.
P.- ¿Qué supone, principalmente para las usuarias, que se llegue a privatizar el servicio de asistencia telefónica a las víctimas de violencia doméstica?
R.- Todas aquellas mujeres que tenían supuestos de violencia ejercida contra ellas, por ejemplo en el ámbito laboral o doméstico, hasta ahora tenían la posibilidad de acudir a una oficina donde había un abogado que les asesoraba y no sólo en esos supuestos de violencia doméstica sino en otros problemas que pudieran tener. Así, había letrados que les podían asistir personalmente y acompañar a un juzgado o una comisaría para los trámites que tuvieran que hacer.
Esto se venía realizando por parte de los colegios de abogados, instituciones de carácter público en esta materia y con un amplio número de profesionales con formación continuada, sin ánimo de lucro y con un control deontológico por si algún abogado incumplía sus normas. Frente a esto, el Gobierno de Aragón lo ha sacado a concurso para que cualquier entidad que pueda ofrecer este servicio a un menor coste lo pueda llevar adelante, es lo que llamamos la mercantilización del servicio.
Creemos que un servicio tan esencial como es el asesoramiento de carácter jurídico a víctimas de violencia doméstica no puede salir al mercado para que el mejor postor lo pueda llevar adelante. Debe ser algo similar a lo que ocurre con la Justicia Gratuita, esto es, que la Comunidad Autónoma se comprometa a prestar este servicio y tenga un interlocutor que pueda llevarlo a efecto sin este carácter mercantilista y, además, garantizando un número amplio de abogados.
P.- De momento, el servicio se ha sacado a licitación y se ha conocido que no hay aspirantes, ¿a qué cree que se debe?
R.- Desconozco por qué no hay aspirantes, pero los colegios de abogados hemos entendido que participar en este concurso era contradictorio con lo que venimos manteniendo. Esto es un servicio público al que está comprometido el Gobierno de Aragón a través de una ley aragonesa de 2007. En este periodo provisional en el que la DGA va a ver qué hace, nos consta que hay una empresa que presta de forma provisional el servicio de asesoría a la mujer, no las guardias para que un abogado pueda acompañar a las víctimas a cualquier gestión que haya que realizar. La DGA debería reconsiderar su postura y analizar si es conveniente que estos servicios se lleven mediante un convenio, nosotros creemos que sí.
P.- En la profesión existe un cierto temor a la privatización de todos los servicios que gestionan los colegios de abogados, ¿cómo lo ve usted?
R.- El Consejo General de la Abogacía Española nos ha emitido hace poco un informe donde se justifica, desde el punto de vista legal, que este tipo de servicios deberían prestarse mediante un convenio o, a lo sumo, alguna contratación directa, pero no un concurso público. Los abogados nunca han tenido miedo a la mercantilización de los servicios, la esencia de nuestro trabajo habitual es estar sujeto a las normas del mercado, vivimos ofreciendo nuestros servicios y es el cliente el que valora la calidad de los trabajos y quien decide qué abogado quiere tener.
Otra cosa son las obligaciones de la Comunidad Autónoma para prestar determinados servicios, eso ya no es estrictamente mercado sino servicios que, por ley, una Administración está comprometida a prestar. En Aragón había una norma que configuraba una protección integral a las mujeres objeto de violencia doméstica y, como es un servicio que la DGA está comprometido a prestar porque una ley así lo exige, no es una situación de mercado, no procede la mercantilización.
P.- La Comisión de Hacienda de las Cortes aprobó recientemente una modificación presupuestaria por valor de 1,2 millones de euros para Justicia Gratuita, ¿cree que es suficiente?
R.- Creo que es insuficiente, tanto la inicial dotación como esta ampliación, pero tampoco tengo miedo en el sentido de que si se generasen más costes, los debería asumir la Administración autonómica. Es un servicio público y si ha quedado corto en sus previsiones, tendrá que asumirlo tarde o temprano.
Lo que más me inquieta es el diseño que se quiere tener en mente de cómo va a impartirse la Justicia Gratuita porque ahí está el secreto último sobre si las previsiones presupuestarias son suficientes o no y si hace falta alguna dotación mayor.
