Zaragoza.- El consejero de Hacienda y Administración Pública, Mario Garcés, ha asegurado que el Gobierno de Aragón tiene “un problema” con el plan Red debido a la deuda que generan tres de los tramos de este proyecto. Garcés ha subrayado que tal y como están formalizados los contratos las obras no se pueden ejecutar debido a la incidencia que tendrían en la contabilidad de las cuentas públicas, que produciría “un incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria”.
Garcés ha querido dejar claro que la Comunidad no puede asumir el déficit que supondrían estos tres tramos y ha planteado la posibilidad de negociar con las empresas adjudicatarias.
Unas palabras con las que no coincide el ex consejero de Obras Públicas en el anterior Gobierno de Aragón, Alfonso Vicente, quien ha defendido la importancia de este proyecto y ha pedido a Garcés que lo analice “bien” y piense qué va a hacer con él.
Vicente ha recordado que la deuda computable asciende a 200 millones de euros, que se repartiría en cuatro años, lo que supondría unos 50 millones de euros anuales hasta el año 2014. Una cifra que supone alrededor del 10% de lo que genera la Comunidad cada año, puesto que “se toman unos 400-500 millones anuales”.
El ex consejero ha subrayado que destinar 50 millones de euros de deuda a mejorar las carreteras “merece la pena” por la creación de puestos de trabajo y la mejoría de la seguridad de las carreteras de la Comunidad. Cree que sería “un error” dar marcha atrás.
Vicente también ha dejado entrever que habría “un problema” con las empresas adjudicatarias si no se llevase a cabo el proyecto porque “tienen los contratos adjudicados y hay un lucro cesante que podrían solicitar y muchos puestos de trabajo que se podrían perder”.
Facturas impagadas
Garcés ha reconocido que la Comunidad tiene unas facturas en materia sanitaria impagadas que ascienden a 240-250 millones de euros y “no tan significativas cuantitativamente como el gasto en sanidad” en dependencia. El consejero ha querido dejar claro que ese gasto habrá que cubrirlo “de alguna manera”.
El consejero no espera que se produzca una situación como en Castilla-La Mancha con la aparición de nuevos impagos no registrados. “Recibimos un regalo mejor”, ha subrayado.
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Garcés ha subrayado que si hay que reducir empresas públicas se hará |
Empresas públicas
El Gobierno de Aragón también analizará durante los próximos meses las empresas públicas de la Comunidad. El objetivo es conocer el resultado de este estudio antes de la segunda semana de noviembre.
Garcés ha subrayado que si hay que reducir empresas públicas se hará, pero no por necesidad sino porque consideran que los entes públicos “tienen que prestar servicios públicos obligatorios”, algo que cree que en algunos casos no es así. “El Gobierno de Aragón tiene muchas participaciones en entidades públicas o de capital público y privado que no ofrecen servicios de interés público general”.
El consejero ha remarcado que los poderes públicos no deben sustituir a la iniciativa privada y sobre esa base “se estudiará cada caso”, analizando la viabilidad de cada una y la situación de personal.
De todas las empresas públicas, “de momento” en esta posible reestructuración no se encuentra Aramón.
Además del estudio de las empresas públicas, la Consejería realizará una auditoría de las cuentas públicas, algo a lo que Garcés ha restado trascendencia. “Cualquier ciudadano que compra una empresa, lo primero que hace es una auditoría para ver cuál es la situación de financiera”.
El objetivo es conocer el estado “fidedigno” de las cuentas públicas y analizar todas las obligaciones que no están contabilizadas para conocer el montante de déficit que habría que adicionar al actual.
