Zaragoza.- Representantes de la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anper) han protestado en la tarde de este viernes frente a la Delegación del Gobierno en Zaragoza para poner de manifiesto su disconformidad con el Real Decreto Ley 14/10, por el que se establecen medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico. Según los manifestantes este Real Decreto Ley supone un “ataque directo” contra los productores fotovoltaicos y un freno en el desarrollo de las energías limpias.
Los afectados han mostrado su decepción con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por haber variado su política energética y han expresado su incomprensión por que éste plasmara en el Real Decreto unas decisiones que han calificado como “abuso de poder que aplica de forma salvaje”. Los manifestantes han reconocido sentirse “engañados y estafados por el Gobierno”
El Real Decreto-Ley 14/10 reduce en un 30% la tarifa regulada por una ley anterior a las más de 55.000 plantas solares de todos los tamaños que hay instaladas en el país. Unas tarifas que fueron publicadas en el BOE y que hicieron que miles de empresas y familias invirtieran en ellas exponiendo incluso todos sus ahorros.
Así, desde Anper se denuncia que, frente a este 30%, a los sistemas eléctricos de régimen ordinario (nuclear, gas, carbón, etc.) se les ha exigido un 3%, por lo que se acusa al Gobierno de “contentar las exigencias de las compañías eléctricas, para las que las plantas fotovoltaicas suponen un actor indeseado en el sistema”.
“Se está castigando injustificadamente a todos, los particulares y empresas que, invirtiendo, lograron hacer de España líder mundial de energía solar y, tal como está, la nueva norma tiene como finalidad hacer fracasar la energía solar en nuestro país, justo lo contrario de lo que presume”, ha criticado con dureza el coordinador de Anper en Aragón, Jorge Edo.
Los pequeños productores han declarado sentirse “desamparados e indefensos” y han asegurado que presentarán una “avalancha” de recursos judiciales contra el Real Decreto. La clave, apuntan, es que es “manifiestamente retroactivo”, poniendo en alto riesgo las inversiones por falta de liquidez pudiendo infligir, además, serias pérdidas de patrimonio.
Desde Anper se critica que el Gobierno haya traspasado “una línea roja de la Ley”, y que legisle para que la fotovoltaica deje de crecer “borrando del mapa las instalaciones existentes que aprovechan limpia y eficazmente el sol que tenemos y sustituyen a los sucios combustibles fósiles que no tenemos”, han explicado al tiempo que han recordado que “gracias a la energía solar, España llegó a situarse en 2008 en cabeza de un mercado mundial de alta tecnología, atrayendo inversiones de todo el mundo”.
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El acto ha sido organizado por Anper |
Ahora, lamentan, Alemania ha recuperado el liderazgo con la instalación en 2010 de más potencia fotovoltaica que nunca ningún país en el mundo, y su apuesta por este tipo de energía junto con los datos de recuperación económica del país teutón revela que “la fotovoltaica no es el problema de nuestra economía ni del sistema eléctrico”. A este respecto, han recordado al presidente que los costes de las primas de todas las energías renovables, no sólo la fotovoltaica, no suman ni la mitad del déficit de tarifa y que si se incluyen en el cómputo los ahorros (en forma de emisiones de CO2 e importaciones de combustibles que se evitan), éstos compensan las primas percibidas.
Finalmente, los manifestantes han hecho suyas las palabras del comisario Europeo de Energía, Günther Oettinger, quien calificó de “inaceptables” y “retroactivas” las medidas aprobadas por el Gobierno español, y avisó de que un recorte de las tarifas con carácter retroactivo podría poner en riesgo los objetivos de la UE en materia de renovables.
Asimismo, han explicado que “con la interposición de los arbitrajes internacionales por parte de los inversores extranjeros, que tienen ese recurso del derecho internacional para defenderse contra la inestabilidad regulatoria de un país, entramos en el club de países que han sido sometidos a arbitraje internacional en el que se incluyen Bulgaria, Georgia, Turquía, Mongolia, Azerbaiyán o Kazajistán”.
