Zaragoza.- Aragón podría acabar el año con un déficit del 2,6%, equivalente a los 929,5 millones de euros. De esta forma, la Comunidad Autónoma no cumpliría el objetivo de estabilidad presupuestaria previsto para 2011 del 1,3% del PIB regional que señalaba el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Así lo ha reconocido el propio consejero de Hacienda y Administración Pública, Mario Garcés, quien ha asegurado, durante su comparecencia en las Cortes, que esta situación proviene de la “caída estrepitosa” de la forma de hacer la política económica y de unas medidas de contención del gasto “insuficientes”.
Esta situación proviene, según ha ejemplificado Garcés, de déficits como con el que cuenta el Salud para finales de este año que va a rondar los 400 millones de euros. No obstante, ha reconocido que el gasto final se situará en torno a los 5.100 millones de euros, lo que, según el Gobierno autonómico, considerando el nivel de avance de la ejecución presupuestaria, los gastos públicos obligatorios “no se pueden ajustar”, dejando un margen de acción “muy reducido” al Ejecutivo. “Lamentablemente no se puede echar marcha atrás, pero es necesario reorientar una situación insostenible e inviable a medio plazo”, ha recalcado el consejero.
Garcés ha detallado a sus señorías que, a 15 de julio de 2011, se han imputado al presupuesto de este año obligaciones precedentes por importe de 229 millones de euros, de los cuales 214 provienen de obligaciones generadas en el Sistema de Salud. Esta situación, en la que las obligaciones de ejercicios anteriores consumen recursos de los presupuestos en curso, exige una corrección a varios años y la adopción de medidas de racionalización del gasto público sanitario para reducir la “brecha” que hay entre los presupuestos sanitarios y los gastos reales de los próximos ejercicios.
En materia de ingresos, el análisis de la situación actual deja dos puntos de interés. Por un lado, según el titular del Departamento de Hacienda y Administración Pública, el “insuficiente” modelo de financiación autonómica y, por otro, la gestión del sistema por parte del Ministerio que “no ha librado de anticipos derivados del Fondo de Convergencia y de los recursos adicionales del nuevo sistema de financiación".
Garcés ha lamentado que el saldo vivo de la deuda en Aragón se ha triplicado en los últimos cinco años, pasando de 1.165 a 3.300 millones de euros. Esto significa, en su opinión, que cada familia aragonesa adeuda 10.000 euros frente a los 3.000 de 2007. “La deuda pública es un tributo diferido que van a pagar nuestros hijos y nietos y va a crecer si las previsiones de ingresos fiscales siguen hasta ahora, por lo que es fundamental adoptar medidas de política económica que relancen las economías española y aragonesa”, ha apostillado.
Después de realizar este amplio análisis, ha aseverado que hay políticas de gasto que “deben consolidarse” como las de sanidad, educación, justicia o servicios sociales, ya que son, a su juicio, para obtener ahorros en esos cuatro ámbitos manteniendo el nivel de calidad de los servicios públicos.
Medidas a tomar
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Garcés ha sido el primero de los consejeros del nuevo Ejecutivo de Rudi en comparecer |
El consejero de Hacienda ha anunciado que el Gobierno que preside Luisa Fernanda Rudi presentará a lo largo de los próximos meses una Ley de Estabilidad Presupuestaria que incluirá la obligación de fijar un techo de gasto. Esta ley tiene una novedad, “exclusiva”, que contendrá un fondo de reserva para prestación de servicios sanitarios y sociales que se nutrirá de excedentes cuando haya superávit presupuestario.
Asimismo, ha resaltado que van a suprimirse las “ayudas inespecíficas” que el anterior Ejecutivo practicaba y que se obligará a todas las Administraciones Públicas receptoras de subvenciones a tomar medidas de contención del gasto.
Garcés también ha afirmado que en los próximos meses va a poner en marcha una estrategia de racionalización del patrimonio inmobiliario que tiene la Comunidad para poder ponerlo en el mercado de adquisición de la manera “más rentable”.
Como una de las medidas administrativas prioritarias para la nueva Diputación General de Aragón está, según el consejero, la supresión de la tasa de provisionalidad que hay en la Administración porque la dotación de plazas “debe de hacerse siempre bajo criterios de mérito y capacidad, porque fuera de esos principios constitucionales no hay nada”.
Finalmente, ha recalcado ante los diputados autonómicos que tiene la voluntad de “intensificar los trabajos de inspección tributaria para combatir el fraude de los tributos gestionados en Aragón. Además, se derogará en 2012 el impuesto de tendidos aéreos y la reducción del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, siempre “observando cómo es la evolución del conjunto de las magnitudes del presupuesto”.
Intervenciones de los partidos
Ya en las interpelaciones, el diputado de IU en las Cortes Adolfo Barrena ha afirmado que no es “sorpresa” que su discurso sea tan liberal porque es de FAES. “¿Liberal como en Reino Unido, Francia, Portugal o Italia?”, ha apostillado.
Para Barrena, lo que hace el consejero de Hacienda es una cierta “incoherencia” y le ha recordado que tiene un socio del anterior Ejecutivo PSOE-PAR. "Hablar de equilibrio entre ingresos y gastos me ha preocupado mucho sobre cuáles son los servicios públicos básicos para el PP. ¿No son las carreteras, el medio ambiente o las aguas?", ha cuestionado.
En este sentido, el diputado de CHA José Luis Soro le ha transmitido que está de acuerdo en la racionalización del gasto corriente y ha recordado que ellos han hecho gestos como renunciar al coche oficial, pero, para él, con eso no se soluciona todo porque "si no actuamos en los ingresos va a ser imposible”. Es por ello que le ha animado a subir impuestos a los que más tienen.
Por su parte, el diputado del PAR Antonio Ruspira ha instado a Garcés a que trabaje siguiendo el pacto de gobernabilidad firmado por populares y aragonesistas porque sino no tendrá el apoyo del PAR. “Habrá que trabajar en la partida de ingresos para que recuperemos la referencia económica del año 2007”, ha apostillado.
La diputada del PSOE Ana Fernández ha defendido que el anterior Gobierno realizaba presupuestos austeros y siempre mirando en los ciudadanos y le ha reprochado que no ha oído ayudas concretas que vayan a favor de la creación de empleo.
Fernández ha asegurado que han pasado tres meses después de las elecciones y “apenas se han movido” para reactivar la economía. “Confío en que se apresuren a actuar y que no esperen varios meses para gobernar, alargando todo con estudios hasta el 20N porque consideramos que no se atreven a poner en marcha los ajustes y recortes”.
Por parte del partido que sustenta el Ejecutivo, PP, el diputado Jorge Garasa, ha aseverado que “por fin tendremos una imagen real” de Aragón “no como con el anterior Gobierno”.
Asimismo, ha reconocido que las pautas de austeridad “son necesarias por duras que parezcan por la fuerte deuda que supone para los aragoneses una hipoteca para el futuro”.