Tanto la Administración como los colegios de abogados tenemos que ponernos de acuerdo en qué prestaciones están incluidas en el Turno de Oficio y en Justicia Gratuita y ver qué valoración económica hace la Comunidad Autónoma para afrontar estos costes, asumiendo además aquellos internos que genera para los colegios. En esta concreción estamos trabajando con la Administración, esperamos que llegue a buen fin.
Con independencia de estas negociaciones, también cabría solventar problemas estructurales que siempre han existido. Por ejemplo, las leyes que regulan los tipos de juicio establecen como principio general que ningún ciudadano puede ir a una vista oral si no es con el asesoramiento de un abogado para que tenga garantía de sus derechos. Por otro lado, una ley estatal dice qué ciudadanos y en qué supuestos tienen el beneficio de Justicia Gratuita, pero no hay un encaje óptimo entre esta ley y las normas procesales, y eso es la fuente de problemas.
P.- ¿Cuál sería su propuesta para resolver el problema de la financiación de la Justicia Gratuita?
R.- Debería haber un criterio en una norma, si no es estatal por lo menos autonómica, que recogiera el principio del pago universal. Esto es, cada vez que un colegio tenga obligación de designar un abogado para llevar adelante una defensa, si el ciudadano o entidad a la que hay que defender no obtiene el beneficio de Justicia Gratuita, pero tampoco el letrado es resarcido por su trabajo, que lo haga la Administración. Y ésta luego que cobre a ese ciudadano como hace con las sanciones.
Además, reivindicamos unos criterios organizativos entre el Gobierno de Aragón y los colegios de abogados que sean razonables y es que no podemos seguir aumentando la burocracia para gestionar el Turno de Oficio y la Justicia Gratuita. Tenemos que partir de la base de una mutua confianza y deberíamos poder comunicarnos todos los informes de Justicia Gratuita en un soporte electrónico, porque todavía seguimos enviándonos documentación en papel.
Creo que además tiene que haber una convicción de que los interlocutores pretendemos los mismos fines, en definitiva mejorar la Administración de Justicia y dar un mejor servicio a los ciudadanos. Creo que así las conversaciones irán más rápidas.
P.- Desde el colectivo de la Abogacía, ¿qué valoración hacen de la implantación del Papel 0 en Aragón?
R.- En Aragón hemos hecho un esfuerzo muy grande, mucho más que en otras Comunidades Autónomas, para ponernos, en poco más de dos meses, a funcionar en este sistema de comunicación telemática, LexNet. El siguiente paso es poner en funcionamiento el papel 0, que tengamos la documentación de los pleitos en un soporte virtual y ahí es donde encontramos problemas dada la complejidad de llevarlo a efecto.
Yo no me imagino a un abogado yendo a un pleito sin papeles y a un juez resolviendo un procedimiento también de este modo porque tenemos muchos asuntos donde el papel es imprescindible. Imagínese, por ejemplo, procedimientos donde estamos trabajando con planos, con documentos originales o no sobre los que se discute acerca de una firma y un montón de supuestos que cualquiera puede imaginar.
El papel 0 es una cuestión muy difícil de conseguir, lo que sí creo que se debería haber planteado la Administración es, por ejemplo, acabar con el papel en las comunicaciones y notificaciones que se hagan entre tribunales y profesionales, lo que supondría un ahorro de entre un 25 y un 30% del papel que constituye un procedimiento judicial. Empecemos por ahí y vayamos paso a paso.
P.- Este mes de mayo se cumplen tres años desde la inauguración de la Ciudad de la Justicia, ¿qué balance hacen hoy del traslado de los juzgados hasta el recinto de Ranillas?
R.- Hacía falta tener unas nuevas instalaciones para albergar los tribunales, aunque fuese por decoro. Desde un inicio, gran parte de la Abogacía no nos mostrábamos conformes con el traslado por cuestiones que aún siguen pendientes como los medios de transporte, unos medios adecuados, medianamente ágiles y rápidos.
Siempre hubo el problema de que la DGA decía que no era responsable y el Ayuntamiento consideraba que tampoco. Entre unas cosas y otras, los medios de comunicación siguen siendo insuficientes. Por las circunstancias que a mí se me escapan, aunque todos podemos sospecharlas, la Ciudad de la Justicia sigue contando con muy pocos servicios en sus inmediaciones.
