Los afectados por Biscarrués denuncian que el proyecto responde a intereses hidroeléctricos

La Coordinadora Biscarrués-Riglos de Mayo continúa en contra del proyecto del embalse y aseguran que los defensores de esta obra buscan hacerse con las concesiones hidroeléctricas y no salvaguardar los derechos de los regantes. Los empresarios de la zona alertan de que si el proyecto se hace se perderán 300 empleos.

Zaragoza.- La Coordinadora Biscarrués-Riglos de Mayo denuncia presiones de algunos regantes defensores del embalse de Biscarrués que, afirman, buscan hacerse con las concesiones hidroeléctricas, no construir una infraestructura que dé más agua al regadío.

Así lo ha asegurado en rueda de prensa su presidente, Jesús Estachod, quien afirma que “ésa es la madre del cordero” que está detrás del proyecto. “Se está demostrando y va a salir a luz que es un tema hidrológico”, ha aseverado.

El presidente de la Coordinadora asegura, incluso, que se han mantenido contactos con regantes que así lo demuestran. “Han venido a la zona a ofrecer que si a ellos les concedían las concesiones hidroeléctricas se haría partícipes” a los ayuntamientos afectados, ha afirmado.

Una versión que corrobora el alcalde de Biscarrués, José Torralba, quien asegura que en 2004 una comisión de la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón visitó los consistorios de la zona “diciendo que las explotaciones hidroelétricas iban a ser para ellos y que les darían una cantidad a los ayuntamientos”.

El primer edil ha recordado que esto es “totalmente ilegal”, ya que para adjudicar la explotación de un salto hidroeléctrico, primero debe sacarse a información pública y luego a concurso. “Puede ser adjudicatario cualquiera que se presente a ello, no tiene por qué ser para Riegos del Alto Aragón”, ha añadido.

Valoración del proyecto

La Coordinadora Biscarrués-Riglos de Mayo ha hecho esta denuncia en una rueda de prensa en la que también se han presentado los resultados de un trabajo elaborado por el profesor de Economía de la Universidad de Zaragoza, Pedro Arrojo, sobre los costes del proyecto y que también fue llevado ante la Comisión del Agua.

El embalse regulará el río Gállego

Según este informe, donde se ofrecen cinco alternativas al embalse, se desprende que el pantano no responde a criterios de “racionalidad económica”. Su autor calcula que, tras aplicarse la desviación presupuestaria del 30% que se considera “normal” en estas infraestructuras, se necesitará una inversión de 177 millones de euros, “es decir, más de 29.000 millones de pesetas”.

Además, Arrojo calcula que si contabilizan los costes de afección de las actividades turísticas de aguas bravas, el coste aumentaría un 7%.

Para el profesor, esta inversión no es necesaria, ya que estima que el embalse tendría una utilidad mucho menor a la que se dice, de sólo 2,3 hectómetros cúbicos al año, cuando su capacidad inicial sería de 30,8.

Asimismo, alerta de que el pago del canon legal sólo permitiría recuperar un 5,7% de los costes. “Sale cinco veces más caro que la desalación del agua marina. Si se enteran en la Región de Murcia, lo vamos a tener claro para nuestros argumentos contra el trasvase”, ha apostillado.

Con todo, también se ha mostrado convencido de que el futuro embalse no responde a los intereses agrarios de los regantes, “sino que es un salto hidroeléctrico, simplemente”, y ha exigido por ser más “prácticos” a la hora de gestionar las cuentas públicas.

Menos río, menos empleo

Por otra parte, también los empresarios de Murillo de Gállego se han manifestado en contra del proyecto que, aseguran, provocaría la pérdida de 300 empleos y reduciría el negocio de las aguas bravas, principal motor de la zona, en un 50%.

Según ha explicado el presidente de la Asociación Gállego Activo, Gustavo Ortas, con el embalse en marcha sólo podrían utilizarse siete kilómetros del río, mientras que ahora son 22 de los que se dispone.

“Esta locomotora que son las aguas bravas se ve frenada de manera drástica con el pantano”, ha asegurado Hortas, quien lamenta que se pondría en peligro la supervivencia de las empresas, que se han ido consolidando sin apenas ayudas ni subvenciones.